martes, 27 de junio de 2017

CONDENAMOS ASESINATOS EN EL MARCO DE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL

Tras la reciente condena de Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Cáceres, la crisis en la UNAH se ha recrudecido, dejando como saldo actual, 20 nuevas acusaciones penales y paralelamente 20 procesos administrativos, así como la flagrante violación de la autonomía universitaria debido al ingreso y permanencia de policías y militares en sus instalaciones destinados a confrontar, perseguir y reprimir al movimiento estudiantil y a la población universitaria en general, constituyendo una fuente de profunda preocupación e indignación en todos los sectores de la sociedad.

En ese contexto, comparecemos ante la opinión pública nacional e internacional a fin de expresar nuestra preocupación y condenar el lamentable asesinato de Roberto Gómez, padre del estudiante André Gómez quien forma parte de los 20 estudiantes sometidos a procesos penales recientemente en la UNAH, el asesinato de la estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres Rebeca Abigail Torres y las campañas de desprestigio en contra de estudiantes universitarios dirigidas por las autoridades universitarias y difundidas en contubernio con los medios corporativos de comunicación del país.
Roberto Gómez, fue asesinado el  23 de junio, en las primeras horas de la mañana en la ciudad de Tegucigalpa. El día anterior a su asesinato, se apostó frente al Juzgado Penal para acompañar la audiencia inicial en contra de su hijo, criminalizado por ejercer el derecho legítimo a la protesta social en la UNAH. El crimen contra Roberto Gómez, no puede ni debe entenderse como un dato aislado, producto de la criminalidad común, ya que a este le antecede el contexto de criminalización y conflicto en la UNAH y su expreso rechazo y condena de los abusos de poder cometidos por la rectoría de la universidad y las instituciones del sector justicia en el país.

Reafirmamos la exigencia de una investigación real del crimen que conduzca a la justicia y verdad integral para las víctimas y para la sociedad hondureña en general, la cual día a día es enlutada por el elevado número de asesinatos, pero sobre todo, por la impunidad que cobija a los autores no solo materiales, sino también intelectuales de los crímenes selectivos de los cuales están siendo víctima los sectores de oposición.  Condenamos también el crimen en contra de la estudiante Rebeca Abigail Torres, con tan solo 15 años de edad, asesinada el pasado 24 de junio.

Exigimos un alto a los asesinatos y a la brutalidad con la que está respondiendo la rectoría de la Universidad, haciendo uso del derecho penal para criminalizar y pretender desarticular el movimiento estudiantil y exigimos respeto y garantía de los derechos a la protesta social y a la libertad de expresión y asociación en la UNAH. No más luto, no más criminalización.

Coalición contra la Impunidad
San Pedro Sula, 27 de junio, 2017

lunes, 26 de junio de 2017

Summa Cum Laude para Marta Silva

Al intentar pronunciar correctamente esta expresión y sobre todo al descifrarla resulta que no estamos hablando de una mención honorífica, sino de una categoría en el excelso mundo de la academia que en su traducción significa:

grandes alabanzas, o grandes honores y se refiere a excelencia, precisamente, en resultados académicos. Conceptos que estas instituciones educativas crean para quien sabe cuánta cosa. Una quisiera pensar que las reconocidas recibirán becas, trabajos, estímulos merecidos.

Dicho reconocimiento fue obtenido por nuestra compañera Marta Silva, historiadora recién graduada, hija de Marta a quien conocemos harto por su inclaudicable lucha popular. Como la madre, como su hermana Valentina, como sus compañeras de movimiento estudiantil, Marta es rebelde, organizada y actuante con sus ideas. Y al mismo tiempo, pese a las opiniones de las autoridades, que como quien echa sal a una babosa se retuercen de pura mala leche, Marta con otras de las vilipendiadas líderes estudiantiles no son las vagas, vándalas, haraganas, usurpadoras, acarreadas de otros, como insisten en sus también retorcidos medios de comunicación.

A Marta Silva se le negó esta distinción pública, expresando en este acto la increíble capacidad de venganza y saña con la que las repugnantes autoridades universitarias usan de manera desesperada su poder ante la espléndida y probada, según sus propios cánones, inteligencia calificada de una mujer como Marta. Quiénes son entonces las resentidas, quiénes resultan más notorias por su pequeñez y mediocridad.

Sin duda el discurso de la presidencia de la rectoría argumentará problemas disciplinarios, desobediencia, insolencia y esas deben ser sólo algunas de las hermosas características de nuestra compita Marta, a la cual podríamos agregar muchas más. Para encarrilar estos comportamientos intolerables, además de los gases lacrimógenos, los comandos cobras, la cárcel, los juicios y las agresiones variadas, agregan la negación de su bien ganado reconocimiento estudiantil. La rectoría debería escribir manuales para resolver conflictos y dar cátedra en los batallones, seguro tendrían mucho éxito y no faltará quien se los financie.

No sé cuánto le importa a Marta este reconocimiento, y no es por entrar en sus balanzas meritocráticas, pero se lo ganó y se lo deben, ¡Entonces no jodan, y dénselo ¡ Sin duda no será la licenciada Castellanos quien lo haga. Y al no hacerlo, un gran favor le hace y nos hace a todas, mostrar una vez más lo que piensa, y a quiénes le otorgan y niegan honores en esa universidad que es esta sociedad.

El imparable movimiento estudiantil marca rutas claras, poderosas, festivas, insumisas: no negocia por dinero o estatus, no se vende, no se entrega, no abandona a sus compas, no se echa para atrás y crece con la represión en vez de llorar o esconderse, ahora no sólo avanza por reformas y participación estudiantil sino por la expulsión de la rectora, que se tambalea. El movimiento continúa con fuerza, no pide clemencia. Buena escuela para los tiempos que corren y los dictadores que miran.

Desde esta columna le hacemos honores a la historiadora Marta Silva, y su movimiento, no sólo por su esfuerzo de estudiante, no sólo porque otra historia va a contar cuando lo haga, sino por la historia que protagoniza con sus contemporáneas.

Desde aquí, esperanzadas, deseamos que por ella y nosotras su espíritu rebelde no sea cooptado por las burocracias estatales, oenegeras, cooperantes internacionales o académicas que tienen el elixir de la putrefacción asalariada.

Que no se convierta en personajes como los que hoy le persiguen y un día fueron líderes hasta honrosos, que su excelencia sobre los libros y la práctica política se fortalezca y nos continúe enseñando cómo nos toca en este tiempo, y no nos dé tregua para hacer como que no entendimos, que no supimos o que nos confundimos en el andar.
Gracias, Marta.

Gracias estudiantado universitario en lucha.

Melissa Cardoza, junio 2017, a ocho años del golpe de Estado.

#AlertaDefensoras

La imagen puede contener: 3 personas
“La Jarcia”, comunidad indígena Lenca integrante de COPINH

Actividad
Defensa del territorio
Agresiones sufridas

Criminalización
Este martes 20 de junio, diez integrantes de la comunidad “La Jarcia”, establecida desde 2011 en unas tierras ejidales del sector de Wise, enfrentan la audiencia de apertura por un proceso penal por “usurpación” que en 2013 inició contra ellas Domingo Lenin Pérez Reyes, alegando ser propietario de la tierra después de que el alcalde de Intibucá le otorgó la propiedad de manera ilegal, ya que según la ley hondureña las tierras ejidales no pueden ser otorgadas por alcaldes cuando están en zonas rurales. Desde entonces, la comunidad ha sido acompañada por el COPINH.

En febrero de 2016 la comunidad fue desalojada con violencia por el Señor Lenin Perez acompañado por la Policia Preventiva de Intibucá, pero dos días mas tarde las familias regresaron a sus tierras y reconstruyeron sus viviendas. En octubre del 2016 el COPINH en coordinación con el Instituto Nacional Agrario (INA) procedió con un recurso de Amparo de Expropiación forzosa a Lenin Pérez que actualmente está en proceso de ser trasladado al INA con sede en la ciudad de Comayagua.

En la audiencia preliminar las personas criminalizadas fueron informados que podían negociar un perdón expreso con la condición que la comunidad saliera de la tierra. La comunidad decidió no hacerlo ya que la ley de Reforma Agraria establece que cuando una comunidad vive por más de 5 años en la tierra se convierten en dueños de la misma. Al no aceptar el perdón expreso corren el peligro de que el día martes 20 se les declare culpables del delito de usurpación y se les dicte orden de captura y se emita una orden de desalojo.

Las personas judicializadas son: María Virginia Dominguez Vásquez, María Catalina Domínguez Vásquez , María del Rosario Domínguez Vásquez, Juan Manuel Dominguez Vásquez, María Plácida Domínguez Hernandez, María Marcelina Domínguez Vásquez, Raimundo Domínguez Dominguez, Santos Filadelfo Domínguez Vásquez, Oscar Abilio Domínguez Vásquez y José Marcial Domínguez Vásquez.

Desde la IM-Defensoras nos unimos al COPINH en la exigencia del sobreseimiento definitivo de las 10 personas integrantes de “La Jarcia” judicializadas, de que se proceda a la anulación de título en dominio pleno al señor Domingo Lenin Pérez Reyes por haber sido entregado de manera ilícita y de que se proceda contra la administación de la alcaldía de Intibucá 2010-2014 por haber otorgado un título ilegal al susodicho.

ALERTA


#AlertaDefensoras Agreden, detienen y criminalizan a estudiantes de la UNAH-CU durante toma pacífica

 
Genesys Araceli Andino, Karen Giselle Reyes, Gloria Sarahi Mejía, Tiffani Nicolle Zúñiga, Any Raquel Blanco y Tony Jossel Barahona

Actividad: Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC)

Agresiones sufridas:
Detención arbitraria, Uso excesivo de la fuerza, Criminalización

HECHOS – El viernes 16 de junio, agentes COBRA, Policia Nacional y ATIC ingresaron a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH-CU), en Tegucigalpa, y desalojaron de manera extremadamente violenta, incluyendo agresiones y el uso de gases lacrimógenos, a los y las estudiantes universitarias que mantenían una toma pacífica en el edificio de la carrera de Química y Farmacia en solidaridad con 20 estudiantes judicializados de Ciudad Universitaria que ese mismo día se enfrentaban a las audiencias de descargo.

Consecuencia del desalojo las estudiantes Genesys Araceli Andino, Karen Giselle Reyes, Gloria Sarahi Mejía, Tiffani Nicolle Zúñiga, Any Raquel Blanco y Tony Jossel Barahona fueron detenidas y conducidas con esposas y grilletes a la Posta Policial CORE 7. En el día de hoy han quedado libres con medidas sustitutivas, señalándose la audiencia inicial para el viernes 14 de julio de 2017.

Desde la IM-Defensoras condenamos este nuevo ataque contra el derecho a la protesta de las estudiantes hondureñas así como el uso excesivo de la fuerza, la detención injustificada y la criminalizacion de las seis estudiantes detenidas. Exigimos al Estado hondureño que deje de utilizar la criminalización como una estrategia para reprimir e inhibir la protesta social, así como que garantice la seguridad de los y las estudiantes y su derecho a defender derechos.

Finalmente hacemos un llamado a organizaciones e instancias internacionales para que se mantengan al pendiente de la situación.

Comunicado

A los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos
A la Federación de sindicalistas
A la oficina del alto comisionado de los derechos humanos en Honduras de la (OACNUH)
Al mecanismo de protección en Honduras
A la Fiscalía de derechos humanos
A la Comisión Interamericana de derechos humanos
Al pueblo en general 

La coordinadora de organizaciones populares del aguan (COPA), ante el acto público de criminalización y riesgo a la vida desarrollado el día viernes 16 de junio por el señor alcalde municipal de Tocoa Adán Funes Martínez mediante conferencia de prensa en el que responsabiliza al sindicato de tener una campaña se desprestigio contra el y ser los responsables de no permitir que haga proyectos por las demandas de los sindicalistas a la Municipalidad siendo esto un problema para el pueblo. 

Las acusaciones dirigidas contra la presidenta del Sindicato de trabajadores de servicios municipales, comunales y Afines (SITRASEMCA) Isela Juárez se suma a la lista de persecuciones, acusaciones, hostigamiento , amenazas y atentados recibidos por su labor en defensa de los derechos de los trabajadores, el buen funcionamiento con transparencia en la Municipalidad y defensa de los derechos del pueblo . 

La intención del alcalde Adán Funes Alcalde acusar a los sindicalistas pretende confrontar a los activistas que les paga con fondos públicos de la Municipalidad y no trabajan puedan generar agresiones y ambiente hostil en el área de trabajo, acusandolos que por ellos no contrata mas activistas ; así como poner en mayor riesgo del que los ha sometido ante la opinión pública y reacciones del pueblo contra los sindicalistas y así justificar su mal desempeño en una administración irregular según auditoría realizada por el Tribunal Superior de cuentas (TSC)

Los sindicalistas son para ellos un problema ya que hacen su trabajo y no le sirven de activistas, ni tampoco le otorgan las irregularidades, ni intenciones de privatizar el servicio de agua, el seguimiento y promoción de la explotación de minería así como la gran cantidad de empleados activistas contratados sin hacer nada pero si los utiliza al momento de la campaña política electoral, a estos se les conoce como PARACAIDISTAS.

Por lo anterior expuesto exigimos :
1. Una investigación de toda la persecución, amenazas, hostigamiento y violaciones a los derechos de Isela Juárez y miembros del SITRASEMCA y deducir responsabilidad al señor alcalde Adán Funes. 

2. Mayores medidas de protección para Isela Juárez y demás miembros del SITRASEMCA que se sientan en riesgo por el mal trato verbal y sicológico por parte del alcalde Adán Funes.

3. Una auditoría a la administración y ejecución de proyectos en el municipio de Tocoa , compras y contrataciones de personal así como los sueldos de la corporación, jefes y empleados. 

4. Cumplimiento a las demandas laborales y el reintegro de los despidos injustificados así como deducir responsabilidad a los funcionarios públicos que han abusado del poder basándose en que es el pueblo quien ha pagado las demandas.

5. Respetar el derecho de las organizaciones a participar en las instancias municipales para una mayor vigilancia y transparencia en la elaboración de presupuesto y ejecución de proyectos, así como la participación en sermunast que el alcalde se ha hecho dueño y decide todo en una instancia de sociedad civil. 

6. Cumplimiento inmediato a la determinación del mecanismo de protección para el caso de Isela Juárez que tiene medidas por el mecanismo y la Comisión Interamericana de derechos humanos CIDH, MC~50/14

7. Parar con la Criminalización contra los sindicalistas, dirigentes sociales y periodistas solo porque no otorgan los actos incorrectos que desarrolla. 

8. Exigimos a las autoridades de investigación y judiciales la correcta investigación y aplicación de la ley, la justicia así como no retener sentencias laborales para no seguir perjudicando al pueblo. 

Tocoa, Colón 16 de junio del año 2017

ALERTA: DESALOJO A TOMA PACÍFICA EN SOLIDARIDAD CON ESTUDIANTES CRIMINALIZADOS

En estos momentos se realiza desalojo en Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS) a estudiantes universitarios que iniciaron toma pacífica en las instalaciones de la UNAH-VS en solidaridad con los 20 estudiantes judicializados de Ciudad Universitaria ya que hoy se enfrentaran a las audiencias de descargo.

Policía antimotines han ingresado a la Universidad y han comenzado a efectuar el desalojo, y hasta el momento se reporta la detencion del estudiante Daniel Morales.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, hacemos un llamado a las organizaciones de Derechos Humanos nacionales e internacionales para que puedan acompañar a los y las estudiantes universitarias que se solidarizan con sus compañeros judicializados por defender su derecho a la educación pública.

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2017

COMUNICADO ESPACIO ACI ANTE LA CRIMINALIZACION DE LA LUCHA ESTUDIANTIL EN LA UNAH

La Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 28 ONGs internacionales con presencia y trabajo en Honduras, ante la creciente criminalización de la lucha estudiantil, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el fallo condenatorio emitido por la Sala IV del Tribunal de Sentencia contra los estudiantes *Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla*, y ante nuevas acusaciones contra veinte estudiantes universitarios, nos pronunciamos de la siguiente forma:

1. Nos preocupa la creciente persecución y criminalización de estudiantes de la UNAH, que hacen uso de su legítimo y constitucional derecho a la reunión y manifestación. Perseguirles penalmente mediante el Ministerio Público y la actuación reciente de la Sala IV del Tribunal de sentencias, sólo muestra que el sistema de justicia ha abandonado los principios del derecho penal que manda a actuar de forma objetiva y perseguir únicamente los crímenes más graves y que generan grave impacto social, por lo tanto, es un deber del Estado desjudicializar los conflictos sociales.

2. Igualmente preocupa la desigualdad en el acceso a la justicia, pues observamos celeridad y debida diligencia del Ministerio Público para la criminalización de los estudiantes, en tanto cuando de la tutela y protección de derechos se trata, ocurre lo opuesto, primando la impunidad ante actos de uso excesivo de la fuerza por agentes de seguridad estatales y de la seguridad privada universitaria, practicada en varios desalojos violentos. Esa misma impunidad es una constante en la investigación de graves crímenes contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.

3. El uso de tipos penales para la persecución de los estudiantes como la usurpación, la sedición, la manifestación ilícita, violentan estándares internacionales de Derechos Humanos, suscritos y ratificados por el Gobierno de Honduras en diferentes tratados y convenciones, y no deberían nunca utilizarse, menos por una institución que debería ser conocedora per se de esos estándares y ejemplo de prácticas democráticas en sus recintos académicos.

4. En 2010, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay,recomendó al Estado de Honduras, revisar y derogar la legislación nacional que fuera incompatible con las normas internacionales. Se refirió específicamente a las figuras penales de sedición, manifestación ilícita y otras que afectan el derecho a la libre expresión. Contrario a esto, se ha agregado nuevos tipos penales que violentan derechos humanos, como el artículo 335 y 335b del código penal sobre terrorismo por protesta, o la aplicación indebida de tipos penales como usurpación y privación arbitraria de la libertad, etc. con grave restricción a derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

5. En este contexto de graves violaciones a los Derechos Humanos, los estudiantes universitarios son estigmatizados, perseguidos y amenazados. Algunos han tenido que abandonar sus estudios, incluso otros, han tenido que salir del país por consideración a los graves riesgos que esta criminalización y amenazas les han traído. Hasta ahora el Estado no ha investigado en absoluto sus denuncias.

6. OACNUDH emitió un comunicado expresando “…su grave preocupación por el fallo emitido por el delito de usurpación…” el que en diferentes ocasiones, públicamente y ante diferentes autoridades han manifestado su oposición a la utilización de ese tipo penal, pues en el contexto de criminalización de la protesta social, solo agrava la violación de estándares y compromisos jurídicos internacionales que el Estado hondureño ha contraído. OACNUDH también expresó de manera clara y contundente su preocupación por la lamentable falta de cumplimiento de la UNAH al compromiso contraído con los estudiantes organizados en el MEU el año pasado para la suspensión de la acción penal incluidos en los puntos segundo y tercero del acta firmada en julio de 2016. El resultado ahora es la condena a tres estudiantes.

7. Nos sorprende y alarma el Comunicado emitido el día 8 de junio de 2017 por la UNAH donde desconoce e intenta deslegitimar la importante labor de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, ignorando su mandato de observar e informar sobre la situación de los derechos humanos y de asesorar a las autoridades hondureñas en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para promover y proteger los derechos humanos. Siendo testigos de la invaluable función que realiza OACNUDH en nuestro país, respaldamos y nos solidarizamos con su representante y equipo técnico, a la vez que llamamos a la cordura a las autoridades universitarias.

8. Como agencias que trabajamos por los derechos humanos y el desarrollo en Honduras nos oponemos a toda forma de violencia, pero en el caso de las reuniones y manifestaciones estudiantiles consideramos que la criminalización se contrapone con derechos que la constitución reconoce y limita la búsqueda de soluciones Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH.

III. Al Congreso Nacional, le reiteramos nuestra solicitud de descriminalizar aquellos delitos que distintos organismos internacionales de derechos humanos han señalado son incompatibles con los estándares internacionales suscritos por Honduras e incluidos en nuestra propia Constitución Política.

IV. Llamamos a la comunidad internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que se pronuncien en relación a la creciente y peligrosa criminalización de la protesta estudiantil y social en Honduras.

Dado en Tegucigalpa a los doce días del mes de junio de dos mil diecisiete.
pacíficas, especialmente en un centro donde debe prevalecer el diálogo, el debate de ideas, la construcción colectiva y la solución participativa de los conflictos.

RECOMENDAMOS:
I. Abrir un diálogo público al más alto nivel entre las autoridades de la UNAH y los estudiantes, con facilitación de prestigiadas instituciones internacionales relacionadas al sector educación como la UNESCO o la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL).

II. Instamos a las autoridades de la UNAH, el Ministerio Público y los Tribunales de la República a ser receptivos a recibir la asesoría especializada de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH.

III. Al Congreso Nacional, le reiteramos nuestra solicitud de descriminalizar aquellos delitos que distintos organismos internacionales de derechos humanos han señalado son incompatibles con los estándares internacionales suscritos por Honduras e incluidos en nuestra propia Constitución Política.

IV. Llamamos a la comunidad internacional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que se pronuncien en relación a la creciente y peligrosa criminalización de la protesta estudiantil y social en Honduras.

Dado en Tegucigalpa a los doce días del mes de junio de dos mil diecisiete.

PRONUNCIAMIENTO

Desde la Plataforma de movimientos sociales y populares ante el fallo de la sala IV del tribunal de sentencias de Tegucigalpa, que el día 7 de junio condenó a los estudiantes Cesario Padilla, Sergio Ulloa y Moisés Càceres acusados por el delito de usurpación, nos manifestamos: 

Reconocemos a los tres estudiantes como nuestros compañeros de luchas y sueños por un país con educación libre, gratuita, democrática y laica por la que se han organizado y actuado en un movimiento estudiantil que en los últimos años nos ha enorgullecido a todas y todos los que pertenecemos a diversos movimientos sociales

Como luchadoras y luchadores sociales elevamos nuestra voz de indignación por la persecución, criminalización y amenaza de coartar la libertad personal de dichos jóvenes estudiantes universitarios que encarnan altos valores de justicia y dignidad para nuestro país, desde un sistema judicial que sirve a la clase política hondureña y deja en la impunidad a los corruptos que destruyen la institucionalidad pública ante los ojos de la ciudadanía.

Condenamos la criminalización y persecución con la que el poder judicial en contubernio con las autoridades universitarias ha desatado en los últimos años en contra las y los estudiantes universitarios teniendo como exceso de su autoritarismo la condena a prisión contra los compañeros mencionados.

Condenamos la falta de cumplimiento de las autoridades universitarias a los acuerdos de un supuesto diálogo en el que algunas de nosotras y nosotros participamos con la intención de encontrar salidas a los conflictos actuales de la Universidad Nacional. Es obvio que una condena como la que han hecho contra los compañeros tiene el propósito de amedrentar a la organización estudiantil universitaria, y no la democratización de la que tanto hablan y que pertenece a la institución educativa propiedad del pueblo hondureño.

Como Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras recibimos la condena contra los compañeros como una evidente prueba de los avances autoritarios y violentos que los sectores vinculados al autoritarismo gubernamental están realizando ante quienes luchamos por la emancipación de nuestros derechos, el delito de usurpación no corresponde a la acción de los estudiantes sino a la saña institucional que pretende usar esta condena como ejemplo ante la acción organizada estudiantil.

Llamamos a las personas organizadas y no organizadas a reflexionar, tomar posición y actuar ante esta situación que como tantas otras en los últimos años nos muestran que sólo la lucha colectiva instalará en este país la justicia como la única forma de vida posible para todas y todos.

Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras

09 de junio de 2017.

ALERTA: NIEGAN RECONOCIMIENTO DE EXCELENCIA ACADÉMICA A MARTHA CANALES SILVA, MILITANTE DEL MEU

En las graduaciones de hoy la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) de manera arbitraria no reconoció con la mención honorífica "Cum Laude" a la estudianta Martha Alejandra Canales Silva, a pesar de ser previamente informada que lo recibiría ya que si cumplía con todos los requisitos.

Condenamos que una institución como la UNAH, que se jacta de la excelencia académica de sus estudiantes niegue el reconocimiento a una de ellas, en un acto directo de injusticia y abuso de poder.
Exigimos a las autoridades universitarias cesar de criminalizar a quiénes tan valientemente luchan porque se mejore la calidad en la educación y pueda ser verdaderamente pública.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de junio de 2017



viernes, 9 de junio de 2017

EXIGIMOS RESPETO AL EJERCICIO DE LA PROTESTA SOCIAL EN LA UNAH


La imagen puede contener: 16 personas, personas sentadas e interior














Comparecemos ante la opinión pública y la comunidad nacional e internacional para expresar nuestra preocupación e indignación por el reciente fallo condenatorio pronunciado por la Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, en contra de los estudiantes universitarios Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario Alejandro Félix Padilla.
Los hechos por los cuales se emitió este fallo de culpabilidad demuestran el afán de las autoridades universitarias, encabezadas por la Rectora Julieta Castellanos, de criminalizar la protesta social y de impedir o limitar el desarrollo de la organización estudiantil en la UNAH. Persiguiendo con estas acciones cercenar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de las y los estudiantes.

Al producirse esta sentencia condenatoria en contra de los tres estudiantes, es claro que la Rectora incumple el acuerdo del 20 de julio de 2016, mediante el cual la UNAH asumía el compromiso de conciliar o desestimar las acciones penales en contra de las y los estudiantes criminalizados. Evidenciando con este proceder la actitud confrontativa de las autoridades universitarias y el clima de restricción de derechos y libertades que se vive en la máxima casa de estudios superiores.

En este contexto, nos sorprende que las autoridades de la UNAH hayan divulgado el día de ayer en horas de la tarde un comunicado en el cual, con argumentos de supuesto cumplimiento de la legalidad pretenden justificar el marcado interés que han demostrado en la persecución penal de los tres estudiantes enjuiciados y condenados; y en el cual expresan graves e infundados señalamientos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras.

Reconocemos el meritorio papel que la OACNUDH desempeñó en la crisis institucional del 2016, y condenamos que las autoridades universitarias cuestionen la comprensión de los hechos y la utilización del concepto de protesta social de conformidad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que utiliza la Oficina del Alto Comisionado, llegando al extremo de expresar que este proceder de la OACNUDH “puede conducir a hacer apología a la violencia…”; demostrando con este discurso un tratamiento agresivo e irrespetuoso de las relaciones con los organismos internacionales, y el sesgo antidemocrático que les caracteriza cuando se cuestionan sus actuaciones.

Hemos sido observadores del abuso y autoritarismo y de las violaciones a la autonomía universitaria y a los derechos humanos ejecutados por las autoridades de la máxima casa de estudios, ante esto advertimos que sus acciones pueden derivar en procesos legales en su contra, los cuales interpondremos oportunamente ante instancias nacionales e internacionales.

Nos mantenemos vigilantes ante la criminalización que también están sufriendo los veinte estudiantes universitarios(as), acusados por el supuesto delito de daños y estamos convencidos que este y los otros procesos penales y disciplinarios en contra de estudiantes, lo que evidencian es la incapacidad de las autoridades de la UNAH para solucionar los conflictos a través de un diálogo permanente y democrático con todas las y los actores involucrados.

Denunciamos que la seguridad privada contratada por las autoridades universitarias y pagada con fondos públicos, es uno de los instrumentos utilizados para generar vigilancia, intimidación, tortura psicológica, y en general un clima de hostilidad y violencia en contra de la comunidad estudiantil.
Reiteramos nuestro reconocimiento y apoyo a la labor que desempeña la Oficina del Alto Comisionado en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país.

Asimismo, respaldamos la valiente lucha que libran los y las estudiantes en la UNAH, y continuaremos dando nuestro apoyo y acompañamiento como organizaciones defensoras de derechos humanos.

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de junio 2017

COALICION CONTRA LA IMPUNIDAD
ARTICULACION 611

jueves, 8 de junio de 2017

Nota de Prensa

El día jueves 8 de junio del presente año 2017, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con el acompañamiento del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), realizó el foro “Caso Berta Cáceres”, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Dicho foro se enmarca en la lucha que el COPINH junto al MADJ y otras organizaciones realiza por la exigencia de justicia en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, en la denuncia de los actores económicos que han participado en este crimen; y al mismo tiempo para denunciar el actual gobierno dictatorial y represivo que entrega los territorios y los bienes comunes de la naturaleza.
 
En el foro participaron Berta Zúniga Cáceres, coordinadora del COPINH, junto a Gaspar Sánchez y Asunción Martínez también miembros de la coordinación general. Una de las observaciones que realizaron los directivos es la instrumentalización que están haciendo los medios de comunicación corporativos del caso de Berta al pronunciarse en términos noticiosos de la exigencia del esclarecimiento del asesinato, pero sin evidenciar las auténticas demandas desde el COPINH, con lo cual dicho por Berta Zúniga Cáceres: "Utilizan el nombre de la compañera Berta Cáceres como algo que se vende. (el caso) Es abordado de una manera vacía y de nuevo viene a posicionar (ante la opinión pública) al COPINH como revoltosos y vandálicos, no ven cuales son las demandas que están detrás de esas consignas, gritos y de los actos de movilización". 

La política de criminalización responde a la práctica de justificar y legalizar los procesos de represión en el país como lo demuestran las actuales reformas que se han dado al Código Penal que pone a defensoras y defensores de Derechos Humanos en grave riesgo, ya que todas las luchas se resuelven con la criminalización. Sin embargo, para los procesos en donde se exige el cumplimiento al respeto de los derechos fundamentales no hay respuesta efectiva, como ha pasado en este proceso que a pesar de las exigencias del equipo legal para acceder plenamente a la información, el Ministerio Público continúa manejando secretividad.

En relación a este proceso hay que destacar que se han sometido ocho personas a juicio, cuatro de ellos autores materiales del crimen y cuatro intermediarios, los autores intelectuales materiales no han sido investigados pese a la petición que el equipo legal ha presentado de investigar a la familia Atala y su relación con los detenidos, la empresa Desarrollos Energéticos S.A DESA y las Fuerzas Armadas de nuestro país.
 
El COPINH mantiene su propuesta de que sea una comisión Independiente rectorada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue el caso, petición que no ha sido tomada en cuenta por los entes de justicia con lo que se evidencia la poca voluntad política para el esclarecimiento de este tan repudiable crimen.

Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras continuamos demandando la participación activa del COPINH en la investigación, desde el equipo legal, y de esta forma llegar a los autores intelectuales responsables del crimen de nuestra hermana y compañera Berta Cáceres. Reafirmamos nuestro compromiso de acompañamiento al COPINH y sus acciones de lucha.


Tegucigalpa, 9 de junio de 2017.


NUESTRA SOLIDARIDAD Y ACUERPAMIENTO A AURA LOLITA CHÁVEZ


Aura Lolita Chávez del Consejo de Pueblos Ki’che’ (CPK) sufrió nuevamente una agresión junto a dos compañeras de lucha, Gabriela Cruz y Rosa Gallardo, el 7 de junio del 2017 por parte de hombres armados, luego de identificar que unos taladores transportaban madera sin autorización.


Como Red Nacional de Defensoras nos solidarizamos con Lolita Chávez quien ha acompañado a comunidades del Quiché en su lucha por proteger los bosques.

Toda nuestra solidaridad y acuerpamiento espiritual con Lolita, Rosa y Gabriela.

Esperamos que el Estado Guatemalteco de respuesta y proteja la vida y la integridad física de nuestras compañeras.

martes, 6 de junio de 2017

COPINH:

La imagen puede contener: 1 persona, textoLlamado a las organizaciones nacionales e internacionales. Audiencia preliminar Caso Berta Cáceres.

Este miércoles, 7 de junio, se estará desarrollando en Juzgado Primero de Letras de la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, la audiencia preliminar de unos de los casos más trascendentales en el campo de los derechos humanos de América Latina de los últimos tiempos: Caso Berta Cáceres.

Luego de dos suspensiones de las audiencias debido a que la evidencia probatoria de las imputaciones no había sido entregada a ninguna de las partes del proceso judicial, se realizará dicha audiencia en medio de numerosas irregularidades que ha experimentado la investigación totalmente acaparada por el Ministerio Público.

Esta audiencia tiene como objetivo la formalización de las acusaciones contra cuatro de los ocho detenidos al día de hoy: Mariano Díaz Chávez (Mayor de la Fuerzas Armadas), Sergio Rodríguez (Gerente Técnico y Ambiental de la empresa DESA), Douglas Bustillo (Exjefe de Seguridad de la empresa DESA) y Elvin Heriberto Rápalo (supuesto sicario)

La demanda de la acusación privada que representa a COPINH y a la familia de Berta Cáceres tiene como objetivo dar una mirada más abarcadora a la imputación de la que presenta el ministerio público y así demostrar que el asesinato no es un hecho aislado que se consumó por intereses particulares, sino que forma parte de un ataque sistemático dirigido a COPINH y a quien fungía como coordinadora general.

Este crimen forma parte de un plan de desestabilización a la organización que articula estructuras criminales en las que se entremezclan empresa privada, agentes del Estado, organismos financieros internacionales y sicariato criminal.

Es importante recalcar que a un año y tres meses del vil asesinato de la compañera Berta Cáceres Flores y a pesar de la fuerte denuncia nacional e internacional y la movilización permanente, la acusación del ministerio público está llena de falencias e irregularidades, que ahora se conocen con la apertura de una parte de los expedientes y con la asistencia a las anteriores audiencias.

El COPINH hace un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales para acompañar en la denuncia y acción esta audiencia que forma parte de un proceso de un proceso lleno de irregularidades que pueden llevar el caso a la impunidad.

¡Con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Mota, Iselaca y Etempica se levantan nuestras voces
 llenas de Vida, Justicia, Libertad, Dignidada y Paz!

Dado en La Esperanza, Intibucá a los 5 días del mes de junio.


ACUERDO DE DUELO

Noemí, amiga y compañera de la Red Nacional de Defensoras hoy te enviamos nuestros abrazos sororarios y sinceros ante la pérdida de tú tan querida madre.



lunes, 5 de junio de 2017

#28 de Mayo

El #28Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) presentamos el video “Nuestro cuerpo, nuestro primer territorio”.

El video busca hacer visible el quehacer de las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) en la región mesoamericana y el contexto y riesgos que enfrentan debido a ello; a través de la voz de cinco destacadas defensoras de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua.