La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDH)
presentó el jueves 3 de mayo el informe ''Defender para Vivir'' sobre
la situación de las defensoras de derechos humanos y las agresiones que
enfrentaron las defensoras durante el 2016
y 2017.
En la presentación del Informe la Coordinadora de la RNDDH Yessica
Trinidad hizo mención a que el informe ''Defender para vivir'' es más
que un informe de agresiones a defensoras de ddhh, para la RNDDH
significa dos años de acompañamiento político, comprometido,
seguro, efectivo, feminista y cercano a las realidades de las
defensoras que por el ejercicio de su labor en defensa de la vida
enfrentan amenazadas, persecución , judicialización y criminalización
por quienes deberían de impartir justicia en este país.
Uno de los hallazgos del informe es que la violencia contra las
defensoras se ha profundizado, evidencia de ellos, es que entre 2016 y
2017 se registraron 5 asesinatos, tres de ellos hacia mujeres travestis y
lesbianas y dos hacia mujeres indígenas, sumado
a esto, solo en el año 2017 se registraron 29 intentos de asesinatos
contra defensoras, tal como lo manifestaron las defensoras Liana Funes
junto con Melissa Cardoza en la presentación del informe “Llama
poderosamente la atención, porque sabemos que el asesinato
de Berta Cáceres fue significativo para abrir un espacio a la
desvalidación y deslegitimación de la vida de las defensoras en su
amplia concepción” en Honduras existe una institucionalidad que se ha
articulado para sostener un sistema de impunidad en el que
ni los autores materiales ni intelectuales paguen por estos crímenes
cometidos.
Según el informe, de entre las mujeres defienden la vida hay cuatro
grupos que están siendo fuertemente atacadas, en primer lugar y con una
mayor cantidad de agresiones son las defensoras de la tierra, el
territorio y bienes comunes de la naturaleza, incluidas
en ese grupo un gran numero de mujeres indígenas. En segundo lugar
quienes defienden el derecho a la educación, defensoras que han tenido
repercusiones fuertes que van desde la expulsión del centro
universitario, amenazas de muerte y encarcelamientos, agresiones
en las que articulan una serie de perpetradores como las autoridades
universitarias, guardias de seguridad privada, Fuerzas policiales y
militares, hasta compañeros de sus propios movimientos. Y en tercer
lugar, las mujeres que defienden el derecho a defender
derechos y seguidas quienes defienden el derecho a una vida libre de
violencia, que denuncian constantemente el aumento en los femicidios.
Sin embargo, la defensa de derechos no se aisla una de la otra, ya que
tal como lo menciona el informe, las defensoras
han llegado más allá, van de su lucha especifica y se conectan con las
otras luchas y diversos territorios.
Entre los dos años del registro conocimos de 561 agresiones en el primer
año y 671 en el segundo, de los cuales 10 ataques fueron
institucionales para cada año, 414 en 2016 y 518 en 2017 fueron
agresiones colectivas, 137 en 2016 y 143 en 2017 fueron agresiones
individuales.
Otro dato interesante son las agresiones en contra de mujeres que
defienden el derecho a la información y libertad de expresión quienes
2016 se contabilizaron 8 agresiones, mientras que en el 2017 fueron 9 lo
que en total suma 17 agresiones a las defensoras
que están en la denuncia permanente contra quienes vulneran sus
derechos.
Las conclusiones de este informe señalan que el Estado es el articulador
de las diferentes agresiones al utilizar sus instituciones como por
ejemplo la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Oficina
Administradora de Bienes Incautados (OABI),
juzgados a nivel local y a nivel departamental, jueces y juezas que no
dan celeridad a las denuncias de las defensoras siendo todo lo contrario
cuando se presentan querellas que empresarios interponen en contra de
las defensoras y luego están los perpetradores
directos donde encontramos una articulación fuerte entre policía
preventiva, policía militar en donde también entra la seguridad privada y
el crimen organizado.
El informe también señala en una de sus conclusiones que las defensoras
reciben violencia de diversas formas, la más común es la misoginia que
esta presente en todos los espacios y actores, en la familia,
comunidades, empresas y aunque poco se habla de esto
también y muy marcada dentro de sus mismas organizaciones políticas y
articulaciones, y que sólo podemos comparar el despojo de los
territorios con lo que sucede con los cuerpos y los anhelos de las
mujeres.
¡Defendiendo el Derecho a Defender!
