Dos
mujeres se enfrentan a la policía durante las protestas contra la
explotación petrolífera en el parque nacional de Yasuni, en agosto de
2013. Foto / JUAN CEVALLOS/AFP/Getty ImagesINFORME
05 de Noviembre, 2015 / 01:20pm
De
izquierda a derecha las activistas: Cristina Auerbach (México), Lina
Solano (Ecuador), Esperanza Martínez (Ecuador). Foto / EFE
Las
defensoras de la tierra en Latinoamérica denuncian que se les está
violando el derecho a la protesta y a la libertad de expresión ante la
CIDH . Foto / EFE
Rafael
Correa durante la presentación de los avances de la explotación
petrolífica en Yasuni en noviembre de 2014. Foto / JUAN
CEVALLOS/AFP/Getty Images
Cuando
le preguntan qué siente por la tierra, Esperanza Martínez, una mujer
que ha regalado su vida a la defensa de la naturaleza, recita sin prisa
la siguiente frase: “los seres humanos somos tierra que camina”.
Pero
como si las palabras no alcanzaran a definir esa conexión, ese respeto
por su territorio, continúa, mientras aligera la voz, “me remite a la
naturaleza y, en ese sentido, a la mezcla de seres –de nosotros– como
parte de las culturas”.
Esta ecologista que, desde hace más de 25 años, defiende y promueve losderechos de las comunidades en contextos de agresión ambiental en Ecuador, no duda de la razón por la que, a pesar de las agresiones que ha recibido, continúa su lucha.
El Yasuní es una de las reservas con mayor diversidad del mundo y, al decir de Martínez, de las más apetecidas por las empresas extractivas debido a las inmensas cantidades de petróleo que
subyace bajo los campos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT),
situados en la cuenca alta del río Napo, tributario del Amazonas.
La
riqueza que se aloja en su interior se complementa con la vida de los
seres que se arrastran, vuelan, caminan, nadan y respiran. Alrededor de
150 especies de anfibios, 121 de reptiles, 596 de aves, 200 de
mamíferos, 500 de peces y 4.000 de plantas, aguardan allí, junto con dos
pueblos en aislamiento voluntario de Ecuador, los tagaeri y los
taromenan que, según la ecologista, “se internaron en la selva virgen a
inicios de los setenta”. Época en la que se inició la exploración y
futura explotación petrolera en el país.
En
el paraíso verde del Yasuní todavía habitan seres místicos. Hombres,
mujeres y niños que respetan el poder de la naturaleza y reconocen el
territorio virgen como su casa. Para ellos, este lugar significa la capa
más delicada, más natural. La que los protege y les manda señales de
vida, de crecimiento, de cambio; la que revitaliza sus grietas y se
alimenta del agua y de caricias constantes; la que confía en su entorno y
cosecha para ellos, sus habitantes; la que es libre.
Por
recordar a la sociedad su valor, Martínez se ha convertido,
lamentablemente, en uno de los casos emblemáticos en el universo de
hostigamientos y estigmatizaciones contra defensoras de la naturaleza
por parte de quienes ejercen el poder.
De
izquierda a derecha las activistas: Cristina Auerbach (México), Lina
Solano (Ecuador), Esperanza Martínez (Ecuador). Foto / EFE
“No
explotar hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní” o “mantener el
petróleo bajo tierra”, han sido sus defensas y las de la organización
Acción Ecológica que, en varias ocasiones, ha recibido agresiones por
mostrarse en desacuerdo ante proyectos de explotación de minerales en
Ecuador.
“Desde su participación como asesora en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente empezó a ser objeto de comentarios y manifestaciones privadas y públicas hostiles por parte de los más altos funcionarios del Ejecutivo,
en particular, del Presidente de la República”, denuncia el informe que
conoció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el
pasado 23 de octubre, a través de la audiencia número 50 del Periodo
Ordinario de Sesiones número 156.
Durante
la sesión, seis defensoras de los derechos de la mujer y la tierra
–Diana Murcia (Colombia), María Paz Becerra (Chile), Perla Álvarez
(Paraguay), Esperanza Martínez (Ecuador), Lina Solano (Ecuador) y
Cristina Auerbach (México)–expusieron ocho casos de criminalización paradigmáticos que, supuestamente, denuncian patrones de agresión por parte de sus Estados y varias empresas extractivas.
Según
el informe, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha hecho alusión a
Esperanza Martínez con diversas frases injuriosas e insultos como
“ecologista infantil”, “fundamentalista”, “argolla” o “tranquera”. Por
su parte, el Vicepresidente de la República la calificó públicamente
como “la mentirosa del año”.
Las
defensoras de la tierra en Latinoamérica denuncian que se les está
violando el derecho a la protesta y a la libertad de expresión ante la
CIDH . Foto / EFE
Como
señala Amnistía Internacional, “en respuesta a la acusación de que se
está criminalizando el derecho a la protesta", el Presidente también ha
declarado: “basta de engaños, basta de hipocresías, son criminales
protestando y debe aplicárseles la ley”.
En
el caso de Martínez, lejos de corregir insultos, “la respuesta
institucional se ha concretado en intentar cerrar la organización
(Acción Ecológica), llevando a cabo operaciones de inteligencia ofensiva
y elaborando organigramas en los que se presenta a esta líder como una
delincuente”, sostiene el informe.
“Creemos
que es muy importante que se escuche qué es lo que está pasando, porque
existe una especie de fantasía sobre un país donde se respetan derechos
y, aparentemente, se lanzan propuestas en defensa de la naturaleza. Sin
embargo, lo que hemos reportado es que vivimos una profunda agresividad en contra del medio ambiente y sus defensores”, denuncia Martínez.
Por
su parte, la activista ecuatoriana Lina Solano, miembro del Frente de
Mujeres Defensoras de la Pachamama (FMDPM), asegura que “los procesos de
criminalización, la persecución judicial y la violencia son una
situación bastante fuerte en mi país, sobre todo durante este Gobierno”.
Solano
denuncia que, cada vez más, se restringen los derechos y que “en este
momento no hay garantías mínimas para la libertad de expresión, de
opinión, e inclusive para el derecho a la resistencia”.
Esta activista y otras defensoras han enfrentado varios cargos por robo y obstaculización de la vía pública, debido a sus protestas en contra de proyectos extractivos de minería de empresas como ExplocCobres.
Hace
unas semanas Solano denunció que, “fuerzas de seguridad del Presidente
Rafael Correa golpearon y arrastraron a un grupo de mujeres, incluida
yo, por mostrar una pancarta que decía: 'minería responsable, cuentos
miserables', durante un evento en la provincia de Azuay, donde el
Gobierno impulsa un megaproyecto de la minera China Junefield”.
De
esta manera, según Martínez, “evaluar los casos y las agresiones que
nos ocurren individualmente en un contexto de incremento de violencia y
hacerlos visibles a nivel internacional, resulta un avance en la lucha
por los derechos de las mujeres”.
El informe,
que se titula “Modalidades de criminalización y limitaciones a la
efectiva participación de mujeres defensoras de derechos ambientales,
los territorios y la naturaleza en las Américas”, expone “una mirada de
los impactos diferenciados por motivos de género que, hasta ahora,
ningún estudio sobre violencia contra defensores de la tierra había
propuesto”, explica Diana Murcia, abogada del Fondo de Acción Urgente
Para América Latina (FAU-AL), quien se encargó de constituir el
documento, en alianza con doce organizaciones más.
Murcia
sostiene que “los casos son de alta gravedad y están categorizados en
tres escenarios de criminalización: judicialización, hostigamiento y
estigmatización”.
“En mi equipo de trabajo un hombre nunca se ha planteado que lo puedan violar sexualmente mientras se dirige de noche a la mina. Yo sí”
El
caso de Cleofe Neyra y Elizabeth Cunya, miembros de la Asociación de
Mujeres Protectoras de los Páramos (AMUPPA) en el norte de Perú, expone,
por ejemplo, ladiscriminación y el abuso sexual por parte de guardias privados de la empresa minera Río Blanco Copper, según indica Murcia.
La
abogada indica que Neyra y Cunya fueron secuestradas en agosto de 2005,
junto con 26 manifestantes más, por las fuerzas de seguridad de dicha
empresa minera, la cual, desde 1994, afecta a la región de Piura con sus
proyectos de exploración de cobre. “Durante cinco días, no tuvieron
comida, ni agua”.
“Nos
golpearon repetidamente con sus puños y botas, y apretaron mis pechos
con tanta fuerza que sentí que me iba a desmayar”, relata Neyra.
Según
sus denuncias, las amenazaron con violarlas, mientras les contaban
fantasías de lo que iban a hacer con ellas. Desde ese momento, miembros de su comunidad, en lugar de protegerlas, las culpan y rechazan por haber participado en dichas manifestaciones, según afirma Murcia.
Las
mujeres AMUPPA han recibido amenazas de violación y muerte. “Con
piedras, palos y gritos, en el camino a casa o al pueblo. Por teléfono o
en persona, la cotidianidad de estas líderes está ligada a la amenaza
permanente sin que ninguna autoridad tome medidas efectivas para su
protección”, denuncia el informe.
Rafael
Correa durante la presentación de los avances de la explotación
petrolífica en Yasuni en noviembre de 2014. Foto / JUAN
CEVALLOS/AFP/Getty Images
Perla
Álvarez, miembro de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de
Mujeres Trabajadoras Rurales (CONAMURI) de Paraguay, hace hincapié en
que la criminalización, además de poner en riesgo la vida de las
mujeres, “altera el entorno familiar y las relaciones con la comunidad,
por ese rol que nos otorga la sociedad de cuidadoras”.
Esta líder enfatiza en que las diferentes formas de violencia tienen marcados unos rasgos de género.
“En el caso de la judicialización, por ejemplo, se hacen acusaciones
basadas en la vida privada sexual de las defensoras para desacreditar su
lucha”.
Ese
sesgo de género, según Álvarez, “debe ser diferenciado en los informes
de los organismos internacionales que defienden los Derechos Humanos,
con el fin de que se contemplen formas especiales para la protección de
las defensoras”.
Cristina
Auerbach, de la Organización Familia Pasta de Conchos de México,
coincide con Álvarez. Resalta, por ejemplo, el hecho de que las
defensoras viven con temor constante a ser agredidas sexualmente.
“En
mi equipo de trabajo –sostiene– un hombre nunca se ha planteado que lo
puedan violar sexualmente mientras se dirige de noche a la mina. Yo sí”.
“considerar la resistencia de proyectos de diversa índole como delito, constituye una forma de castigo social que viola los derechos constitucionales”
Según
Auerbach esta situación hace que las activistas se sitúen de manera
diferente frente a los conflictos. “La violencia sexual –puntualiza– nos
obliga a vivir bajo un agregado de estrés”.
Hasta
la fecha, no se conoce una cifra exacta de las mujeres que en el marco
de conflictos de carácter socio ambiental sufren criminalización. Sin
embargo, “en 2012, la iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos
Humanos registró un total de 414 agresiones en México, Honduras, El
Salvador y Guatemala”, agregó Auerbach. “De ellas, casi 40 por ciento
trabajan en la defensa de la tierra”, añade.
La
resistencia a la explotación de recursos o a la construcción de
infraestructuras es “una conducta que las autoridades estatales y
empresas asocian a la ilegalidad”, según el informe, que alerta sobre
dos casos urgentes en Chile y México.
Millaray
Huichalaf, líder chilena de los indígenas mapuche, ha sido arrestada en
varias ocasiones por defender su territorio, supuestamente amenazado
por la Central Hidroeléctrica Osorno. Durante sus capturas, según
fuentes próximas a la chilena, “ha primado el uso excesivo de la fuerza,
lo que ha producido impactos psicológicos tanto en ella, como en su
hija de tres años”.
Bettina
Cruz, activista indígena de la comunidad Binnizá en México, defiende el
territorio y los recursos naturales de los pueblos ikjoots y binnizá de
los intereses privados que buscan instalar generadores de energía eólica sin hacer una consulta previa.
“En razón a esto, ha sufrido amenazas, intento de asesinato y
criminalización”, indica Cristina Auerbach, quien añade que, “entre las
campañas de discriminación que han sacado en su contra, resalta la
siguiente: “como mujer debería estar en casa y no causando problemas y
conflictos”.
Esta
conducta se repite en varios casos, según la abogada, en los que las
defensoras son neutralizadas de sus capacidades por vías de aparente
legalidad (uso de la fuerza por funcionarios públicos, procesos
judiciales o administrativos).
Murcia
agrega que “considerar la resistencia de proyectos de diversa índole
como delito y como delincuentes a sus líderes, constituye una forma de
disciplinamiento y castigo social que viola los derechos
constitucionales”.
El
informe también constató que, “los Estados hacen uso indebido del
derecho penal para entorpecer las luchas de las activistas”. Por tanto,
recomienda “adoptar una metodología efectiva para investigar a fondo
todas las amenazas y ataques”.
La
solicitud más urgente que estas defensoras hicieron a la CIDH, consiste
en que “se exija a los Estados garantizar el derecho a la protesta y a
la libertad de expresión de las activistas, en tanto que no deben
permitir que sus funcionarios abusen de la fuerza para reprimir y
criminalizar a las líderes”.
Al
final de la audiencia, los comisionados de la CIDH James Cavallaro y
José de Jesús Orozco destacaron que el informe “da cuenta de una óptica
distinta y permite resaltar nuevos elementos en la situación de las
defensoras” y que, además, “aporta información para un documento
particular que preparan sobre el uso indebido del derecho penal para
criminalizar a las y los defensores de derechos humanos”.
