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lunes, 11 de septiembre de 2017

PRONUNCIAMIENTO ANTE LAS AGRESIONES Y ENCARCELAMIENTO DE LAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

 Ciudad de Tegucigalpa (lunes 11 de septiembre).- 

Los y las Directores de las siguientes organizaciones: la Juventud por los Derechos Humanos, la Asociación LGTBI Arcoíris de Honduras, Centro de Desarrollo Humano, Asociación Kukulcán, Colectivo Violeta, Movimiento de mujeres Visitación Padilla, Casa Alianza, el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus familias (CPTRT), la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), Red de Nacional de Defensoras, el Comité por la Libertad de Expresión (C-LIBRE), Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU), Red Cozumel Trans, y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Red de instituciones por los derechos de niñez y juventud(COIPRODEM), El Observatorio Ecuménico Internacional de Derechos Humanos, Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEMH), Comité de Derechos Humanos (CODEH) manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que: 


 1. Condenamos las violaciones de derechos humanos ocurridas, el día viernes 8 de septiembre, donde miembros de la Policía Nacional, bloquearon los accesos a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y prohibieron la presencia e impidieron la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos que impidieron la orden de desalojo a las y los estudiantes que se encontraban en huelga. 

2. Ante dicha situación, como representates de organizaciones defensoras de derechos humanos, nos apersonamos en las instalaciones de la UNAH, con el propósito de prevenir violaciones de derechos humanos a las y los estudiantes y demás personas presentes. 

3. Durante la agresión pública en el desalojo, se reportó que la Policía Nacional utilizó gases pimienta; entre otros actos de violencia; y, uso excesivo y desproporcionado de la fuerza contra las y los estudiantes y defensores de derechos humanos. Ese mismo día, fueron 26 personas detenidas (22 estudiantes y 4 defensoras y defensores de los cuales 

3 fueron procesados), siendo todas y todos heridas, algunas de ellas hasta el día de hoy, siguen presentando problemas de salud y daños psicológicos, como resultado. 

4. Aclaramos que las detenciones y encarcelamiento de las y los defensores de derechos humanos, fueron ejecutados de manera ilegal, bajo el uso indebido de tipos penales, sin orden de captura y sin procedimientos judiciales, dejando sin garantía e indefensión el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

5. Hacemos de conocimiento a la Policía Nacional, Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, a la Rectoría de la UNAH, y demás órganos estatales involucrados, que, frente a las violaciones de derechos humanos ocurridas, nos declararnos en ALERTA PERMANENTE, por lo que, se conformará un equipo de abogados y abogadas para ejecutar las acciones legales en contra de los violadores de derechos humanos aquí mencionados. 

6. Consideramos que: valoramos el apersonamiento del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) sin embargo, condenamos el posterior abandono a las personas defensoras, demuestra su falta de compromiso y demás funciones constitucionalmente atribuidas, 

7. Que tanto la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, la Sub Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección General de Mecanismos de Protección, debieron de examinar de oficio, lo ocurrido en el marco del desalojo de la UNAH, al no hacerlo queda demostrando que no cumplen con su rol de garante de derechos humanos. 

8. Denunciamos y condenamos el impedimento de la acción judicial correspondiente a las juezas ejecutoras de la exhibición personal, lo que denota un claro irrespeto al Poder judicial sumiso al Poder Ejecutivo 

9. Exigimos al Estado de Honduras a responder sus obligaciones internacionales de adoptar mecanismos para garantizar el estricto apego a los principios generales de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza en estos contextos. 

10. Ante tales hechos, EXIGIMOS que con la misma contundencia en que se ha enjuiciado a las y los defensores y estudiantes, la destitución de los cuatro oficiales Leonel Sauceda y los Oficiales Aguilar y Colindres; y, otros involucrados, quienes son culpables de las violaciones de derechos humanos ocurridos. Así mismo, EXIGIMOS, a la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional, su suspensión inmediata. 

11. Ante la crisis de derechos humanos que vive el país, acordamos constituirnos en una MESA PERMANENTE, y que en dicho marco, desarrollaremos acciones nacionales e internacionales ante el derecho de las y los defensores a defender. 

12. Por lo tanto las organizaciones de derechos humanos DEMANDAMOS a. La inmediata destitución del Ministro de Seguridad y la investigación pertinente para la sanción que corresponda 


b. La inmediata destitución de la Rectora de la UNAH y deducción de responsabilidades, 
c. El sobreseimiento definitivo de las y los defensoras de derechos humanos y estudiante, desestimando las acusaciones por carecer de sustento. 

13. Reiteramos a la población hondureña el llamado para continuar por la lucha de sus derechos, sin que, estas acciones de crimen y odio, detengan las reivindicaciones sociales. 

14. Denunciamos, que organizaciones no gubernamentales, asumen de forma irregular e irrespetuosa, la representatividad de los organismos de derechos humanos, por ello, desautorizamos a: ASJ, APJ, y FOPRIDEH para que se presenten como tales. 

15. Denunciamos que, ex miembros del 316 continúan dominando en la Policía Nacional y por lo tanto, DEMANDAMOS su destitución. 

16. Solicitamos a la Cruz Roja Internacional, veeduría para constatar las agresiones, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de defensoras y defensores de derechos humanos para elevar las denuncias que correspondan.

martes, 5 de septiembre de 2017

#AlertaDefensoras

CONTINUA LA PERSECUCIÓN CONTRA LA DEFENSORA MIRIAM MIRANDA

Hoy, 5 de septiembre del 2017,  a las 12:30 del mediodía se presentaron dos agentes de la Dirección de Policía de Investigación, uno de los cuales portaba un arma automática, a las oficinas de OFRANEH ubicadas en la comunidad de Sambo Creek llevando una citatoria judicial en contra de Miriam Miranda, quien no se encontraba en el lugar, ante lo cual los agentes expresaron que librarían orden de captura en su contra.
Esta es la segunda vez que un evento de este tipo se hace en contra de la defensora, y en el contexto de lucha de OFRANEH y el país, condenamos la  persecución judicial  en su contra y contra su organización a partir de las denuncias interpuestas por Patrick Forseth y Randy Jorgensen.

Cabe recordar que este es un patrón reiterado en los casos de reconocidas dirigentas populares como es el caso de Miriam Miranda quien pese a su reconocimiento nacional e internacional sigue siendo objeto de persecución para coartar su activismo como defensora de su pueblo y territorio.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condena enérgicamente estos actos y responsabiliza al estado hondureño y sus poderes por agresiones en contra de Miriam Miranda y la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH).

Instamos a las organizaciones nacionales e internacionales a condenar la persecución contra la Defensora y su  organización y a estar vigilante del desarrollo de esta acción de hostigamiento.

Tegucigalpa, 5 de septiembre de 2017

lunes, 3 de abril de 2017

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras rechaza campaña de difamación contra el COPINH y el Padre Ismael Moreno

El informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras publicado por la CIDH el año 2016, señala que los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blanco de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas.

Otro informe denominado “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos” advierte que en muchas ocasiones esa criminalización es precedida por declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos y que los y las defensoras pueden ser objeto de declaraciones o pronunciamientos en los cuales se les acusa de la comisión de delitos sin existir procesos en curso o decisiones judiciales que así lo determinen.




Por eso no nos sorprende pero si preocupa enormemente, la campaña que pretende vincular al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), organización miembra de nuestra Red, con más de dos décadas de lucha en defensa de los bienes comunes y derechos del pueblo Lenca, y al Padre Ismael Moreno, “Padre Melo”, de reconocida trayectoria en defensa de los derechos humanos y director de Radio Progreso y el Equipo de Reflexión e Investigación y comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ), con actividades ilícitas como el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.

La difamación y el desprestigio han sido utilizados en los últimos años por los grupos de poder, para destruir la credibilidad de los defensores y defensoras que con compromiso se atreven a denunciar todos los atropellos, la persecución y la criminalización de la que son víctimas quienes hacen resistencia en los territorios, defendiendo y protegiendo a la sociedad hondureña.

Por eso desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, rechazamos contundentemente esa campaña que buscan privarles del legítimo derecho a defender derechos, porque desde nuestra experiencia acompañando a defensoras en riesgo, reconocemos que es una estrategia intimidante y desmovilizadora.

Hacemos un llamado urgente al estado hondureño para que de inmediato garantice la seguridad individual y colectiva de los compañeros y compañeras del COPINH y del Padre Ismael Moreno, atendiendo las recomendaciones de la CIDH que le recuerdan su obligación de “proteger a las y los defensoras y defensores cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques, y tomar las medidas que sean necesarias para que puedan desarrollar su trabajo sin obstáculos ni riesgos”.

Manifestamos nuestro total respaldo y solidaridad con los y las compañeras y sus organizaciones, por su reconocido trabajo en la defensa de los Derechos Humanos.

Tegucigalpa M.D.C., 30 de marzo de 2017

jueves, 9 de marzo de 2017

COMUNICADO DE PRENSA 7-Marzo-2017

La imagen puede contener: 9 personas, personas sentadas e interior

A más de un año del asesinato de la lideresa indígena y feminista Berta Cáceres reiteramos el repudio ante este crimen político y la responsabilidad del Estado hondureño por la falta de avance en la investigación de su caso, así como de otras defensoras y defensores de organizaciones que hacen frente a los proyectos de despojo y muerte en el país.

Las amenazas y hostigamiento a organizaciones se han acrecentado, bajo el conocimiento y displicencia del Estado hondureño que no toma acciones oportunas para garantizar su vida. Global Witness evidenció que desde el 2010 a la fecha han asesinado 120 personas por su trabajo de defensoría.

El 28 de febrero de 2017 Suyapa Martínez, en calidad de representante del CEM-H fue notificada de la demanda entablada por la Empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA) por “supuestas informaciones inexactas y perjudiciales” para DESA.

Como movimiento feministas, organizaciones populares y defensoras de derechos humanos reconocemos que esta acción se suma a la persecución y criminalización contra defensoras y defensores que denuncian y hacen frente a la violencia e injusticia que se consuma en las diferentes comunidades de Honduras.

La demanda hacia el CEM-H es posterior a varias denuncias que esta 
organización feminista ha realizado, como:
Las reformas al Código Penal que criminaliza la libertad de expresión y el ejercicio del derecho a la protesta.

El incumplimiento del Estado a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ante la 65 sesión del Comité CEDAW de las Naciones Unidas en Ginebra.

La falta de asignación presupuestaria a programas gubernamentales para trabajar contra la violencia hacia las mujeres.

Suyapa Martínez es integrante propietaria ante el Mecanismo de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, espacio en el que ha realizado múltiples cuestionamientos sobre dicho mecanismo.

Comparecencia ante la CIDH por el Mecanismo Nacional de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
Denuncia del femicidio de Berta Cáceres.

Las organizaciones firmantes exigimos:
Cese a la persecución de defensoras y defensores de derechos humanos, y la utilización del sistema de justicia para callar la voz y el trabajo de organizaciones que defienden la vida y hacen frente a las injusticias que se cometen en Honduras.

El Estado levante el secretismo de la investigación del caso de Berta a sus familiares y sus representantes, que se identifique y condene a todos los responsables físicos e intelectuales del asesinato.

Desestimación inmediata de la demanda dirigida hacia Suyapa Martínez y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H).

Que el Estado hondureño garantice la seguridad de activistas y organizaciones comprometidas en la defensa de derechos humanos como dictan las diferentes convenciones suscritas por Honduras.

Finalmente mostramos nuestra solidaridad y respaldo hacia Suyapa Martínez y el CEM-H ante esta injusticia y demandamos se garantice la seguridad de todas las integrantes de la organización.


Organizaciones firmantes:
1. Centro de Derechos de Mujeres (CDM)
2. Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H)
3. Tribuna de Mujeres contra los Femicidios
4. Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
5. Movimiento de Mujeres por la paz Visitación Padilla
6. Asociadas por lo Justo (JASS)
7. Organización Lésbica Feminista Cattrachas
8. Plataforma 25 de Noviembre
9. Ecuménicas por el Derecho a Decidir.
10. Plataforma Somos Muchas
11. Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM)
12. Red de Trabajadoras Domésticas
13. Centro de Estudios y Acción para el Desarrollo de Honduras (CESADEH)
14. Organización de Mujeres Socialistas Las Lolas
15. Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT)
16. Articulación de Mujeres Vía Campesina Honduras
17. Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA)
18. Centro de Educación y Prevención en Salud Sexualidad y Sida (CEPRES)
19. Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)
20. Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre)
21. Grupo de Sociedad Civil (GSC)
22. Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
23. Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ)
24. Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD)
25. Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna
26. Centro de Investigación y Promoción de los Derechos (CIPRODEH)
27. Foro de Mujeres por la Vida
28. Foro Nacional para la Migración en Honduras (FONAMIH)
29. Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras
30. Coalición contra la Impunidad
31. Movimiento Madre Tierra/Amigos de la Tierra Honduras
32. Asociación para una vida mejor de personas infectadas/afectadas por VIH/SIDA en Honduras (APUVIMEH)
33. Red Comal
34. Asociación Calidad de Vida.
35. Asociación LGTB Arco iris
36. Frente Amplio del COPEMH
37. Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEU)
38. Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)
39. Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH)
40. Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH)
41. Centro Hondureño de Promoción para el Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC)
42. Consejo Nacional de Mujeres Cooperativistas (CONAMUCOP)
43. Consejo Civico de Organizaciones Populares e Indigenas de Honduras (COPINH)
44. Red de Mujeres de la Colonia Cruz Roja
45. Red de Mujeres de la Colonia Ramón Amaya Amador.
46. Colectivo Josefa Lastiri.
47. Red de Mujeres de Ojojona.
48. Red de Mujeres de Santa Ana.
48. Asociación Nacional de Escritoras de Honduras.
49. Centro Nacional de Trabajadores del Campo de Honduras (CNTC).
50. Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans.
51. Mesa Coordinadora de Cooperativas de Viviendas del Sur de Honduras

martes, 7 de febrero de 2017

ALERTA DEFENSORAS

HONDURAS - ESTADO ESPAÑOL 03/02/2017

En la madrugada del domingo 4 de febrero, varios individuos agredieron físicamente a la pedagoga y defensora hondureña Arely Victoria Gómez tras haberla insultado por razón de su identidad de género. Como resultado del ataque la defensora sufrió lesiones en varias partes de su cuerpo y tuvo que ser ingresada en un Hospital.
Cabe destacar que los hechos acaecieron en Madrid (Estado Español), donde la defensora se encuentra en calidad de refugiada debido a las amenazas de muerte y agresiones padecidas en Honduras por su trabajo en defensa de los derechos de las comunidades LGBTTTI y de las personas que viven con VIH/SIDA.
Desde la IM-Defensoras condenamos enérgicamente este ataque y exigimos a las autoridades del Estado Español que de acuerdo con la solicitud de la Plataforma por los Derechos Trans, se actúe en consonancia con lo previsto en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
Nos preocupa especialmente que el ataque se haya producido contra una defensora que se vio obligada a desplazarse de su lugar de origen y de su entorno y que, por tanto, se halla expuesta a una situación de mayor vulnerabilidad. Más aún considerando la diseminación global de las actitudes intolerantes y de odio contra las personas LGBTTTI, lo que nos impele a insistir sobre la necesidad de diseñar medidas de protección con carácter integral que atiendan de manera efectiva a las circunstancias específicas de cada caso.
 
La imagen puede contener: 1 persona

miércoles, 1 de febrero de 2017

Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental Desde 2010, más de 120 personas han sido asesinadas en Honduras por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente.

No hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras.

Según la investigación de Global Witness, desde 2010 han muerto más de 120 personas. Las víctimas eran personas corrientes que se opusieron a las presas, las minas, la tala o la agricultura en sus tierras y murieron asesinadas por fuerzas del Estado, guardias de seguridad o asesinos a sueldo. Muchos otros han sido amenazados, atacados o encarcelados.

Alan García (en la foto principal), de 17 años, sobrevivió a una bala que lo alcanzó en el pecho. Estaba protestando contra una presa hidroeléctrica en la tierra de su comunidad cuando el ejército abrió fuego. Su padre murió asesinado a tiros en el mismo ataque.

Tres años más tarde, en 2016, la destacada activista ambiental Berta Cáceres fue asesinada por manifestarse en contra de la misma presa.

Berta Caceres in the Rio Blanco region of western Honduras

En marzo de 2016, hombres armados irrumpieron en plena noche en casa de la activista ambiental Berta Cáceres y la mataron a tiros

¿Quién es responsable de estos asesinatos?

Tras dos años de investigación sobre quiénes son los responsables de estos asesinatos, podemos poner de manifiesto que los proyectos que son la causa de los conflictos están vinculados con las élites ricas y poderosas del país, entre ellas algunos miembros de la clase política.

En nuestra investigación se sacan a la luz acuerdos ilegítimos, sobornos y delitos que se utilizan para imponer proyectos y acallar a la oposición. Además, analizamos detenidamente cómo Estados Unidos está financiando a las fuerzas estatales de Honduras, que son responsables de algunos de los peores ataques.

Más información aquí : https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/ 



miércoles, 28 de diciembre de 2016

#AlertaDefensoras

HONDURAS / Amenazas y hostigamiento contra integrantes de los Consejos Indígenas de Nueva Esperanza, San Isidro Labrador y Santiago Apostol. 

Integrantes de los Consejos Indígenas de Nueva Esperanza, San Isidro Labrador y Santiago Apostol están siendo víctimas de hostigamiento y amenazas por parte de personas vinculadas al Alcalde de Santa Elena, Santos Ventura, quienes se adjudican la propiedad de las tierra donde estan asentadas las comunidades.

Según información difundida por Front Line Defenders, el pasado 7 de diciembre, Ana Mirian Romero, Roberto Gómez, María Felicita López y Rodolfo Vasquez, recibieron amenazas de muerte. Cabe destacar que todas estas personas cuentan con Medidas Cautelares (MC589/15) otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También la Red Nacional de Defensoras de DDHH en Honduras ha alertado sobre el hecho de que en la noche del miércoles 14 de diciembre, integrantes de las comunidades fueron informados de una reunión convocada por el Gobernador René Melgar, el alcalde de Santa Elena y el director del INA, Raúl Bulnes, con pobladores y pobladoras del Consejo Indígena Santiago Apostol para comunicarles que se les va a suspender el proceso que han iniciado desde hace varios años para constituir El Volcan como comunidad, a pesar de la documentación que tienen donde consta que se trata de territorio nacional.

Desde la IM-Defensoras condenamos los actos de amenzas y hostigamiento contra quienes ejercen su legítimo derecho a defender el territorio y exigimos al Estado hondureño que cumpla con su obligación de garantizar la seguridad de las personas integrantes de las comunidades de Nueva Esperanza, San Isidro Labrador y Santiago Apostol.

Asimismo, hacemos un llamado a organizaciones e instancias internacionales para que se mantengan al pendiente de la situación.

jueves, 22 de septiembre de 2016

¿Qué dice el informe “Situación de derechos humanos en Honduras” de la CIDH sobre las Defensoras y defensores de derechos humanos?

Defensoras y defensores de derechos humanos y operadores de justicia



Durante la visita, la Comisión recibió información sobre la persistencia de ataques, amenazas, hostigamientos y presuntas criminalizaciones contra líderes y lideresas sociales, y defensoras y defensores de derechos humanos. Adicionalmente, continuó recibiendo información sobre los desafíos que enfrentan las y los operadores de justicia en el desempeño de sus labores.


a.      Defensoras y defensores de derechos humanos

 Violencia

Los defensores y las defensoras de derechos humanos en Honduras son blancos de ataques por parte de aquellas personas que han sido señaladas como responsables de violaciones a derechos, o bien, de sectores y grupos que tienen intereses opuestos a sus causas. El riesgo a perder la vida o padecer un daño a la integridad, ha ocasionado que un número importante de defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras cuenten con medidas de protección otorgadas por parte de  la Comisión que requieren implementación por el Estado hondureño.

La Comisión observó con preocupación las cifras presentadas por el Comité de Familiares Desaparecidos en Honduras (COFADEH), según las cuales desde 2010 habrían 3064 criminalizaciones, como resultado del uso indebido del derecho penal para amedrentar a defensores y defensoras16. Según COFADEH, en los últimos 5 años, 14 defensores y defensoras de derechos humanos habrían sido asesinados siendo beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH, entre las que se encontraría la medida MC 196-09 que tuteló a miles de personas en el marco del golpe de Estado en Honduras. En este sentido, la Comisión ha condenado públicamente los asesinatos de defensores de derechos humanos quienes serían beneficiarios de medidas cautelares, tales como Orlando Orellana en el año 201417 y Héctor Orlando Martínez en el año 201518. En ambos casos, en sus observaciones al proyecto del presente informe, el Estado manifestó que la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida ha realizado varias diligencias, incluyendo diligencias administrativas y la ubicación de personas que pudieran tener conocimiento de los hechos para contribuir a esclarecer el móvil de sus muertes19. Asimismo, respecto a defensores y defensoras en general, habrían 22 asesinatos; 2 desapariciones; 15 secuestros; 88 casos de robos de información y 53 sabotajes a los vehículos donde se transportaban20.

En el transcurso de la visita organizaciones de la sociedad civil presentaron información a la Comisión sobre lo que describen como represión y persecución política de la que serían víctimas las defensoras y los defensores de derechos humanos en todo el país, en particular las y los defensores de comunidades y pueblos indígenas en relación con la defensa de su territorio (para mayor información ver sección de pueblos indígenas y afrodescendientes).

La CIDH también ha recibido información respecto a la situación de defensores de derechos humanos que se dedican a la protección de recursos naturales, quienes estarían siendo objeto de actos de violencia, hostigamiento y amenazas de muerte producto de su labor como defensores de derechos humanos del medio ambiente. En estas circunstancias, el 28 de septiembre de 2015, la Comisión Interamericana adoptó medidas cautelares a favor de Kevin Donaldo Ramírez y su familia, en vista que estarían enfrentando reiteradas amenazas y actos de violencia, a raíz de las actividades de Kevin Donaldo Ramírez como líder comunitario y ambientalista21.

La Comisión recibió asimismo información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y/o estatales a través de tipos penales como “incitación a la violencia” para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales. Dichos problemas se agudizarían en lugares en los cuales existen conflictos por la propiedad de las tierras tales como la Ceiba y el Bajo Aguán, que fueron visitados por la Comisión. En este contexto, la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta Cáceres, coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica.

Por otro lado, la Comisión recibió información sobre la situación de varios líderes sindicales que serían criminalizados u objeto de vigilancias y seguimientos tanto a sus personas como a sus núcleos familiares, con el objeto de amedrentar e inhibir su desempeño y como consecuencia lograr el desmantelamiento de las organizaciones sindicales, ello en el contexto de una supuesta precarización del empleo22. La Comisión recibió información de un líder sindical cuyo hijo de 18 años “estuvo desaparecido” fue “amarrado y luego tirado”. Otro sindicalista indicó que desconocidos ingresaron a su casa, golpearon a su esposa y a sus hijas y las dejaron amarradas. “Esta es una acción de terror y de miedo que están haciendo en todas las organizaciones sindicales para desmantelarlas”, indicó. En este contexto, la Central Nacional de Trabajadores de Campo (CNTC) enfrentaría el procesamiento de 78 de sus integrantes23.

Asimismo, miembros del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH) han sido y continúan siendo víctimas de amenazas e incluso asesinatos, motivo por el cual la CIDH solicitó el otorgamiento  de medidas cautelares a su favor en el 201524. Mediante comunicado de prensa, la CIDH condenó el asesinato de Héctor Orlando Martínez, representante de SITRAUNAH, ocurrido el 17 de junio de 2015 en la comunidad de Piedra Parada, Monjará y urgió al Estado a investigar y esclarecer las circunstancias en que ocurrió este hecho, y en su caso, identificar y sancionar a los responsables25. El señor Martínez era beneficiario medidas cautelares solicitadas por la CIDH desde el 19 de mayo de 2015. Según la información recibida, el Sr. Martínez era objeto de amenazas y actos de hostigamiento con el fin de que abandone su trabajo como  líder sindical26. Asimismo, respecto a la situación que estarían enfrentando los miembros de SITRAUNAH, el 27 de mayo de 2015 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares para Donatilo Jiménez Euceda, en vista que desde el 8 de abril de 2015 se desconocería el paradero o destino del líder sindical. En estas circunstancias, la Comisión fue informada que el ex Presidente de SITRAUNAH, seccional del CURAL, habría manifestado que su vida e integridad personal corría peligro durante el período antes de su presunta desaparición27.
En relación con las mujeres defensoras, cifras del 2012 indican que Honduras ocupó el segundo lugar por agresiones a defensoras de derechos humanos en la región que abarca México y Centroamérica, con 119 agresiones28. De estas agresiones, 95 fueron contra defensoras de la tierra y los bienes naturales29. Una defensora de derechos de las mujeres en La Ceiba afirmó a la CIDH “somos pocas y por eso estamos tan expuestas. Todos saben dónde encontrarnos”30. Otra manifestó “soy presidenta de la defensa de tierras, será por eso que a mí me mandan a amenazar?”31 Según la información recibida, el 62% de los perpetradores habrían sido agentes estatales, porcentaje seguido de empresas privadas32. La información recibida también indica que entre el 2002 y 2012 se reportaron más de 684 casos  de judicialización contra defensoras en 23 juzgados en 15 departamentos del país33.

Los defensores y defensoras de las personas LGBT también enfrentan un contexto  de violencia que se agrava por las actitudes estereotipadas y discriminatorias  contra este grupo. En el Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la CIDH destacó la gran cantidad de información recibida sobre asesinatos, amenazas y criminalización de las actividades de defensores y defensoras de las personas LGBTI en Honduras34, así como sobre la ausencia de un enfoque diferenciado para la investigación de las violaciones de sus derechos humanos. Asimismo, en el informe Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado, la CIDH constató la profundización de  la  discriminación y situación de riesgo en contra de miembros de la comunidad LGBT en Honduras35. La Comisión recibió múltiples denuncias sobre las violaciones de las cuales son objeto defensores y defensoras de los derechos de las personas LGBT quienes constantemente serían sometidos a agresiones y hostigamientos por parte de grupos que intentan hacer prevalecer una discriminación estructural en su  contra a través de la violencia, además —según se denunció— en varias ocasiones serían objeto de detenciones arbitrarias por parte de la policía nacional, presuntamente por atentar contra “la moral y las buenas costumbres”. Una mujer trans defensora indicó a la CIDH “en Honduras se criminaliza por el simple hecho de ser trans, por ser defensora, por ser parte de esta sociedad”. La CIDH nota con preocupación  que  la  gran  mayoría  de  medidas  cautelares  para  la  protección de defensoras y defensores LGBT adoptadas por esta Comisión buscan proteger la vida e integridad personas de defensoras y defensores LGBT en Honduras