En el marco de la comemoración del asesinato de los 3 indígenas tolupanes Maria MATUTE, Armando Funez y Ricardo Soto, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia invita a las jornadas de lucha:
- El día jueves 25 de agosto realizaremos un plantón y conferencia de prensa en las afueras del ministerio publico de San Pedro Sula, exigiremos cese la venta de nuestro territorio, justicia para 3 Indígenas Tolupanes asesinados en 2013 y respeto al derecho de decidir que tienen las comunidades.
- El día viernes 26 de agosto realizaremos una movilización con el pueblo indígena Tolupan, el punto de encuentro es alas 9am en las instalaciones del instituto de conservación forestal en el municipio de Yoro.
[Hechos] Qué motiva estas jornadas y breve reseña de la lucha del pueblo tolupán. Continúa la impunidad a 3 años del asesinato de indígenas tolupanes
La tarde del domingo 25 de agosto de 2013 los sicarios Selvin Matute y Carlos Matute, gendarmes privados defensores de los intereses de las empresas mineras que clandestinamente extraen Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa, se dedicaron a disparar contra una manifestación de resistencia tribal que se desarrollaba en el caserío San Francisco Campo, en predios pertenecientes a la tribu tolupan. Las y los indígenas indefensos no opusieron resistencia, pero las balas asesinas acabaron con la vida de tres tolupanes.
Efectivamente, las vidas de María Enriqueta Soto, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto fueron brutalmente arrancadas para siempre. Se trata de tres indígenas tolupanes muy queridos en la tribu San Francisco de Locomapa, dos hombres y una mujer humildes cuyas vidas habían sido entregadas a los oprobios a que década tras década les condenaban los empresarios de la madera que han pasado por la zona con el visto bueno de las autoridades forestales de Honduras.
¿Cuáles fueron las razones de los asesinos para acabar con sus vidas? Negarse a continuar siendo explotados y humillados, negarse a continuar viendo como salen las riquezas naturales de la tribu sin que la población autóctona se beneficie plenamente de lo que es suyo. Por eso callaron sus voces, por eso aniquilaron sus cuerpos; pero sus clamores de justicia retumban en las montañas de San Francisco y en todo el pueblo Tolupán que grita en ellos y desde ellos pidiendo justicia para los más de 100 indígenas tolupanes asesinados sin que haya un solo asesino castigado por la ley.
El 25 de agosto de 2016 asistimos a 3 años de tan vil asesinato y la justicia no acaba de hacerse realidad. Los asesinos continúan en la zona desplazándose por la tribu San Francisco, amenazando y amedrentando a cuanto indígena humilde encuentran en su camino. Los carros cargados de broza de Antimonio continúan saliendo de la tribu y a pesar de que se trata de una explotación clandestina y que los vehículos que la transportan tienen que pasar forzosamente por dos postas policiales, éstas nunca se dan cuenta que se trata de una explotación ilícita que se realiza por mandato de empresarios criminales tan responsables del asesinato de tolupanes como lo son los sicarios Selim Eliezar Fúnez, conocido como Selvin Matute, y Carlos Varela Luque, también conocido como Carlos Matute.
Ante la actitud inoperante de los órganos de justicia de Honduras, más afines con los empresarios mineros y sus asesinos a sueldo antes que con las víctimas, el pueblo Tolupán, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia decidió pedir justicia en instancias de derecho internacional, principalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, de la Organización de Estados Americanos, OEA. Sólo actuando desde esta instancia es que el pueblo Tolupán ha podido avanzar, aunque sea lentamente, en el camino en procura de justicia. Aun así, el Estado de Honduras se muestra incapaz de castigar a los asesinos materiales e intelectuales demostrando que la justicia hondureña no ve por igual a indígenas tolupanes y a los empresarios y sus matones disfrazados de seguridad privada y otros epítetos sinónimos de asesinos con licencia para matar pobres.
Por una justicia que dignifique nuestros mártires
Ante la amenaza inminente de una masacre de mayores proporciones, la CIDH dispuso medidas cautelares en beneficio de 38 miembros de la comunidad indígena Tolupan de San Francisco, Locomapa, dictaminando, además, que 18 miembros de la tribu cumplían con los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad exigida para el otorgamiento de Medidas Cautelares en el marco del asesinato de María Enriqueta Matute, Armando Fúnez Medina y Ricardo Soto.
Las medidas cautelares fueron solicitadas el 19 de noviembre del 2013 y, un mes después, el 19 de diciembre la CIDH emitió la resolución MC-416-13 en la cual expresa que los miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia en el pueblo Tolupán, se encuentran en situación de gravedad y urgencia y dispuso al Estado de Honduras que:
A) Adopte las medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de 18 miembros del MADJ y sus familiares; B) concierne las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y C) que el Estado informe sobre acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar la repetición de los mismos.
Ante la inoperancia y displicencia del Estado de Honduras, el MADJ informó a la CIDH el 15 de enero de 2014 la ausencia total de las acciones de parte del Estado para el cumplimiento de las mismas. Es así como el 16 de febrero de 2014, se les notifico de parte del MADJ tanto a la Procuraduría General de la Republica, Jefatura de Policía Nacional, Comisionado Nacional de Derechos Humanos y a la Fiscalía Local de Yoro, que el 22 de febrero retornarían a sus comunidades parte de los beneficiarios, quienes habían tenido que migrar forzosamente después de la masacre del 25 de agosto 2013. Luego, tras el retorno de los compañeros, se firmó un acta en la que el Estado se comprometió a dar cumplimiento a las medidas ordenadas por la CIDH. Así mismo, se le ratificó que el hecho de firmar un acta no implicaba la implementación de las medidas si no se traducen en acciones orientadas a garantizar la vida e integridad de los beneficiarios.
Para el 18 de mayo de 2014 se programó una reunión de seguimiento a las medidas, la cual no se realizó porque desde la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no hubo representantes asistentes a la misma. El 24 de abril en su informe el Estado presuntamente da respuesta a los requerimientos de la resolución de la CIDH de diciembre 2013, aduciendo que se “han realizado las coordinaciones y diligencias necesarias” a través de la Oficina de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad efecto de realizar el 22 de febrero de 2014 una gira con el carácter “con urgente” a la zona de Locomapa.
El MADJ en acción conjunta y solidaria con CEJIL dio respuesta a la CIDH de este informe del Estado, el cual fue portador de una serie de preocupaciones porque que el Estado de Honduras diera respuesta a la resolución que ordena las medidas cautelares dos meses después que se venciera el plazo para tal efecto. Es más, el Estado acepta que anteriormente no se habían consensuado ni implementado dichas medidas.
También, se reafirma que las gestiones emprendidas para darle cumplimiento al mandato de la CIDH fueron impulsadas de parte de los y las beneficiarias y representantes, organizando un evento público que convocó a distintas organizaciones de sociedad civil y autoridades estatales.
El 29 de mayo de 2014, el MADJ remitió a la Secretaría Seguridad una nota informando sobre el incremento de vulnerabilidad de las vidas y demás derechos fundamentales de los beneficiarios después del retorno 22 de febrero de los compañeros exiliados. A la vez se le recordó del compromiso que el Estado asumió en el evento público de respetar y garantizar la vida y los derechos de los beneficiarios, además demandamos mediante esa misiva el cumplimiento al mandato de la CIDH.
El 25 de julio de 2014, el MADJ se dirige nuevamente a la Secretaría de Seguridad del Estado, para recordar el incumplimiento de las medidas y especialmente a los compromisos adquiridos en las comunidades de Locomapa, que nunca fueron cumplidos y a la vez reclamar la complicidad de varios funcionarios públicos de la región con los asesinos del 25 de agosto de 2013.
El 13 de agosto de 2014 esta representación solicitó ante la CIDH un espacio de reunión en el marco del 153 periodo ordinario de sesiones de la comisión, mismo que se llevó a cabo del 25 de octubre al 7 de noviembre de ese año en Honduras. En el marco de esta visita de la Comisión Interamericana a Honduras, estuvimos en la reunión del 3 de diciembre en San Pedro Sula, donde se le expuso la situación de riesgo y vulnerabilidad de las personas beneficiarias de tales medidas, notificando además que a pesar de estar plenamente identificados los responsables del triple asesinato en 2013 el Estado es incapaz en hacer efectivas las ordenes de captura.
El 6 de enero de 2015, el MADJ solicitó nuevamente una reunión de trabajo con la CIDH en la que estuviera el Estado de Honduras durante su período de sesiones a realizarse del 16 al 20 de marzo del mismo año, con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo en el cual el Estado asumiera fehacientemente el compromiso de implementar las medidas de protección de las personas beneficiarias.
El 5 de abril de 2015, fue asesinado Luis de reyes Marcia, esposo de la beneficiaria Consuelo Soto, lo que condujo al MADJ a dirigirse nuevamente a la CIDH, reiterándole la urgente necesidad de que el Estado de Honduras asuma de manera inmediata, su obligación de proteger la vida y la integridad de los beneficiarios y de investigar, capturar, procesar sancionar a los presuntos responsables de la totalidad de los hechos que originaron las medidas. El 15 de abril se solicitó de manera urgente reunión con la abogada Sagrario Prudott, representante de la Secretaría de Seguridad para el 18 de mayo de 2015, con el propósito de consensuar y lograr la implementación de mecanismos de seguridad que garanticen a los beneficiarios sus derechos humanos. Pero resulta que a pesar de tratarse de una situación con carácter de urgencia y haber realizado las comunicaciones necesarias para lograr coordinar dicha reunión, la Secretaría de Seguridad no asistió a la misma.
El 26 de mayo de 2015, el MADJ presentó información adicional a la CIDH sobre el atentado que sufrió la beneficiaria Consuelo Soto el 22 del mismo mes, después de haber brindado declaraciones en el Ministerio Público con el fin de coadyuvar en la investigación del asesinato a su compañero de hogar.
El 22 de junio de 2015, se presentó información adicional a la CIDH sobre el asesinato del señor Erasimo Vieda el 18 de junio, que anteriormente había sido amenazado por los presuntos asesinos de Luis de Reyes, hecho producido a raíz del trabajo de delimitar el territorio del título ancestral.
El 23 de julio de 2015, se presentó a la CIDH las observaciones del MADJ al informe del Estado de Honduras en fecha 1 de julio de 2015 y a la vez se presentó información adicional relacionada a la situación de riesgo que enfrentan los beneficiarios de las medidas, asimismo, informar a la CIDH sobre la huelga de hambre que varios beneficiarios iniciaron frente a la casa presidencial el 30 de junio.
El 30 de septiembre de 2015, presentamos nuestras observaciones ante la CIDH de los informes del Estado de fechas 27 y 31 de agosto del mismo año, así como para informar sobre nuevos hechos relacionados con la situación de riesgo que viven en la zona los beneficiarios.
En el marco del 154 periodo ordinario de sesiones de la CIDH, del 20 de octubre al 5 de noviembre de 2015, el MADJ participó nuevamente expresando preocupación ante la falta de una eficaz implementación de las Medidas Cautelares.
El 9 de mayo de 2016 el MADJ presenta sus observaciones al informe del Estado de Honduras de fecha 16 de marzo. Se manifestó como incoherencia de parte del Estado de Honduras de la relevancia de la reunión de monitoreo de las medidas el 1 de septiembre de 2015, aun a pesar de que esta representación en fechas posteriores haya aportado información actualizada sobre el estado actual de las medidas.
El 6 de julio de 2016 el MADJ presenta sus observaciones al más reciente informe del Estado de Honduras, de fecha 27 de abril de 2016, manifestando la preocupación de que el Estado no aporta información relevante para el esclarecimiento de los hechos que provocaron la adopción de las Medidas Cautelares.
La sed de justicia mueve a la lucha inclaudicable al pueblo Tolupán
Estos datos anteriores dejan al descubierto el historial de lentitud con que actúa el Estado de Honduras y sus organismos procuradores de justicia cuando se trata de dignificar las víctimas caídas por la acción de manos asesinas pagadas por empresarios corruptos. Lo poco que se ha podido avanzar se ha debido al involucramiento de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y, aun así, el Estado de Honduras muestra su negligencia, inoperancia e ineficacia en sus acciones.
Se demuestra que en estos 3 años transcurridos no sólo no se ha castigado a los asesinos de tolupanes de Locomapa sino que, más bien, se continúa asesinando indígenas, como aconteció el 5 de abril de 2015 con el asesinato de Luis de Reyes Marcía, el asesinato de Erásimo Vieda que tuvo lugar el 18 de junio de 2015 y el atentado criminal contra la indígena Consuelo Soto del que por suerte logró salir ilesa el 26 de mayo de 2015.
A 3 años de lucha inclaudicable y de todo tipo de acciones judiciales realizadas por el MADJ y el pueblo Tolupán se concluye que la justicia no acaba de llegar al pueblo Tolupán, no hay dignificación póstuma de los mártires, no existe resarcimiento de daños y perjuicios para los familiares de las víctimas, al mismo tiempo que el saqueo de los bienes naturales tribales continúa imparable a la vista de los controladores policiales del trasiego de este tipo de bienes.
A 3 años de esta vil masacre de tolupanes el MADJ denuncia nacional e internacionalmente al gobierno de Honduras como ente exterminador de pueblos originarios actuando en contubernio con empresarios locales y transnacionales entre los tolupanes y demás pueblos originarios a nivel nacional. Se denuncia la actitud complaciente de la Fiscalía Especial del Ambiente y del Ministerio del Ambiente, solapando a los empresarios mineros que de forma clandestina y sin cumplir las exigencias de la Ley General del Ambiente mantienen en explotación permanente los yacimientos de Antimonio en la tribu San Francisco de Locomapa.
Ante el sagrado panteón de los más de 100 mártires indígenas asesinados en las 31 tribus tolupanas y con ocasión del tercer aniversario del asesinato de nuestros hermanos y hermana indígenas de Locomapa, el MADJ convertido en sangre Tolupán derramada por hacer prevalecer la dignidad y la justicia en contra del saqueo y la corrupción, se compromete a luchar incansablemente hasta que sea saciada la sed de justicia del pueblo Tolupán yla dignidad se convierta en balandrán radiante como el sol que cobije a este pueblo que con dignidad y respeto es un pueblo hondureño porque es un genuino pueblo Tolupán.
Con Cicumba y con Enriqueta, con Armando y con Ricardo, con Luis Soto y con Vicente el compañero mártir presidente, el pueblo Tolupán camina ¡hasta la victoria, siempre!
¡Justicia para el pueblo Tolupán!
TERCER ANIVERSARIO MARTIRIAL Y HEROICO
