RESARCIMIENTO DE DAÑOS DIRECTOS Y COLATERALES A LAS
COMUNIDADES Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE DIRIGENTES INDÍGENAS,
AFRODESCENDIENTES Y COMUNITARIOS COMETIDOS POR SICARIOS,
POLICÍAS Y MILITARES AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS MINERAS
Toda concesión minera se traduce en herencia de muerte
La gente muere a causa de intoxicaciones severas, por conflictos sociales violentos que se generan al interior de las comunidades debido a las divisiones que se originan en torno a la presencia o no de las empresas mineras, por persecución política y militar a dirigentes de las comunidades por el supuesto delito de oponerse a este tipo de industrias destructoras o por intoxicaciones progresivas debido a la lenta pero letal acumulación de sustancias tóxicas en sus tejidos y órganos.
Pero, además, la muerte de las personas se acentúa al destruirse y diezmarse los medios de vida de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Ahí donde ha habido o hay yacimientos mineros, los suelos han sido despedazados e intoxicados, impidiendo el surgimiento de una microflora y microfauna que los rehabilite para continuar dando vida. Las fuentes de agua, arrasadas, y las que logran sobreexistir a la minería quedan vomitando venenos por tiempos sin límite. Los bosques han sido arrancados de raíz, dando paso a una severa alteración en el normal desarrollo de la biodiversidad tropical que ha interrumpido el equilibrio dinámico de las especies vivientes, favoreciendo la proliferación de especies plagas que al no contar con las especies silvestres que las controlaban ahora se disparan como pestes apocalípticas, como la plaga del gorgojo del pino, que ya acabó con 100 mil hectáreas de bosques y ha puesto en crisis la disponibilidad de fuentes de agua, justamente cuando el cambio climático arremete más caóticamente que nunca antes.
La minería: una historia de terror
La minería, tal como se ha venido implementando en Honduras, sigue violando los derechos humanos más fundamentales de los pueblos y bloquea la búsqueda comunitaria de sus propios caminos hacía el progreso económico y social. Más bien, sume a las comunidades en severas crisis sociales y ambientales de las que cada vez es más difícil salir. Más allá de los intrascendentes aportes al Producto Interno Bruto que hace el sector minero, el mayor impacto de la minería se da a nivel social, ambiental y humano; y se evidencia desde lo que ocurre en las regiones y comunidades donde se han emprendido actividades extractivas de este tipo.
En la región occidental, la quebrada San Andrés y demás nacimientos de agua que alimentaban las fuentes hídricas principales que abastecían de este líquido a la ciudad de Santa Rosa de Copán y otros poblados de menor tamaño, han quedado contaminadas después que la empresa minera provocó cuando menos 7 derrames de aguas con cianuro procedentes de sus estanques. Nos dábamos cuenta de tales accidentes porque las poblaciones vecinas denunciaban la mortandad de peces y demás animales acuáticos y, sólo después que la noticia saltaba a los medios de comunicación, intervenía el ministerio público y las autoridades ambientales de la otrora SERNA. Nadie guarda prisión por este delito ambiental, nadie se preocupa por recuperar las fuentes hídricas y mientras tanto las comunidades sufren las consecuencias. Y no bastando tal devastación, al irse la transnacional minera, un banco del país reclamó como suyas las tierras donde se habían asentado los pobladores y pobladoras desplazados por la empresa minera ya que estaban hipotecadas por un préstamo todavía no saldado. El Estado hondureño tuvo que hacerse cargo de la deuda ante al banco para que la nueva comunidad de desplazados por la mina no fuera expulsada.
En Atlántida, una empresa minera se instaló en el sector de Florida, municipio de Tela, contando con permiso de exploración y licencia ambiental viciada, protegida por una nueva posta policial integrada por 10 policías dirigidos por un militar del pelotón COBRAS. Cuando esta célula policial no pudo contener el descontento de las comunidades vecinas, la empresa instaló en la zona un grupo irregular de 12 matones que funcionaban en la clandestinidad bajo la protección de la posta policial. Cuando un terreno le interesaba a la empresa minera estos irregulares se trasladaban en horas de la noche a la casa del dueño de las tierras y le decían que tenía una semana para venderle su finca a la empresa y, de no hacerlo, después de transcurrido el tiempo límite no respondían por la vida de su familia. Cuando, por fin, las comunidades obtuvieron una copia del supuesto Estudio de Impacto Ambiental requerido por la Ley General del Ambiente, se toparon con que la empresa presentaba falsos documentos donde las comunidades daban el visto bueno al proyecto minero. Y entre otros hallazgos, encontraron que a cambio de instalar el proyecto minero a cielo abierto, la empresa crearía 64 empleos de los cuales la mitad eran técnicos venidos de fuera del sector y otorgarían a las comunidades el beneficio de contar con las ramas de los árboles cortados para que las utilizaran en la cocción de sus alimentos. La presión de las comunidades de la zona hizo que SERNA nombrara una comisión de investigación que determinó finalmente las fallas del proyecto minero y procedió a retirar la licencia ambiental y obliga a la empresa a resarcir daños ambientales. Las comunidades realizaron un cabildo abierto y declararon la zona libre de minería. Sn embargo, la empresa no ha cumplido con el resarcimiento de daños ambientales ni el ministerio público ha enjuiciado a los funcionarios de la SERNA que viciadamente habían otorgado la licencia ambiental a esta empresa minera.
El pueblo indígena Tolupán, departamento de Yoro, no escapa a las consecuencias nefastas de la minería. Tribus como San Francisco de Locomapa, Las Vegas del Tepemechín, Guajiniquil y Agua Caliente de Reinada son las que más sufren los embates de la minería clandestina. La tribu Guajiniquil está condenada a desaparecer porque así lo ha pedido una empresa minera interesada en extraer oro a cielo abierto en territorios tribales. En la tribu San Francisco van siendo asesinados alrededor de7 personas en los últimos 3 años por matones vinculados a la minería clandestina. En la tribu Las Vegas empresarios mineros hondureños y asiáticos presionan a los indígenas para continuar extrayendo broza de Antimonio.
Entre los departamentos de Colón y Olancho, el Estado hondureño en contubernio con una minera se burlan de comunidades. Doce comunidades de los municipios de Bonito Oriental (departamento de Colón) Gualaco y San Esteban (departamento de Olancho) creyeron en las bondades que la empresa minera BDR les prometió a cambio de permitir una explotación minera a cielo abierto en la zona montañosa de El Venado.
Desde 2009 una empresa minera intentó convencer a las comunidades del sector de Tocoa y Bonito Oriental para explotar las minas a cielo abierto en la montaña El Venado, contando con el apoyo de militares de alto rango de la Fuerza Naval apostada en Puerto Castilla, quienes aseguraban a las comunidades que la empresa iba a cumplir todas sus promesas y pedían a los habitantes su colaboración en la explotación de las minas. Los ingenieros y empresarios prometieron a las comunidades rehacer las carreteras, construir escuelas y colegios, proyectos de agua, jardines infantiles y les decían que eso era poco en comparación a todo lo que les podían dar. Fue así como las comunidades cayeron en el engaño y aceptaron la explotación minera.
La empresa minera explotó sin descanso las montañas. Anualmente zarpaban de Puerto Castilla unos 33 embarques cargados con broza de Óxido de Hierro que generaban a la empresa ingresos anuales promedio de 1,122 millones de Lempiras. Pero para finales del 2014 la empresa abandonó la zona, quedando burladas doce comunidades de los municipios de San Esteban, Gualaco y Bonito Oriental. El cerro El Venado queda devastado, las fuentes de aguas mermadas y contaminadas, las carreteras destruidas, las construcciones prometidas de jardines infantiles, escuelas y colegios fueron incumplidas y los hombres y mujeres que trabajaron para la empresa minera quedaron sin recibir sus salarios.
Cuando las comunidades organizaron una manifestación en contra de la empresa y en reclamo de sus salarios, los militares de la Fuerza Naval las reprimieron brutalmente, capturando a 12 líderes y lideresas que justamente un par de años antes motivaron a las comunidades a aceptar la empresa minera.
Este calvario que viven hondureñas y hondureños humildes que ingenuamente han creído en las bondades de las empresas mineras nos deja claro que a estas sólo les interesa extraer los minerales sin importarles la situación en que quedan las comunidades.
La zona sur de Honduras y su más grande tragedia vivida con el sepultamiento de varios mineros presenta, desde otra perspectiva, el calvario de comunidades pobres que en ausencia de empleos se ven obligadas a ejercer trabajos mineros afrontando todo tipo de riesgos e inseguridades que van desde los deslizamientos de enormes masas de tierra hasta la tortura de parte de elementos militares que custodian la zona de yacimientos para ofertarla como ZEDE al gran capital transnacional.
¿Qué queda a las comunidades sometidas al calvario de las mineras?
Queda la verdad de la maldad con que operan estas empresas mineras, queda la certeza de que el Estado hondureño y sus instituciones civiles y militares han abandonado a las comunidades y solamente se preocupan por defender los intereses de las empresas mineras. Y frente a esta verdad insoslayable, inhumana, que lacera los sentimientos por vivir una vida digna y con justicia social, en estos últimos días el gobierno ha anunciado que saldrá al encuentro con las empresas mineras para otorgarles mayores beneficios a cambio de que continúen devastando los bienes naturales y pueblos de cualquier región del país.
Pero también queda la conciencia de que sólamente organizados los pobladores y pobladoras pueden defender sus intereses comunitarios, queda la convicción de que bastan los sacrificios y trabajos diarios de pobladores y pobladoras para sacar adelante las comunidades sin esperar limosnas envenenadas de las empresas mineras.
Exigencias que brotan de la dignidad y la justicia de los pueblos
Expuesta detalladamente la nuda realidad de lo que verdaderamente ha significado la proliferación descontrolada de las concesiones mineras en todo el territorio nacional, las organizaciones que suscribimos el presente documento exigimos urgentemente:
1. Cancelación inmediata de las concesiones mineras de todo tipo
2. Realización pronta y expedita de un diagnóstico sobre la situación de las comunidades y sus entornos ambientales con el compromiso por parte del gobierno nacional de resarcir los daños directos y colaterales ocasionados en cada porción del territorio nacional. Aclarando que en dicha comisión deberán tener participación directa las comunidades y sus organizaciones locales, además de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
3. El Congreso Nacional deberá legislar la creación de un nuevo estatuto de áreas Protegidas referidas que permitan brindar atención especial a aquellas regiones devastadas por la minería que incluya además la declaratoria como zona libre de minería y se diseñe un plan de recuperación de su geografía y biodiversidad.
4. Se inicie un proceso articulado de juicio y castigo a los asesinos de líderes y lideresas a quienes se les arrebató la vida por oponerse a la devastación humana y ambiental que traían consigo las concesiones mineras.
¡Por una patria incluyente avanzando en sostenibilidad con justicia social, pedimos Justicia, ya!
San Pedro Sula, veinticinco (25) de febrero del dos mil diez y seis.
