POSICIONAMIENTO DEL MADJ SOBRE LA ELECCIÓN DE LA NUEVA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS
Los
partidos políticos corruptos, la embajada de los Estados Unidos y los grupos
económicos del poder siempre han decidido quiénes deben integrar la Corte
Suprema de Justicia (CSJ), para imponer y defender sus mezquinos intereses.
La
intervención decisiva de estos tres actores ha desacreditado el proceso de
elección de los magistrados a la CSJ, además de profundizar la desconfianza ciudadana
en la justicia hondureña.
En
2001, mediante el decreto 38-2001, se reformó la Constitución de la República intentando
superar ese descrédito y esa desconfianza en la institucionalidad de la justicia.
Entre otras reformas, se creó la Junta Nominadora de candidatos a magistrados,
integrada por representantes de varios sectores e instituciones políticas y
sociales.
En lugar de elegir a 9 magistrados propietarios y 7 suplentes, como
se hacía en el pasado, se pasó a elegir a 15 magistrados que, a partir de
entonces, ocuparían sus cargos por 7 años, en lugar de los 4 que ejercían
anteriormente.
En enero
de 2016 se elegirá la tercera Corte bajo esta nueva modalidad. Quince años
después de aquella publicitada reforma, el desprestigio y la desconfianza que
corroen al sistema judicial siguen siendo iguales o peores. Y la manipulación
político partidaria, la influencia de los grupos económicos y la intervención
de la embajada de Estados Unidos en el proceso de elección, nunca fueron tan
evidentes como hoy.
La
participación del pleno de la actual Corte Suprema de Justicia en el golpe de Estado
de 2009 y la consecuente impunidad de este crimen contra la democracia, el
Estado de derecho y los derechos humanos, constituye una prueba irrefutable del
fracaso institucional que hoy vivimos. El funcionamiento actual del sistema de
administración de justicia y las arbitrariedades que se cometen en la selección
y elección de los magistrados a la nueva Corte, son muestra palpable de ese
fracaso.
El proceso
para elegir a los magistrados y magistradas es, normativamente, elitista y
excluyente. La reforma del artículo constitucional 309, establecida en 2012 y
ratificada en 2013, impuso como requisito adicional —para ser candidato a
magistrado— el título de notario, negándole así la posibilidad de participar en
el proceso a aproximadamente 18,000 profesionales del derecho que no disponen
de dicho título, y que representan el 80% de los potenciales candidatos y
candidatas a una magistratura.
De
igual manera, las instituciones que integran la Junta Nominadora —que propone a
los 45 candidatos a magistrados, de los que el Congreso Nacional elegirá a 15
para conformar el pleno de la Corte—, son espacios cooptados por la política
tradicional. En el caso específico de los representantes de la sociedad civil
ante la Junta Nominadora, el proceso de selección siguió el mismo expediente de
imposición, respondiendo a los intereses del Gobierno, como en su momento lo
denunciaron algunas organizaciones.
La
falta de criterios objetivos para seleccionar a los futuros magistrados
permitió que los 97 precandidatos escogidos de una lista más amplia, fueran
seleccionados por una votación hecha entre los integrantes de la Junta Nominadora
y no por la suma de los puntajes y calificaciones obtenidas por los
seleccionados en las distintas pruebas a las que supuestamente fueron sometidos.
Las
denuncias contra los retorcidos procedimientos empleados para seleccionar a los
candidatos a la nueva Corte abundan; entre estas, que la Junta Nominadora no es
transparente en sus actuaciones, lo que dio lugar a la intervención del Instituto
de Acceso a la Información Pública (IAIP), que ordenó que la Junta informe y
publique todo lo relacionado con sus actos. Y una afrenta a la democracia y la
ciudadanía ha sido que, entre los 97 precandidatos seleccionados inicialmente, tres
de ellos participaron en el golpe de Estado de 2009. Además, de esa lista, más
de 20 precandidatos son actualmente investigados y se encuentran bajo la
sospecha del gobierno de los Estados Unidos, por suponerlos partícipes en actos
de corrupción y delitos aún más graves, que los descalifican como aspirantes a
una magistratura en la CSJ.
En consecuencia, el gobierno estadounidense pidió a
la Junta Nominadora que excluyera a tales candidatos. No obstante, algunos de
ellos –tanto de los golpistas, como de los señalados por Estado Unidos- fueron
incluidos en la lista de nominados presentada al Congreso Nacional, lo que
ahora representa un potencial peligro adicional para todo intento de adecentar
la justicia en Honduras.
En el
Congreso Nacional, pese a que en su seno están representados seis partidos
políticos, el procedimiento para elegir a los magistrados sigue siendo el
mismo: la imposición de la voluntad del gobernante Partido Nacional y de los
aliados que ha podido cooptar o comprar en los demás partidos políticos. Y no
podía ser de otra manera. A un proceso retorcido de selección y postulación de
candidatos, le corresponde un proceso autoritario y doloso de elección de la
nueva Corte. El mismo hecho de que sea el Poder Legislativo el que elija a la CSJ
implica una distorsión del principio republicano de separación de poderes y se
constituye en un instrumento para que los más fuertes, o los que disponen de un
acceso irrestricto a los recursos del Estado y los medios de coacción, se
impongan sobre la voluntad popular que exige probidad y transparencia en la
elección de la nueva Corte.
Aunque
según la legislación vigente la elección de la CSJ exige una mayoría calificada
de diputados en el Congreso Nacional, el peso de las costumbres más perversas
de la política tradicional arrastra a todas las fuerzas políticas y, con ello,
aumenta la atmósfera de desconfianza y descrédito que emerge cada vez que se
presenta el reto de tomar una decisión trascendental para el destino
institucional de Honduras.
Mientras
la corrupción y los procedimientos dolosos y retorcidos sigan prevaleciendo,
ninguna Corte Suprema de Justicia será independiente e imparcial. Por el
contrario, seguirá comprometida con los grupos económicos y políticos que detentan
el poder, cuyo principal sustento no es la democracia ni el Estado de derecho,
sino la corrupción, la impunidad y la imposición.
Teniendo
en cuenta estos antecedentes, lo único que cabe esperar de la clase política
corrupta, al momento de elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia, es el reparto
de cargos y privilegios para asegurar, por siete años más, el régimen de corrupción,
impunidad, militarismo, entrega del país al capital extranjero, violación
permanente a los derechos humanos y, además, un contexto favorable a la
imposición de una dictadura personal o partidaria que consolide el
neoliberalismo depredador.
Frente
a esta desoladora realidad, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia
llama a los ciudadanos y ciudadanas a condenar todo acto de corrupción y de
imposición en el proceso por el que se elegirá la nueva CSJ. A mantenernos
vigilantes para exigir procedimientos honestos, más transparencia, más
participación popular y más democracia. Recuperar el poder soberano del pueblo
para vigilar y controlar a la clase política corrupta, es un paso imprescindible
para recobrar nuestra soberanía, la dignidad y la justicia que hemos perdido; y
un gran desafío que debemos enfrentar con más organización, más movilización y
más propuesta política.
