Defensoras de Derechos Humanos en Honduras
manifestamos nuestra preocupación por la vida e integridad de la
defensora Lilian Lizeth Borjas quíen esta siendo criminalizada desde el
año 2013.
Organizaciones de Derechos Humanos de Honduras
manifestamos nuestra preocupación por la criminalización de la defensora
Lilian Lizeth Borjas Hernández, originaria de la comunidad de El Rodeo,
El Negrito, Yoro, quien desde el año 2013 está siendo criminalizada por
el derecho a defender su territorio.
Es de nuestro conocimiento
que defensoras y defensores del territorio desde el año 2012 han sido
perseguidas y amenazas por los supuestos dueños de una tierra que como
grupo campesino recuperaron hechos dirigidos con mayor fuerza a la
Defensora Lilian Borjas, que constantemente recibe insultos como:
“pordiosera, hija de puta, ahí va perdedora, invasora, sos una pobretona
que andas sacándoles el dinero a tus compañeros para andar pijineando”,
insultos que denigran su quehacer como Defensora de la tierra, por lo
cual se interpuso denuncias frente a la Dirección Nacional de
Investigación Criminal hasta el momento sin tener ninguna respuesta.
El
año 2012 las y los campesinos pertenecientes al grupo campesino “Triunfo
de la Bolsa” al que pertenece la Defensora, presentaron una solicitud
de asignación de la tierra ante el Instituto Nacional Agrario (INA)
instancia que nunca les resolvió, a pesar de que determinó ese mismo
año que estas tierra son ejidales.
Cabe mencionar que el 17 de
julio de 2013 el grupo campesino fue violentamente desalojado de la
tierra por grupos paramilitares coludidos con agentes de la Policía
Nacional, siendo sometidos por 12 hombres fuertemente armados, quienes
llegaron a la zona donde aproximadamente 30 familias del grupo campesino
habitaban, les pusieron a todos en fila, quemaron todas las champas,
las cobijas, metieron ganado a las milpas que estas 30 familias tenían
utilizando expresiones degradantes como: “ya no soportamos a los
pordioseros, mátenlos a todos” y uno de ellos dijo “la orden es
desalojarlos, no matarlos”. Durante este evento había niñas, niños y
mujeres, este desalojo se realizó sin cotar con una orden de desalojo
extendida por las autoridades competentes.
El grupo campesino
“Triunfo de la Bolsa” presentó constancia de 1993 donde se declara la
ampliación del radio de la comunidad del Rodeo, extendido por la
Municipalidad documento que acreditan que las tierras pertenecen al
Estado por lo tanto son ejidales, posteriormente miembros de la familia
Fugon acreditaron ser dueños de las tierras a través de recibos de pago
de impuestos de bienes inmuebles y vecinales, documento de dominio
pleno de propiedad todos estos extendidos en abril de 2013 un mes
después de que el grupo había recuperado las tierras.
Estos
documentos fueron emitidos por el Programa de Regulación Predial del
Instituto de la propiedad(IP) y no por el INA al que corresponde esta
titulación de tierras, el dominio pleno a solicitud de la familia Fugón
en el 2012 y extendidos el 15 de abril del 2013. Teniendo las partes 3
días para apelar la resolución de asignación situación que fue
desconocida por las y los defensores del grupo campesino Triunfo de la
Bolsa, ya que la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)
organización que les acompaña no fue notificada en su momento lo que no
les permitió hacer uso de este recurso.
Denunciamos que este
proceso judicial interpuesto contra defensores y defensoras de la tierra
ha estado plagado de los vicios acostumbrados en este país por quienes
son responsables de impartir justicia y que se coluden con
terratenientes alargando procesos violatorios a los derechos humanos de
campesinas y campesinos, imponiéndoles medidas sustitutivas por más de
dos años sin una resolución que ponga fin al proceso de judicialización
iniciado por el derecho a la defensa de la tierra como un derecho
humano.
Demandamos al Estado de Honduras que conforme a su
obligación de garantizar la seguridad de las personas defensoras de
derechos humanos tal y como lo estable la Declaración sobre los
Defensores de los Derechos Humanos adoptada en 1998 por la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), cese la política de criminalización y
judicialización a las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, marco
en el que se da la persecución a la defensora de la tierra Lilian
Borjas, Jorge Archaga y Hernán Hernández
Que la audiencia
preliminar que se realiza el martes 22 de septiembre en Yoro, no sufra
los mismos vicios que han marcado las anteriores y que se respete el
debido proceso para restaurar como se debe, la imagen y las libertades
políticas de la Defensora y defensores acusados.
