La IM-Defensoras externa su preocupación ante el contexto de
hostilidad, agresiones y criminalización que enfrentan las defensoras de
derechos humanos en Honduras.
Mesoamérica, 25 de junio de 2015 -
Las más de 690 defensoras de derechos humanos de Guatemala, El Salvador,
Honduras, México y Nicaragua que integramos la Iniciativa Mesoamericana
de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) externamos
nuestra preocupación ante el actual contexto de hostilidad, agresiones y
criminalización que enfrentan las defensoras de derechos humanos en
Honduras.
Las defensoras hondureñas de derechos humanos, además
de vivir en un entorno generalizado de inseguridad –tal y como se
desprende de unos índices de femicidios (14,6 por cada 100 mil
habitantes en el 2014) y de asesinatos (66,49 por cada 100 mil
habitantes en el 2014) que se encuentran entre los más elevados del
planeta– enfrentan desde el Golpe de Estado de 2009 un contexto
altamente hostil para el desarrollo de su labor de defensa de los
diversos derechos humanos, tal y como ha sido reconocido por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos1.
La recientemente aprobada
“Ley de protección para las y los defensores de derechos humanos,
periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia” no ha
inhibido las agresiones en contra de las mujeres defensoras, por el
contrario, en los últimos meses se ha producido una preocupante escalada
de la violencia que tiene como objeto sancionar y desalentar tanto su
labor como la de sus organizaciones y movimientos.
Esta tendencia
es especialmente preocupante ya que entre las organizaciones y
defensoras de derechos humanos agredidas figuran beneficiarias de
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos casos han sido
denunciados por la IM-Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de
Derechos Humanos en Honduras:
-Gladys Lanza: defensora de los
derechos humanos de las mujeres, Coordinadora General del Movimiento por
la Paz Visitación Padilla, condenada el 26 de marzo de 2015 a 18 meses
de cárcel e inhabilitación por el acompañamiento del caso de una mujer
víctima de acoso sexual y laboral por parte de un funcionario público.
La defensa legal de Gladys Lanza presentó el 29 de abril, un recurso de
casación ante la Corte Suprema de Justicia solicitando la anulación de
la sentencia. Esta condena representa un obstáculo más a los que ya ha
tenido que sortear en su labor de defensa de los derechos humanos en
Honduras. Por ello desde 2010 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos otorgó medidas provisionales a favor de la defensora.
-Berta Cáceres: defensora indígena Lenca del territorio, coordinadora
del COPINH. A lo largo de su trayectoria en la defensa de los derechos
humanos de las comunidades de Río Blanco, ha sido objeto de numerosas
agresiones como amenazas, detención arbitraria o criminalización.
Recientemente el Secretario del Congreso Nacional de Honduras, Mario
Pérez, amenazó a la defensora con interponer una querella el 22 de mayo
de 2015 por difamación y calumnia. Dicha denuncia estaría motivada por
unas declaraciones a la prensa durante el sepelio de Moisés Durón
Sánchez, líder comunitario del COPINH asesinado el pasado 20 de mayo en
el marco de un conflicto de tierras, en las que la defensora señaló al
Secretario y otros funcionarios públicos como presuntos cómplices del
crimen. La defensora goza de medidas cautelares otorgadas por la CIDH
desde julio de 2009.
-Dilma Consuelo Soto: defensora indígena
tolupán del territorio, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad
y Justicia. El 22 de mayo de 2015 la vivienda de Dilma Consuelo Soto
fue balaceada, estando ella en su interior, los presuntos responsables
de este hecho fueron reconocidos y denunciados ante la Policía Nacional
sin que hasta el momento las autoridades hayan tomado medidas para
investigar la imputación. Es preciso aclarar que las personas que
balacearon la vivienda de Dilma Consuelo Soto son presuntos sicarios de
la zona, quienes también son sospechosos de los asesinatos de 3
activistas Tolupanes de la Tribu de San Francisco Locomapa en agosto del
2013. Dilma ya había sido objeto de un intento de asesinato y había
enfrentado la pérdida de su esposo, también defensor de derechos
humanos, asesinado en abril de 2015. La defensora goza de medidas
cautelares otorgadas por la CIDH desde agosto de 2013.
-Lilian
López: integrante del equipo coordinador del (COPINH) quien el 28 de
abril de 2015 en horas de la mañana durante una jornada de
acompañamiento a la comunidad de San Juan, Ceguaca, en el departamento
de Santa Bárbara, fue víctima de amenazas de muerte por parte de
terratenientes de la zona, mismas que también sufrió Karen Suárez,
comunicadora social y defensora del territorio, integrante de la
regional de El Progreso de la Central Nacional de Trabajadores del Campo
(CNTC), quién ya había recibido antes amenazas de muerte y sufrió un
atentado contra su vida por desconocidos que hasta la fecha permanece en
total impunidad.
Por todo ello, desde la IM-Defensoras hacemos un llamado a las autoridades hondureñas para que:
-Asegure el efectivo cumplimiento de la “Ley de protección para las y
los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y
operadores de justicia” integrando una adecuada perspectiva de género
en las medidas de protección.
-Atienda las recomendaciones
realizadas al Estado de Honduras en el marco del Examen Periódico
Universal presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en mayo de 2015
y que exhortan a las autoridades a eliminar las amenazas y ataques
contra personas defensoras y periodista.
-Se abstengan de hacer
declaraciones difamatorias o reprobatorias del trabajo de defensa de los
derechos humanos que realizan las defensoras, como las declaraciones
públicas formuladas por diferentes autoridades de gobierno y publicadas
en diferentes medios de comunicación cuestionando la labor desarrollada
por organizaciones defensoras de derechos humanos que denunciaron las
violaciones a los derechos humanos en Honduras en el marco del Examen
Periódico Universal.
-En los casos de Berta Cáceres, Dilma
Consuelo Soto y Gladys Lanza cumplan con su obligación de garantizar de
manera integral el cumplimiento de las medidas cautelares de protección
otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos2.
-En el caso de Gladys Lanza
Respetar los plazos establecidos en el artículo 369 del Código Procesal
Penal para resolver el recurso de casasión presentado ante la Corte
Suprema de Justicia el 29 de abril de 2015.
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1 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Segundo Informe sobre la
situación de las defensores y los defensores de derechos humanos en las
Américas. 31 diciembre 2011. Página 13
2 En el caso de Gladys
Lanza, ello incluye la respuesta en plazo por parte de las autoridades
competentes del recurso de casación presentado, no prolongando más sin
motivo el proceso de criminalización de que es objeto la defensora. En
el caso de Berta Cáceres, el cese inmediato de la amenaza por parte de
funcionarios públicos de demandarla. En el caso de Dilma Consuelo Soto,
la investigación expedita y confirme a derecho de los hechos y la
sanción a los responsables.
Disponible online en: https://www.scribd.com/…/Comunicado-Situacion-Defensoras-en…
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Red
Defensoras Dh México, Red Salvadoreña de defensoras de derechos humanos,
AWID, JASS Mesoamérica, Consorcio Oaxaca, Colectiva Feminista, Fondo
Centroamericano de Mujeres (FCAM), Udefegua Ong
