Honduras
comparecerá el próximo 8 de mayo ante el Examen Periódico Universal
(EPU), el mecanismo de Naciones Unidas que examina la situación de los
derechos humanos de los 193 Estados Miembros de la organización mundial.
Han transcurrido más de cuatro años desde el primer ciclo en el que el
Consejo de Derechos Humanos remitió al Estado hondureño 129
recomendaciones con miras a mejorar la protección de derechos humanos en
diferentes ámbitos. El Gobierno aceptó todas las recomendaciones y se
comprometió a tomar medidas específicas.
Para
dar seguimiento a estas recomendaciones y las acciones del Estado de
Honduras en materia de DDHH se creó la plataforma EPU Honduras, donde 50
organizaciones defensoras de derechos humanos se articularon. Sin
embargo, estas organizaciones han denunciado señalamiento y hasta
acciones de desprestigio por parte del gobierno que los ha tildado de
“enemigos del país”.
Juan Mejía, miembro de la Plataforma EPU en representación del
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) asegura que el
EPU en materia de DDHH es una oportunidad histórica para todo pueblo,
sin embargo es una lástima que en el caso de Honduras, se haya
polarizado por parte del gobierno.
“Las 50 organizaciones que conformamos la plataforma EPU hemos hecho
un diagnóstico sincero, real de lo que hay que hacer en el país, las
estadísticas lo demuestran, no sé porque el gobierno ha querido
defenderse atacando a las organizaciones de DDHH. Aun este espacio EPU
puede crear una integración donde el Estado esté presente para hacer una
lucha frontal desde los pueblos en materia de derechos humanos, pero
lamentablemente esto no ha estado sucediendo”, expresó Mejía quien
estuvo este año en Europa haciendo cabildeos sobre los avances y
retrocesos del Estado en materia de derechos humanos previo al EPU.
El Congreso Nacional recientemente aprobó la Ley de protección a
periodistas y defensores de derechos humanos sin consenso y dejando de
lado las recomendaciones señaladas por la sociedad civil sobre que el
mecanismo de protección para periodistas defensores de derechos humanos y
operadores de justicia debía ser desconcentrado del Estado de Honduras y
practicar el equilibrio en la representación.
La Ley fue aprobada el 16 de abril, a menos de un mes en que Honduras será sometida al segundo ciclo EPU.
De acuerdo a organizaciones de sociedad civil la Ley aprobada no
refleja lo hablado, y además el Congreso Nacional integró dentro del
sistema de este mecanismo de protección a la Secretaría de Defensa,
argumentando que tiene fondos “El gobierno va al EPU cargado de leyes aprobadas en última hora, sin
presupuesto para desarrollar, entonces la historia de la mentira en el
campo de los ddhh sigue prevaleciendo en este país”, agregó Juan Mejía.
Un país que no garantiza la vida
La mayor preocupación de las organizaciones defensoras de derechos
humanos es que en Honduras, la vida ha dejado de ser preservada por
derecho.
“La población hondureña sigue siendo condenada a una muerte cruel,
injusta. La muerte es el proyecto final de todo ser humano, pero no de
la forma como se nos arrebata la vida aquí en Honduras sobre todo a los
sectores más humildes”, explica Mejía.
La preocupación se agudiza cuando de seguridad se habla, pues Mejía
explica que los ricos tienen su propio ejército privado, cerca de 72 mil
guardias privados que los protegen a ellos y sus empresas, y el pueblo
que en teoría tendría a los militares en realidad está solo pues los
militares han demostrado defender los intereses de los poderes económico
y político.
Al igual que los demás países pertenecientes al Triángulo Norte de
Centroamérica, Honduras afronta serias dificultades vinculadas a los
temas de seguridad y gobernanza. El país cuenta con los peores niveles
de criminalidad de Centroamérica y la mayor tasa de homicidios del
mundo, que se sitúa en 69 asesinatos por cada cien mil habitantes,
registrando una baja que aún no es suficiente, según organizaciones de
sociedad civil.
Por
su parte, Transparencia Internacional sitúa a Honduras como el quinto
país más corrupto de América Latina, según su último Global Corruption
Report.
Las
organizaciones aglutinadas en la Plataforma EPU 2015, destacan siete
materias en las que se perciben vulneraciones constantes de los derechos
humanos que afectan a diferentes colectivos.
Impunidad y acceso a la justicia:
Los niveles de impunidad penal en homicidios superan el 90 por ciento,
situación que impacta de manera notable a los colectivos más
vulnerables: niños y adolescentes, mujeres, poblaciones indígenas,
periodistas, y miembros de la comunidad LGTBI.
Por
otro lado, el uso ilegal y desproporcionado de la fuerza por parte de la
policía se ha convertido en un problema crónico. Según un informe de la
Coalición contra la Impunidad, en el periodo 2013-2014 la policía ha
sido responsable de 149 asesinatos. Los esfuerzos para abordar la
corrupción endémica dentro de las fuerzas policiales han tenido un
impacto limitado.
Independencia Judicial:
Desde el último EPU se ha producido una pérdida de independencia
judicial y los jueces son víctimas de mayor intimidación e interferencia
política. Una reforma constitucional de 2011 estableció el Consejo de
la Judicatura con autoridad para nombrar y despedir jueces. Según la
Comisión Internacional de Juristas, la interferencia de los sectores
políticos en el Poder Judicial persiste, afectando seriamente la
independencia de jueces y magistrados. Más de 40 jueces han sido
suspendidos desde que el Consejo fue establecido. A esto hay que agregar
la destitución de cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2012 y las rotaciones
arbitrarias e inconsultas de dos magistrados de dicha corte.
Según
datos de Comisionado Nacional de Derechos Humanos, al menos 91
profesionales del derecho han muerto en circunstancias violentas desde
el año 2010, de los cuales el 95 por ciento de los casos estaría en
impunidad.
Libertad de expresión y agresión contra periodistas:
Según datos del Comité por la Libertad de Expresión, entre noviembre de
2010 y septiembre de 2014, un total de 28 periodistas y comunicadores
sociales fueron asesinados. Diversas radios comunitarias han sido
quemadas o han sufrido ataques violentos, los periodistas reciben
amenazas telefónicas, y las oficinas de equipo y trabajo están sujetas a
redadas y sabotaje, lo que genera una autocensura en los periodistas.
Derechos de las mujeres:
Unas 4.460 mujeres fueron asesinadas en Honduras entre 2002 y 2014, y
al menos el 95 por ciento de los casos está impune, según datos del
Conadeh.
Por
otro lado, los derechos sexuales y reproductivos de la mujer se
encuentran altamente limitados. El uso, promoción, venta y
comercialización de la anticoncepción de emergencia está prohibida desde
octubre de 2009. Como consecuencia, al menos 8,165 mujeres y niñas que
denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual entre 2010 y 2013,
se encontraron expuestas a un potencial embarazo no deseado.
A pesar de ciertos avances a nivel institucional, como la
incorporación del delito de femicidio en el Código Penal en 2013, los
recursos destinados a investigación de crímenes violentos contra mujeres
son muy limitados.
Derechos de la infancia:
Según un informe del Observatorio de muertes violentas de la
organización Casa Alianza, en los trece primeros meses de gobierno de
Juan Orlando Hernández, se han registrado 1,076 muertes violentas y/o
ejecuciones arbitrarias de niñas, niños y jóvenes menores de 23 años en
el país.
Según
datos del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos
(U.S. CBP), 68,541 menores no acompañados fueron detenidos en la
frontera sur-oeste de Estados Unidos en 2014, el 27 por ciento de ellos
procedía de Honduras.
Aproximadamente
un tercio de niños y niñas en Honduras no asiste a la escuela y se
calcula que más de un millón sufre explotación laboral, según datos de
Casa Alianza.
Por otra parte, cien mil niños y menores de entre 5 y 23 años de edad
están siendo entrenados en cuarteles militares por las Fuerzas Armadas
de Honduras a través de la implementación del Programa “Guardianes de la
Patria”, lo cual expone a estos menores a altos niveles de violencia y
una falta de actitud democrática.
Vulnerabilidad de defensores de derechos humanos:
Los defensores de derechos humanos enfrentan violencia y amenazas, y
también se han reportado casos de desaparición forzada. En el anterior
EPU de noviembre del 2010, Honduras aceptó las 12 recomendaciones que
recibió respecto a los defensores de derechos humanos, comprometiéndose a
garantizar su protección y sus derechos a la libertad de expresión y
opinión. Fuentes del Comité de Familiares Detenidos Desaparecidos en
Honduras (COFADEH) señalan que desde 2010 hubo 3,061 casos de
criminalización para debilitar la defensa de derechos humanos.
A su
vez, en febrero de 2014 el Gobierno canceló el estatus legal de más de
cinco mil ONG, basada en la “Ley Especial de Fomento de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo”, aprobada en 2011.
Situación penitenciaria:
Las cárceles del país, que pueden albergar 8,600 reclusos, recluían a
más de 13,000 en agosto de 2013, según la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. La Comisión denunció que la condición penitenciaria en
Honduras padece de “graves deficiencias estructurales que han conducido
a su colapso”. Esta situación ha significado un altísimo costo en
términos de vidas humanas en los últimos años, lo que quedó
dramáticamente evidenciado con el incendio de Comayagua, en febrero de
2012, en el que murieron 362 personas.
Según
Mejía en estas circunstancias lo que queda a la población es
unificarse. “Crear una plataforma de vigilancia, de defensa permanente,
de cumplimiento de derechos humanos. Para muchos el Estado saldrá
aplazado, pero eso es lo que menos importa, lo que importa es conocer la
mirada de los demás Estados, de la comunidad planetaria y el
diagnóstico de lo que está pasando en Honduras, si esto lo usamos para
bien podremos corregir muchas situaciones. Ojalá que después de ese
diagnóstico el gobierno pueda entender que los defensores de DDHH no son
enemigos del Estado, somos fieles defensores y defensoras del derecho a
la vida de toda la población”, expresó.
