La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería requerir a
Honduras que adoptara medidas cautelares para proteger
el derecho a la libertad de expresión del periodista Julio Ernesto Alvarado, ha declarado hoy PEN International.
El 29 de mayo de 2014, la organización mundial de escritores presentó
una petición ante la CIDH, conjuntamente con la abogada hondureña Kenia
Oliva Cardona y la periodista hondureña y activista pro derechos Dina
Meza. La petición argumenta que una sentencia de prisión y 16 meses de
prohibición para ejercer el periodismo, impuesta a Julio Ernesto
Alvarado, director y presentador del programa de noticias “Mi Nación” en
Globo TV, por cubrir las denuncias de corrupción en una universidad
local en 2006, viola su derecho a la libertad de expresión por la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
‘Julio Ernesto
Alvarado —como muchos otros periodistas en Honduras— ha sido objeto de
amenazas y hostigamiento judicial durante años', dijo Marian Botsford
Fraser, Presidenta del Comité de Escritores en Prisión de PEN
International.
‘Hacemos una llamada a la CIDH para que adopte
una actitud firme hacia el apoyo a los periodistas en Honduras que se
enfrentan a un ataque multilateral en la práctica de su profesión,
exigiendo al Estado que tome medidas cautelares.’
Al menos 40
periodistas han sido asesinados en el país desde 2003 —35 desde el golpe
de Estado de junio de 2009—, otros son objeto de amenazas, demandas y
otros ataques en un intento de evitar que prosigan con su vital labor de
denunciar y hacer responsables a los funcionarios.
La
sentencia de diciembre de 2013 de Alvarado, impuesta en segunda
instancia, en relación con una denuncia presentada por Belinda Flores,
decana de la universidad, cuya presunta implicación en el tráfico de
influencias y falsificación de títulos universitarios había sido
cubierta por tres ediciones de “Mi Nación” en 2006.
A Alvarado y
a otros dos profesores universitarios que habían aparecido en el
programa de Alvarado para discutir las acusaciones, se les retiraron los
cargos en marzo de 2011. Sin embargo Flores apeló la decisión y en
diciembre de 2013, la Corte Suprema de Justicia en la capital,
Tegucigalpa, condenó a Alvarado por difamación criminal —a pesar de que
el veredicto de no culpabilidad fue confirmado por los dos profesores y
de que el Tribunal dio por probado que Flores estaba implicada en algún
delito.
Tras su condena, Alvarado fue objeto de hostigamiento y
amenazas a principios de 2014 a través de su página de Facebook y de la
de la periodista y defensora de los derechos humanos Dina Meza, que
hizo varias publicaciones protestando por la sentencia de Alvarado. Un
mensaje a la cuenta de Facebook de Alvarado, con fecha de 7 de febrero,
lo amenazaba de muerte a él y a miembros de su familia. PEN
International protestó por considerar que la condena de Alvarado tenía
motivaciones políticas y pidió a las autoridades que investigaran las
amenazas. Previamente, Alvarado había sufrido meses de amenazas y
hostigamientos que culminaron en un presunto atentado contra su vida que
lo llevó a suspender su programa de en Radio Globo en marzo 2013.
Como resultado de esta intimidación y la falta de fe en la
imparcialidad del sistema de justicia, Alvarado decidió no apelar su
condena y optó por pagar una multa de 10 lempiras por cada día de
condena (unos 250 dólares estadounidenses) con el fin de evitar el
encarcelamiento. El 28 de abril de 2014, en una audiencia, el juez
levantó también la prohibición de ejercer el periodismo. Después de la
audiencia, Alvarado agradeció a la prensa por seguir su caso y apeló a
la unidad entre los periodistas afirmando: “No debemos pensar en
nosotros mismos como periodistas de diferentes ideologías, ya que
estamos unidos por la lucha para defender nuestro derecho a expresarnos
libremente. Si estamos aislados, las cosas irán a peor y todos podríamos
ser encarcelados”.
Sin embargo, el 2 de mayo de 2014, el
abogado de Flores apeló la decisión del juez de anular la prohibición de
trabajo impuesta a Alvarado. Flores también ha indicado que pretende
iniciar procedimientos civiles contra el periodista por difamación. Si
dicha demanda tiene éxito, se le podría otorgar el derecho al cobro por
grandes daños, lo que en última instancia podría llevar al
encarcelamiento de Alvarado si no pudiera pagar.
La petición de
PEN sostiene que Alvarado se encuentra en riesgo de sufrir un daño
irreparable a su derecho a la libertad de expresión a causa los procesos
penales, que han durado casi ocho años y que ahora amenazan con
retirarle su derecho a trabajar como periodista y sus propiedades.
PEN y sus co-demandantes piden a la CIDH que solicite al Estado de
Honduras que adopte medidas cautelares para evitar el daño irreparable a
los derechos de Alvarado y la sociedad en general. El Estado de
Honduras debe llevar a cabo una investigación sobre el caso de Alvarado y
evitar la ejecución de la sentencia, afirma la petición, que también
hace un llamamiento al estado para que proporcione al periodista
guardaespaldas de la policía para proteger su vida e integridad física.
En virtud del Reglamento de la CIDH, en situaciones graves o de
urgencia, la Comisión puede solicitar a un estado que adopte medidas
cautelares para prevenir daños irreparables a las personas que están
bajo la jurisdicción de los estados miembros de la Organización de
Estados Americanos. La CIDH ha establecido previamente que la sentencia
que prohíbe la práctica de la profesión de periodista no sólo limita el
derecho a la libertad de expresión, sino que también causa un daño
irreparable al honor de la persona condenada.
Estas medidas han protegido a miles de personas en toda América desde que el mecanismo fue introducido en 1967.
En un informe de enero de 2014 Honduras: periodismo a la sombra de la
impunidad, PEN International, PEN Canadá y el Programa International de
Derechos Humanos (International Human Rights Program, IHRP) de la
Universidad de Toronto, destacaron el empeoramiento de la situación de
los periodistas y otros escritores en Honduras.
Para más
información, póngase en contacto con Tamsin Mitchell,
Investigador/Activista de América, en PEN International, Brownlow House,
50/51 High Holborn, Londres WC1V 6ER, Tel: +44 (0) 20 7405 0338; Fax:
+44 (0) 20 7405 0339; email: tamsin.mitchell@pen-international.org
Note to editors:
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