Ley de Consulta promovida por ONUREDD y el Estado de Honduras viola el Convenio 169 de la OIT
Sambo Creek 17 de agosto de 2016.- En Honduras hasta la fecha los
pueblos indígenas sufrimos un colonialismo interno practicado como una
política de Estado, que ha dado lugar a una enorme cantidad enorme de
violaciones a los derechos; entre otras el doloroso asesinato de la
líder indígena Berta Cáceres, acontecido hace casi seis meses, sin que
hasta la fecha se haya develado los nombres de los autores intelectuales
del macabro crimen.
El Estado de Honduras ratificó el Convenio
169 de la OIT en el año de 1995, sin que posteriormente adaptara las
leyes nacionales al Convenio como lo sugiere el espíritu de la
Convención de Viena sobre tratados(1969). Es más, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) promovió una Ley indígena
que todavía se encuentra en salmuera en el Congreso Nacional, con la
cual el Estado de Honduras y el BID pretendieron diluir el Convenio 169 y
convertirlo en una ley secundaría plagada de falencias.
Después
de 21 años de la ratificación del Convenio 169, el Estado, apoyado por
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pretenden
imponer una Ley de Consulta Previa, Libre e Informada
(CPLI), la cual desconoce la voluntad de los pueblos. Con el agravante
que en su artículo 20 señala como la decisión final recae en el
Estado, desconociendo de esta forma la condición de Consulta Libre.
Desde
el año 2013 es cuando el Programa REDD requiere de la existencia de una
Ley de Consulta para poder cumplir con los preceptos estipulados de las
Salvaguardas
de sus proyectos. Desde ese momento el PNUD asume la promoción de la
creación de una Ley de Consulta, apoyando a la Confederación de Pueblos
Autóctonos de Honduras (CONPAH), la que socializó su borrador en la
ciudad de La Ceiba en febrero de 2015. Posteriormente DINAFROH creó su
propio anteproyecto de ley, mientras el Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Honduras
introdujo al Congreso Nacional su versión de Ley de Consulta la que fue
elaborado por los pueblos en una serie de talleres comunitarios. Como
sorpresa final, el actual gobierno introdujo este año su versión de Ley,
la que fue elaborada a puertas cerradas, y definitivamente redactada
para defender los intereses del Estado, transnacionales y el Consejo
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).
El Estado de Honduras en
las últimas dos décadas ha tergiversado en múltiples ocasiones la
Consulta convirtiéndola en una simple socialización, y es precisamente
lo que pretende a través de una serie de reuniones “comunitarias’ con el
pueblo Garífuna, las cuales inicia el día de hoy en la comunidad de
Corozal, la que a través de su Patronato señaló que no fue consultada
para la realización de dicha reunión.
En muchas ocasiones las
instancias estatales utilizan prebendas o promesas de proyectos para
obtener el beneplácito de los supuestos líderes comunitarios, siendo
esta técnica utilizada con mucha frecuencia en Honduras. Al mismo tiempo
que se distorsiona la representatividad utilizando grupúsculos para
dividir las posiciones asumidas por los pueblos.
Después del golpe
de estado del año 2009, se aprobaron una serie de leyes a matacaballo,
totalmente nocivas para los pueblos indígenas: desde la Ley de Aguas,
Forestal, Pesca, RED y posteriormente la ZEDE, además de la entrega de
la plataforma continental en la Moskita a BG-SHEL. Tanto DINAFROH como
la CONPAH se sumieron al silencio al respecto. De ahí que concederles el
beneficio de la duda, a las posibles “buenas intenciones” que albergue
el anteproyecto de Ley introducido por el Estado al Congreso Nacional,
es inaudito y mucho más cuando CONPAH y DINAFROH elaboraron sus
propias versiones de la Ley de Consulta, las que aparentemente fueron
soterradas en aras de los "intereses" del Estado.
DINAFROH -ente
estatal creado después del golpe de estado- viene efectuando una
socialización de la versión de ley fabricada por le Estado, a la que
denomina consulta. Dicha versión de ley es adecuada para los intereses
del Programa REDD, el que en Africa, con el pueblo Sengwer ha demostrado su esencia neocolonialista.
La
defensa de la obsoleta soberanía westfaliana que ha esgrimido el Estado
en los casos de las comunidades Garífunas en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte IDH), demuestra su desconocimiento de la
autodeterminación de los pueblos. El estado de Honduras fue condenado
por la Corte IDH en las sentencias sobre las comunidades de Punta Piedra
y Triunfo de la Cruz, en relación a la violación del Derecho a la
Consulta Previa. La farsa que está promoviendo el Estado y el PNUD no se
ciñe a los estándares internacionalista en materia de derecho indígena y
mucho menoso se apega al Ius Cogens.
Organizacion Fraterna Negra Hondureña, OFRANEH
