En el Informe de la Aplicación de Normas de la OIT
se encuentran registras las participaciones del estado de Honduras y de
representantes de los sindicatos que expusieron sus ponencias. En esta
nota nos referiremos especialemtne a la versión de la farsa del estado
de Honduras en relación a la consulta sobre los hidrocarburos en la
Moskitia.
En el informe estatal señala que “en la zona marítima de la
Mosquitia, a efecto de realizar el proceso de exploración de
hidrocarburos, se adoptó un proceso de consulta durante el período
comprendido de septiembre a noviembre de 2013; se realizaron diez (10)
asambleas de consultacon los consejos territoriales de la Mosquitia”.
Sí bien la supuesta consulta con el pueblo Miskito se efectuó a partir de septiembre, el Congreso Nacional aprobó a matacaballo el 21 de mayo de 2013, en un sola sesión el contrato con la empresa British Gas (BG). De forma previa el Consejo de Ministros aprobó el contrato el 9 de Abril,
el que según el cuestionado ex ministro de la Secretaría de Recursos
Naturales (SERNA), el Señor Rigoberto Cuellar, se otorgaba 35,246 kms2 a
la empresa británica para la exploración y posterior explotación da la
plataforma marítima en la Miskitia.
El estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT y la
Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas
(DNUDPI), instrumentos legales firmados y ratificados por Honduras, los
que obligan a efectuar una consulta previa para la obtención del
consentimiento, antes tomar medidas legislativas que puedan afectar a
los pueblos indígenas.
El pueblo hondureño conoció las pretensiones de BG a través de un
programa de televisión transmitido el 25 de octubre de 2012, en el cual
concurrió el señor Roberto Cáceres -actual director de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos- él que en aquel entonces fungía como
asesor presidencial en materia de hidrocarburos.
La OFRANEH fue contactada a través de un nota enviada el 5 de agosto de 2013
por un funcionario de SERNA, en la cual se refiere a “coordinar las
acciones correspondientes a este proceso de socialización o consulta” .
No es la primera vez que las autoridades de SERNA confunden
socialización con consulta, demostrando una habitual ignorancia supina,
especialmente en relación a los derechos de los pueblos indígenas.
El estado de Honduras acompañado por BG efectuaron una serie de
socializaciones en las comunidades Mikistas en el mes de septiembre, en
las cuales las comunidades demostraron su repudio a la socialización,
ya que el contrato había sido firmado seis meses atrás.
El informe presentado ante la OIT indica además que “Esta
practica de consulta previa, libre e informada se implemento desde el
2011; inicialmente se aplicó a proyectos hidroeléctricos localizados en
la zona indígena Lenca del país”. Cabe señalar que el asesinato de la
líder indígena Berta Cáceres está relacionado precisamente con el
rechazo presentado por el pueblo Lenca en relación a la construcción de represa de Agua Zarca,
donde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH) efectuó varias consultas en relación a las diversas
hidroeléctricas, cuyos resultados fueron ignorados por el estado.
Posterior a la reunión en Ginebra, funcionarios estatales procedieron
a diluir las acusaciones presentadas en contra de Honduras en la OIT,
haciendo alarde de haber obtenido un gran logro ante la OIT, ademas de
indicar que se encuentran en el proceso de elaboración de una Ley de
Consulta, 21 años después de haber ratificado el Convenio 169. Aducen
entre otras la existencia de una “mesa técnica interinstitucional del
Convenio núm. 169, integrada por 19 instituciones del Gobierno para la
elaboración, ejecución y seguimiento del instrumento legal de consulta”.
Sin embargo el estado de forma deliberada ha excluido al COPINH y la
OFRANEH, organizaciones indígenas que hemos venido defendiendo los
derechos territoriales y culturales de nuestros pueblos. Durante años
hemos señalado las inconsistencias del programa de Reducción de las
Emanaciones Y Degradación del Bosque (REDD, por sus siglas en inglés)
-promovido por Naciones Unidas y el Banco Mundial- especialmente los
abusos que se puedan dar a través del artículo 100 de la Ley de
Propiedad (creada por el Banco Mundial). Naciones Unidas viene
promoviendo desde hace tres años la adopción de una Ley de Consulta para
así poder implementar los supuesto proyecto de protección del bosque,
que en otras latitudes del planeta no han sido más que una estrategia de
despojos de los territorio indígenas.
El Observatorio de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODPINH) elaboró
un anteproyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) el
que fue presentado en el mes de mayo del presente año al Congreso
Nacional por el diputado Rafael Alegría. Mientras tanto, el estado
presentó una versión de Ley de Consulta que la convierte una simple
socialización para la obtención de reparaciones más que de un consenso.
Desafortunadamente la versión estatal es la que viene socializando la
Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH) con el
acompañamiento de Naciones Unidas
A partir del golpe de estado del 2009 se ha venido dando una
avalancha legislativa, de corte neoliberal, en la cual de las leyes
emitidas afectan a los pueblos indígenas, sin haber sido consultados. La
Ley de Aguas, Minería, Forestal, Pesca, RED y posterior ZEDE, son entre
otras más, una hecatombe para nuestros pueblos, los que cada día
corremos aún más el peligro de perder nuestros territorios.
Una vez más insistimos en la urgencia de dotar a los pueblos
indígenas de Honduras de instrumentos jurídicos que se ciñan a los
Convenios y Declaraciones internacionales ratificados por el estado de
Honduras. Ademas del imperativo de emitir una Ley de Consulta Previa
destinada a defender los intereses de los pueblos y no a un estado
vinculado a empresas extractivas y programas neocolonialistas.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
