No obstante, hasta ahora, el Estado de Honduras, a través del Ministerio Público (MP), el Juzgado de Letras de La Esperanza y la Corte de Apelaciones de Comayagua, declaró en secreto la causa; negando el derecho a que las víctimas tengan acceso a la investigación y puedan coadyuvar en la búsqueda de verdad y justicia en este crimen. Todas estas instancias, al margen de la ley e irrespetando estándares internacionales, rechazaron nuestras peticiones para que se nos permita tener acceso a la investigación.
Lamentamos que, no obstante estar personados en los expedientes del caso, como equipo de Abogados y que la Fiscalía del Ministerio Público, así como los Tribunales conocen nuestros números de teléfonos, correos electrónicos y otros medios para localizarnos; hasta ahora no hemos recibido notificación alguna sobre ninguna incidencia del procedimiento investigativo, incluyendo lo que se cita en el comunicado sobre el “Operativo jaguar”.
Esta actitud constituye una clara violación a los derechos de las víctimas en el proceso penal, por lo que pedimos al Ministerio Público que interrumpa su conducta ilegal y cese la violación de los derechos de las víctimas. Parte de nuestro equipo ha hecho comunicaciones por vía telefónica con algunos de los fiscales que participan del caso, además nos hemos desplazado a las oficinas del MP y del mismo Poder Judicial, para que se nos brinde información y se permita ejercer nuestra representación de las víctimas. A esta hora la respuesta sigue siendo el hermetismo.
Esperamos que la justicia hondureña enmiende su proceder y nos permita, realmente, participar del caso y contribuir a que en este crimen no queden impune ninguno de los autores y participes: los materiales, los intelectuales, incluyendo los funcionarios estatales que por acción y por omisión pudieran ser parte del crimen y su pretendida impunidad.
Hoy más que nunca, resulta necesaria la incorporación de un equipo de investigación independiente, bajo la dirección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como lo ha peticionado la familia. Finalmente, exhortamos a las autoridades hondureñas a que sean transparentes y que no sigan pareciendo interesadas en proteger a determinados actores de grupos económicos, financieros y funcionarios de gobierno que pudieran ser responsables del crimen.
