En mayo del 2012 aconteció la masacre de Ahuas, cuando helicópteros
de la DEA ametrallaron a un grupo de mujeres y menores de edad Miskitos
en el río Patuca. Días antes de la masacre el New York Times publicó un
artículo intitulado “Lecciones de Irak ayudan a Estados Unidos a luchar
contra la droga en Honduras”; dando lugar al inicio de una supuesta
ofensiva contra el narcotráfico, tras décadas de la metástasis del
crimen organizado a lo largo de México y Centroamérica, la cual se dio
con la complacencia de la élite de poder local y de las fuerzas
imperiales.
En la medida que el crimen organizado se fue apoderando de las
instituciones gubernamentales a través de la compra de operadores de
justicia, fuerzas de seguridad, además de aliarse con la élite de poder;
se inició una ofensiva en contra del movimiento social que de cierta
manera interfería con sus intereses y proyectos de “desarrollo”.
El lavado de activos a través de minería, hidroeléctricas,
plantaciones de palma africana y la “compra” de enorme tractos de
tierra, reconfiguró el aparato productivo del país, que si bien creo
algunas fuentes de trabajo, dio lugar a un incremento del feudalismo
especialmente en las zonas rurales; además de intensificar la rapiña
territorial que viene aquejando a Honduras desde hace décadas.
Las elecciones del año 2013 pasaron a la historia como la
confirmación de la narco democracia en Honduras: compra de votos, y la
alteración de las actas electorales, sirvió para que buena parte de las
municipalidades y curules legislativos pasaran a manos de los carteles
de las drogas.
Mientras tanto la persecución de los defensores de los bienes comunes
se convirtió en una de las misiones estatales, para favorecer a la
élite de poder y sus nuevos padrinos, de los cuales aprendieron que la
violencia produce enormes réditos económicos.
En las últimas semanas los medios de comunicación hondureños -los que
se plegaron al golpe de estado del 2009- aparecen haciendo eco a los
señalamientos provenientes de la Fiscalía de Nueva York, donde efectúan
señalamientos a políticos, banqueros y miembros delas fuerzas de
seguridad que se habían puesto a las ordenes del crimen organizado,
entregando el país al narcotráfico.
La gravedad de las denuncias presentadas por el gobierno de los
Estados Unidos no causaron mayor impacto en Honduras, donde esa
información desde hace años formaba parte de la ola de rumores en los
que señalaban a miembros de casa presidencial como parte de las redes
implicadas en el desmantelamiento de Honduras y su conversión en un mar
de sangre.
El asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres -convertida en
“ambientalista” por los medios de comunicación- demostró la intolerancia
que padece la élite de poder en Honduras. El asesinato fue perpetrado
por un oficial de “inteligencia” del ejercito, asignado como instructor
en la Policía Militar, acompañado entre otros por un ejecutivo de la
empresa DESA, la que pertenece al clan Atala-Faraj.
Todo parece indicar que aquellos que promovieron el asesinato de
Berta auguran la desaparición del COPINH, ante su infatigable lucha por
la defensa del territorio y la cultura Lenca, ademas del loable trabajo
que han realizado en búsqueda de la aplicación de justicia en un país
donde el 95% de los asesinatos quedaron en la impunidad y varios
crímenes de personajes de alto perfil, fueron fraguados en los cuarteles
de la colapsada policía.
La fracasada guerra contra las drogas promovida por los Estados
Unidos desde hace más de cuatro décadas, muestra en el caso de Honduras
el ejemplo clásico de un fracaso rotundo, que pudo haber sido un hecho
premeditado. Los Estados Unidos comenzaron a intervenir de forma
tardía, dando lugar a una putrefacción del aparato judicial y fuerzas de
seguridad. Además de permitir en nombre de la gobernabilidad la
asociación de Estados Unidos con gobiernos evidentemente relacionados
con el crimen organizado.
La república mafiosa que padecemos en Honduras en cierta forma es
consecuencia de la enorme farsa en que se ha convertido la guerra
contra las drogas. Al mismo tiempo que la persecución frontal que existe
contra defensores de los bienes comunes -la mayoría provenientes de
pueblos indígenas- nos ha dejado totalmente desprotegidos, ya que el
colapso institucional existente en el país permite la eliminación de
aquellos que se oponen a la dictadura civil.
Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH