Después de 17 días donde se efectuaron seis intentos para elegir la
nueva Corte Suprema de Justicia del país, finalmente se eligió los
candidatos impuestos por el Poder Ejecutivo. Los hondureños estuvimos
siguiendo con atención la telenovela, en la cual buena parte de los
“honorables” diputados se fueron despojando de su dignidad y
confabulando para elegir una corte a la medida de las necesidades de la
Casa Presidencial.
Desde la elección de la Corte vigente a inicios del año 2009, se
fueron creando las condiciones para el golpe de estado de junio de ese
año, cuando el Congreso Nacional se alió con la Corte Suprema para
defenestrar a la administración de Manuel Zelaya Rosales.
El “golpe suave” promovido por la ultraderecha hondureña y
estadounidense, se tornó en una manual que posteriormente fue puesto en
práctica en el Paraguay y se ha convertido en el recurso del método para
amedrentar a gobiernos indóciles a los mandatos del capital
transnacional.
Los correos de la Secretaria de Estado Hillary Clinton
que han salido a la luz pública,demuestran el doble discurso de la
administración Obama, que sí bien entre dientes condenó el golpe, al
mismo tiempo hizo todo lo posible para diluir la posibilidad de un
retorno de Zelaya al solio presidencial.
Con las elecciones efectuadas en noviembre del año 2009, promovidas
por la misma Clinton y la OEA, en un ambiente enrarecido por la
violencia y sin la existencia de oposición alguna al Parido Nacional de
ultraderecha, se consolidó en Honduras la administración de Pepe Lobo,
la cual fue adquiriendo cada día mas el matiz de una dictadura civil,
donde el crimen organizado se insertó en el poder legislativo; y la policía nacional se convirtió en controladores aéreos al servicio de los carteles de las drogas.
En medio del caos surgido por la destrucción de la incipiente
democracia surgió el plan económico del régimen de Pepe Lobo: la subasta
del país por retazos a inversionistas extranjeros con la novedad de
permitir la creación de mini estados cuasi independientes con sus
propias leyes y fuerzas de seguridad. Bajo el rótulo de Regiones
Especiales de Desarrollo (Ley RED) conocida también como “ciudades
modelo”. La élite de poder asociada a la dictadura comenzó a promover la
entrega de Honduras, logrando el apoyo de los libertarios de
ultraderecha estadounidenses.
Ante la oposición surgida en el país y la declaración de
inconstitucionalidad de la Ley RED por parte de la Corte de lo
Constitucional, el Congreso Nacional procedió a defenestrar a la Corte Constitucional,
suplantando a los cuatro magistrados que señalaron las incongruencias
legales de las ciudades modelo. El único magistrado que se libró de la
vendetta del legislativo, el abogado Oscar Chinchilla, pasó a ser el
Fiscal General, en un posterior golpe al Ministerio Público, acontecido en agosto de 2013.
Como parte de la tormenta política que atraviesa Honduras, producto
de la enorme corrupción suscitada por el partido en el poder, los que
saquearon el Instituto Hondureño de Seguro Social (IHSS) entre otras
instituciones gubernamentales; además de las extradiciones de
“honorables” hondureños ligados al narcotráfico y al lavado de activos,
la actual administración consideró mas que indispensable asegurarse una
nueva corte suprema fiel a sus intereses, ya que existen rumores de una
larga lista de políticos, empresarios y lancheros asociados a los
carteles de la droga y la corrupción, y que aparentemente son
solicitados por los Estados Unidos.
Juan Orlando Hernández, fue elegido en un borrasca electoral, donde
los señalamientos de fraude e intervención del crimen organizado pasaron
inadvertidos tanto por la embajada estadounidense, OEA y ONU que
corrieron a felicitar al antiguo presidente del Congreso Nacional.
Hernández, confeso admirador del dictador Tiburcio Carías (1933-1949)
más de un vez ha declarado su aspiración a gobernar durante cincuenta
años, para lo cual su correligionario, el recién extraditado
expresidente Rafael Callejas inicio las gestiones ante la Corte Suprema
destinadas a modificar la constitución y así poder crear las condiciones
para perpetuar la actual dictadura civil.
La africanización de la política hondureña es cada día mas evidente y
va más allá del “mes de la herencia africana”. Para el capital
transnacional un país con instituciones débiles representa la
posibilidad de mayores ganancias. Africa se ha convertido en un modelo
económico de saqueo y de irrespeto a a los derechos humanos.
Uno de los paradigmas de la entrega de recursos y desplazamiento
poblaciones es Yoseweri Museveni, el que desde 1986 se ha mantenido en
el poder con el apoyo irrestricto de los Estados Unidos y la Unión
Europea, países que han ignorado el lago de sangre en los países de
Africa central, consecuencias de los abusos para perpetuarse en la
presidencia a través de farsas electorales. Museveni con su discípulo y
Paul Kagami -presidente de Rwanda desde el final del genocidio ocurrido
en ese país a mediados de los años 90- han sentado cátedra del
desprecio hacia sus propios pueblos y han participado en el saqueo de
la República Democrática del Congo, donde han sido asesinados más de
cinco millones de personas en nombre del mineral coltán.
La elección de la nueva Corte Suprema coloca a Honduras más cerca del
régimen autocrático de Uganda que de la vecina Costa Rica, la que sin
ejercito alguno ha logrado escapar a de la violencia y guerra silente
padecida por los países del triángulo de la muerte.
La nueva Corte se convierte en un recurso para que la dictadura se
afiance en el poder y pueda continuar el saqueo de los recursos e
instituciones estatales. Mientras tanto la ola migratoria hacia los
Estados Unidos continúa como una hemorragia imparable, ya que para la
gran mayoría de los hondureños la violencia y la pobreza forman parte
del colapso de la “república mafiosa” en la que estamos obligados a
sobrevivir.
Sambo Creek, febrero de 2016
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH