Palabras de Bertha Zúniga Cáceres en la gira de denuncia a las políticas de los G-7 a propósito de su encuentro en Alemania en el mes de junio.
Como
resultado de un modelo de consumo insostenible para la vida se ha
producido un desgaste sin presedentes en la naturaleza que entre sus
consecuencias se encuentran el calentamiento global que amenaza la
vida en nuestro planeta y para dar una respuesta a este fenómeno
las potencias económicas del mundo han diseñado una serie de
medidas que en su discurso servirán para frenar la acelerada
destrucción de la madre naturaleza, de ahí surge la llamada
“Economía Verde”.
Al
aceptar las potencias económicas que el sistema capitalista produce
alteraciones del clima a nivel mundial entró en vigor el “Protocolo
de Kioto” en el año 2005, que no fue ratificado por los Estados
Unidos, este planteaba la urgencia de reducir las emisiones de
dióxido de carbono en un 80% para el año 2012.
A
partir de este contexto comienzan la implementación de una serie de
proyectos suspuestamente ambientalistas y que se autodenominan
“Verdes”, de producción de “energía limpia” que no
cuestionan la producción capitalista que nos ha llevado a la crisis
ambiental, sino que han creado un nuevo mercado en el cual la
naturaleza es mercancía de una manera no vista antes.
Las
potencias del G-7 decidiendo sobre el mundo han diseñado una nueva
estrategia para seguir apropiándose de la vida y seguir
profundizando la concentración de la riqueza y estos se implementan
en nuestras regiones.
Es en
este contexto los pueblos originarios principalmente nos encontramos
en una gran amenaza ya que para hacer funcionar a la “Economía
Verde” nuestros territorios, en los que por milenios se han
preservado los bienes comunes de la naturaleza entre los que se
encuentran una gran riqueza biológica, mineral, escénica y hasta
espiritual, son amenazados por la codicia de las empresas
transnacionales. Todos estos proyectos plantean grandes retos, no
solo en Honduras, sino para Latinoamérica y el resto de pueblos del
mundo saqueados históricamente y a los que se nos ha catalogado como
“sub-desarrollados”.
Este
nuevo mercado funciona en base del uso, apropiación y
mercantilización de la naturaleza en el que los procesos de los
ecosistemas que mantienen y permiten la vida, los bienes que nos
provee la naturaleza, lo que mantiene el funcionamiento de los
ecosistemas y hasta los aspectos culturales tienen un precio. Esto
significa que la visión del mundo que están planteando equivale a
la mercantilización de la vida en su totalidad.
En
Honduras, un país en el que se están sufriendo los efectos del
Golpe de Estado del 2009 con la profundización del modelo
extractivista en el que se ha diseñado todo un marco jurídico que
garantiza el saqueo de nuestros territorios, defender la vida nos
convierte en enemigas y enemigos del todas estas empresas, del
gobierno y sus instrumentos jurídicos y militares y del sistema
capitalista.
Este
modelo extractivista se concreta con el desarrollo de las Zonas
Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), la aprobación de
alrededor de 850 concesiones para la explotación minera, el avance
de la militarización como garante de la inversiones de empresarios
nacionales y empresas transnacionales, la transformación del Estado
y todas sus instituciones en protectoras del modelo neoliberal y
ahora con la amenaza de la creación de los mercados de carbono en el
que empresas “ecológicas” adquieren derechos de propiedad sobre
los bosques que pertenecen a los pueblos originarios, de los que se
vende el oxígeno, de los que se roba información genética y el
conocimiento milenario de las plantas.
También
sufrimos las consecuencias de la implementación de la siembra de
monocultivos de palma africana para la producción de biodiesel.
Estas tierras han sido acaparadas por el empresario Miguel Facussé
que ha expusado de la tierras a los campesinos y campesinas del
Aguán, al norte del país. La siembra de monocultivos ha puesto en
crisis la producción de los granos básicos para la alimentación de
la población ya que en Honduras son destinadas 250,000 hectáreas de
tierra sólo para la siembra de palma africana.
Además
forman parte de los proyectos saqueadores la construcción de parques
eólicos que expulsan de sus tierras a comunidades y producen
afectaciones psicológicas por el ruido de las turbinas, pero lo más
peligroso es que se conceden derechos sobre el uso de las tierras
comunitarias a empresas productoras de energías limpias.
Los
pueblos originarios somos amenazados por la construcción de las
represas hidroeléctricas que también entran en la categoría de
productoras de energía “limpia” por el simple hecho de no
utilizar combustibles fósiles. Después del Golpe de Estado se
otorgaron 300 concesiones para la construcción de represas
hidroeléctricas que están poniendo en peligro a las comunidades
indígenas y negras. Sólo en la región lenca se planean la
construcción de alrededor de 43 represas hidroeléctricas.
Un caso
emblemático en la lucha contra la implementación de estos proyectos
en la región indígena lenca lo es la lucha contra la represa
hidroeléctrica “Agua Zarca” en la comunidad lenca de Río
Blanco, al norte de Intibucá, en el suroccidente del país. Esta
represa creó un fuerte conflicto en la comunidad en la que el río
Gualcarque, que tiene una connotación sagrada para la población,
intentando cortar su cause y alterando la funcionalidad que tiene
para los pobladores y el ambiente. Este proyecto comenzó a
implementarse en el año 2013. La concesión de la represa la tiene
la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA) y en un principio la
empresa ejecutora fue SINOHYDRO (Empresa china constructora de
represas más grande del mundo) que gracias a la lucha de la
comunidad abandonó la inversión. La amenaza a la comunidad continúa
luego de tener muchos mártires, los dueños tienen la intensión de
mover la represa 1.5km río arriba. Son inversoras de este proyecto
la compañías alemanas Voith Hydro que tiene financiamiento de
Siemens en la que se ha planteado la violación de DDHH que ha
significadoel desarrollo de este proyecto y de la que se han
desentendido.
El
propósito de nuestra gira por Alemania fue desmentir los resultados
de los proyectos de la “Economía Verde” y demostrar que estos
constituyen grandes retos para las poblaciones ya que representan el
fortalecimiento del capitalismos y de las corporaciones que avanzan
apropiándose de la vida, como por las consecuencia directas para las
poblaciones. Estos generan energía para sostener el turismo, las
industrias y la maquilas en los que el G 7 tiene grandes inversiones
y no para las necesidades de las poblaciones. Mientras se sostenga
este modelo económico que lo que propone es un consumo desmedido el
clima y la vida de todos los seres estará en peligro.
Recorrimos muchas ciudades de Alemania compartiendo con la población
nuestras problemáticas y reflexionando en las alternativas de
modelos de vida, motivando a acciones concretas para presionar al
gobierno Alemán y a las empresas que tiene cese en este país.
Creemos que las luchas tienen mejores resultados cuando se hacen de
forma articulada. Los días 7 y 8 de este mes los G 7 se reunieron
para discutir sus políticas económicas, de seguridad y de respuesta
ante el cambio climático y ahí estuvimos presentes hermanas y hermanos de Colombia, México, Costa de Marfíl y Túnez en la Cumbre de
las Alternativas alzando nuestra voz para expresar el impacto que
tienen en nuestros territorios el militarismo, los TLCs, en las causas de la migración desde África con la propuesta de respuesta de solidaridad transnacional.
