Mesoamérica, 7 de
abril de 2015
- Las más de 380 mujeres defensoras de
derechos humanos de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua,
procedentes de diversas organizaciones, activismos y movimientos sociales, que
integramos la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos
(IM-Defensoras), manifestamos nuestra preocupación ante el alarmante
incremento de los casos de criminalización a defensoras en la región, lo cual
parece responde a un patrón sistemático de actuación por parte de gobiernos y
actores privados destinado a limitar e inhibir la continuidad de la labor de
las mujeres defensoras de derechos humanos en nuestros países.
La IM-Defensoras
expresa preocupación, indignación y total rechazo a la situación de
criminalización en que se encuentra nuestra compañera Gladys Lanza,
defensora hondureña de los derechos humanos de las mujeres, quien a causa del
acompañamiento que su organización, el Movimiento Mujeres por la Paz
Visitación Padilla, llevó a cabo de una denuncia por acoso sexual y despido
improcedente contra el director de la Fundación para la Vivienda Social,
Urbana y Rural (Fundevih), ha sido injustamente procesada por un delito de
difamación e injuria y condenada a 18 meses de cárcel e inhabilitación.
Un caso similar, de
reciente resolución, es el protagonizado, en México, por Bettina Cruz
Velázquez, oaxaqueña, indígena binnizá, defensora del territorio integrante
de la Asamblea de
Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIITDTT),
quien tras haber sido víctima de detención arbitraria en 2012 ha tenido que
enfrentar un proceso penal absolutamente infundado, en el transcurso del cual
ha sido obligada a acudir cada mes al juzgado para firmar, con las evidentes
repercusiones que ello supone tanto para su vida personal como para su labor de
defensa de derechos humanos. Además, en lo que parece ser otro componente de
los patrones en los casos de criminalización, el proceso se ha prolongado de
manera injustificada durante más de dos años, tiempo durante el cual tanto la Red
Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México como la IM-Defensoras
la acompañaron.
En Guatemala, el
recurso a la criminalización, ya sea por parte del Estado o por parte de
agentes privados, está también generalizado y tiene repercusiones mayores en la
vida de las defensoras quienes, durante el proceso, llegan incluso a ser
sometidas a largos períodos de privación de libertad. Este es el caso vigente
de la defensora Bárbara Díaz Surín, presidenta del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE)
de Cruz Blanca en San Juan Sacatepéquez y líderesa del movimiento que se opone
a la construcción de la planta cementera San Gabriel de la empresa Cementos
Progreso, quien tras ser detenida de manera
improcedente y sometida a una audiencia previa que no contó con las mínimas
garantías procesales, como la presencia de una persona traductora de
Kaqchiquel, actualmente se encuentra en prisión preventiva bajo acusaciones falsas de homicidio.
En este caso también se hace patente el recurso por parte de las instituciones
responsables al retraso en la resolución, pues la Audiencia en la que se debía
decidir la situación de Bárbara Díaz, prevista para febrero de 2015, fue
aplazada, prolongado así la situación de prisión preventiva de la defensora.
Además, es importante no olvidar que dicha prisión preventiva fue decretada
pese al requerimiento por parte del abogado defensor para que se concediese
arresto domiciliario a fin de que Bárbara
Díaz Surín pudiera seguir cuidando a sus siete hijos. Tampoco
debemos olvidar que la Empresa Cementos Progreso es la misma que en 2013 inició un proceso de
criminalización contra la periodista y defensora maya de derechos humanos Francisca
Gómez Grijalva, a raíz de un artículo de opinión que ésta publicara en el diario Prensa Libre, y que
hasta la fecha tampoco ha sido resuelto.
Otro caso reciente en Guatemala es el de la defensora Blanca
Julia Ajtum Mejía, Vicepresidenta del Comité de Desarrollo Campesino
(CODECA), quien en junio de 2014, tras ser secuestrada junto a otros dos
compañeros de organización por trabajadores de la empresa ENERGUATE, fue
detenida ilegalmente y encarcelada sin que existiera orden de captura alguna. Su privación de libertad se prolongó hasta finales de
septiembre, cuando
en Audiencia Intermedia el juez decretó libertad bajo fianza y continuar con un
proceso penal basado en un expediente conclusivo del Ministerio Público que no
muestra ningún elemento probatorio convincente que ligue a la defensora de
derechos humanos con los delitos de estafa y actividades en contra de la
seguridad interna de la nación de que se la acusa. Por lo que el caso aún sigue
abierto.
Estos casos y otros acaecidos en los últimos años, como el de
Bertha Cáceres en Honduras o el de las compañeras feministas del Movimiento
Autónomo de Mujeres (MAM) en Nicaragua, dan cuenta tanto del carácter
sistemático con que los Estados y otros poderes fácticos de la región,
principalmente económicos ligados a megaproyectos trasnacionales, recurren a la
criminalización de las defensoras como una estrategia para limitar e inhibir la
continuidad de su labor, tanto a nivel individual como colectivo.
Este contexto de criminalización, además, converge con la
agudización del contexto de violencia en la región, la cual afecta
especialmente a las mujeres y a las defensoras de derechos humanos en
particular, incidiendo en su vulnerabilidad e indefensión.
En El Salvador, donde hay un promedio de 14 asesinatos
violentos al día, el aumento de la violencia en las últimas semanas se refleja
en el alarmente incremento en asesinatos de mujeres trans. La situación de
violencia en este país ya había sido acreditada por la IM-Defensoras en
nuestro Diagnóstico de Violencia 2012, señalando el vínculo entre las posturas
conservadoras y misóginas y el incremento de agresiones a defensoras quiénes
defienden derechos que no son reconocidos como tales, como es el caso de los
Derechos Sexuales y Reproductivos.
También expresamos nuestra preocupación ante la represión por
parte del gobierno nicaragüense a las compañeras feministas y defensoras de
derechos humanos que se manifestaron pacíficamente el pasado 8 de marzo bajo la
custodia permanente e injustificada de las fuerzas policiales. Las compañeras
fueron reprimidas por manifestar su oposición a la construcción del canal de
Nicaragua, un proyecto que no fue consultado con las comunidades a quienes
afectará su construcción. A ello se une el allanamiento armado y agresión
–disfrazado de robo–, que recientemente enfrentaron integrantes del Grupo
Estratégico por la Despenalización del Aborto Terapéutico, en Managua.
Sabemos que las defensoras de Mesoamérica deben hacer frente
a una doble condición de discriminación, por ser mujeres y defensoras, lo que
aumenta su riesgo a sufrir agresiones propiciadas por un contexto profundamente
patriarcal que deposita en ellas los mandatos y prejuicios de género y que
pretenden constreñirlas al ámbito privado, familiar y preferentemente dedicadas
a las tareas de cuido.
Sabemos también que la labor de defensa concita para nuestras
compañeras no solo riesgos en razón de su activismo sino también el
agravamiento de tensiones y presiones por sostener sobre sus espaldas la
responsabilidad del sustento y cuidado de sus familias.
Sabemos que la exposición pública a que las someten los
procesos de criminalización, muchas veces acompañados de un estratégico eco
mediático, las pone en la punta de mira de la sociedad y/o la comunidad en
tanto que mujeres que traicionan los mandatos de género, llegando en muchos
casos a ser re-victimizadas bajo calificaciones como “malas madres”, “malas
esposas”, etc.
Sabemos que, de esta manera, los procesos de criminalización
no solo suponen una sanción, un impedimento y un desgaste para la defensora, sino
que afectan ostensiblemente a sus familias y entornos cercanos, tanto en lo
referente a las condiciones materiales como a las psicológicas y emocionales,
llegando incluso a abrir cicatrices que no siempre se cierran al término del
proceso.
En definitiva, desde la IM-Defensoras entendemos que la
criminalización es una de las agresiones a defensoras que más inciden en su
vida, lo que unido a las campañas de difamación y desprestigio que suelen
acompañarla, a la prolongación injustificada de los procesos judiciales que
implican, a la corrupción y disfuncionalidad de los sistemas de justicia de la
región y a las políticas imperantes que sostienen la impunidad y la prevalencia
de intereses privados sobre los públicos, la privilegian como una estrategia
preferente por parte de Gobiernos y otros actores privados para sancionar e
inhibir la labor de las mujeres defensoras de derechos humanos.
Por ello, hacemos un llamado a los gobiernos, sistemas de
justicia, empresas nacionales y multinacionales, medios de comunicación y a la
sociedad en general a:
- El cese de la criminalización como
una estrategia para limitar e inhibir la labor de las mujeres defensoras de
derechos humanos.
- Estricto apego a las leyes y al
derecho internacional y a la legislación nacional constitucional vigente en
favor de la garantía de libertad de expresión y de acceso a la justicia.
- Garantizar, promover y proteger el
derecho a defender derechos de las mujeres defensoras de derechos humanos.
- No difundir ni promover estereotipos
de género que pongan en duda la legitimidad de la labor de y mujeres defensoras
de derechos humanos.
- Perseguir y sancionar las campañas de
difamación y desprestigio contra mujeres defensoras de derechos humanos.
- Depurar responsabilidades y sancionar
a todos aquellos funcionarios del gobierno e instituciones de justicia que, por
acción u omisión, sean responsables de llevar a cabo procesos infundados de
criminalización en contra de defensoras.
- La reparación del daño material y
moral a las defensoras víctimas de procesos de criminalización.
- La penalización y la no impunidad en
los casos en que actores privados han realizado denuncias falsas con el
objetivo de criminalizar a defensoras de derechos humanos.
- Promover el reconocimiento social
respecto a la importante labor que desarrollan las defensoras, así como
respecto a las difíciles condiciones bajo las que la llevan a cabo.
- Investigar y sancionar como la ley
dictamina a quiénes sean responsables de los asesinatos y agresiones contra
mujeres defensoras de Derechos Humanos y sus espacios de reunión y/o trabajo.
Disponible para lectura y/o descarga online: https://es.scribd.com/
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos
Grupo impulsor: La Colectiva Feminista, Consorcio Oaxaca, JASS, AWID, UDEFEGUA y FCAM
