miércoles, 27 de agosto de 2014

Las Defensoras de Las 17


Son mujeres que han vivido y viven en situación de pobreza. La mayoría  tuvieron problemas obstétricos en algún momento del proceso de gestación, sufrieron  pérdidas del embarazo o experimentaron partos sin asistencia sanitaria ni médica. Llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud y, desde allí, las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a transitar del hospital a la cárcel
En El Salvador, existe la penalización total del aborto. 
La cita anterior se refiere a los casos de Las 17. En los casos de estas 17 mujeres,  el propio personal de los centros de salud notificó a la policía con la sospecha de que estas mujeres habían interrumpido su embarazo, en el marco de la penalización absoluta del aborto en el país. Todas fueron inicialmente acusadas por aborto, fueron criminalizadas y encarceladas injustamente, y ahora tienen condenas de hasta 40 años por homicidio agravado. Algunas de ellas ya han cumplido más de 10 años de sus sentencias. 
Embarazarse o no, y cuándo, es una decisión personal. Puede ser una experiencia maravillosa para las personas que lo desean. Sin embargo, en situaciones donde las mujeres no pueden controlar sus decisiones reproductivas, un embarazo no deseado por cualquier razón, puede ser una verdadera tortura[1].
En los países en donde el aborto es ilegal o muy restrictivo, como El Salvador, el aborto es la principal causa de muerte materna. El acceso al aborto legal y seguro es un tema central de salud para las mujeres. Si una mujer quiere interrumpir su embarazo, ella puede llegar hasta medidas extremas, poniendo su salud y hasta su vida en peligro. No le importará si el aborto es sancionado moralmente por ciertos sectores de la sociedad o ilegal, llegando a ser hasta criminalizado por el Estado.
Según el  Ministerio de Salud de El Salvador, en los últimos 8 años se ha dado el suicidio de 68 mujeres embarazadas. La mayoría jóvenes y adolescentes, posiblemente al afrontar embarazos productos de violación, abuso o situaciones complejas.
Criminalizar el aborto no funciona para detener el aborto. Las mujeres continúan abortando, pero ahora, en situaciones inseguras para su integridad física y su salud. La mitad de los abortos a  nivel mundial ocurren en circunstancias no seguras e ilegales, resultando en dolor crónico, infección, enfermedad o la muerte[2]. Criminalizar el aborto afecta más a las mujeres pobres. El 98% de abortos inseguros ocurren en países pobres donde el riesgo de morir es mucho más alto (1 por cada 250 en un país pobre:      1 por cada 3,700 en un país rico)[3].
Sin embargo, en el caso de Las 17 mujeres de El Salvador, casi todas fueron arrestadas mientras solicitaban atención médica por complicaciones obstétricas. Por como está contemplada la Ley en El Salvador, si una mujer llega a un centro de salud con una hemorragia o sufre una pérdida de embarazo, es sospechosa de ser una criminal y denunciada ante las autoridades; aún si su situación no es necesariamente relacionada con un aborto.
Entre 2000 y 2011, 121 mujeres fueron procesadas por delitos relacionados con el aborto en El Salvador. Existen factores comunes entre estas mujeres, ejemplificadas por el caso de Las 17.
  • A las mujeres les fue denegada una adecuada atención de salud materna.
  • La mayoría son jóvenes y solteras.
  • Las mujeres vienen de situaciones de muy escasos recursos, sus vidas están ‘marcadas por la violencia estructural de la pobreza y la falta de educación´.  
  • Destaca una falta de acceso a la justicia: “no se respetaron sus derechos al debido proceso, a una investigación imparcial y efectiva y a un juicio justo”.
Imagen de Las 17
Imagen de Las 17
En abril de este año, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (Agrupación Ciudadana) y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL), organizaciones locales que vienen acompañando a estas mujeres, solicitaron al Estado de El Salvador un indulto para Las 17.  El indulto es una alternativa que ofrece el marco jurídico salvadoreño, cuando ya se han agotado todos los recursos posibles, para corregir la injusticia y liberar a las mujeres encarceladas.
Sin respuesta del Estado hasta el momento, esta situación llevó a las defensoras de derechos humanos a presentar su caso el pasado 12 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante el 152º Período Extraordinario de Sesiones en la Ciudad de México. La respuesta de la CIDH, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, fue contundente: 
La Comisión urgió al Estado a revocar la prohibición absoluta del aborto, a fin de proteger la integridad personal y la salud de las mujeres… la criminalización absoluta del aborto en El Salvador genera en la práctica una situación de doble discriminación, toda vez que la persecución de este delito se dirige específicamente a mujeres que padecen de otras condiciones de vulnerabilidad, específicamente mujeres jóvenes pobres”
Un día después de la audiencia ante la CIDH, una columnista del Diario de Hoy, un periódico nacional de El Salvador, equiparó la despenalización del aborto a otras “increíbles atrocidades” con la “persecución y genocidio cristiano al estilo nazi”. Al referirse a los casos de Las 17, afirma “que mataron brutalmente a sus hijos ya nacidos” y recalca que los grupos a la defensa de estas mujeres,  “siempre usan mentiras para avanzar en su agenda”. 
Este artículo no es aislado sino parte de una campaña de difamación, principalmente dirigido por este periódico, con amenazas directas e indirectas en contra de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Lo que buscan es lograr a través de argumentos falsos y manipulados que los legisladores rechacen el indulto de Las 17.  Artículos de opinión sostenidos a lo largo de las últimas semanas llaman a estas defensoras, “asesinas”, “mentirosas”, “traidoras antipatriotas”, “grupos pro-muerte”, que “son capaces de multiplicar la sangre que ya corre como ríos en nuestra patria”. En un artículo relevaron todos los nombres de Las 17 mujeres involucradas, poniendo en riesgo su integridad física dentro de los reclusorios. En otros artículos han drásticamente inflado los montos de financiamiento que reciben las organizaciones que las defienden. La campaña de difamación intenta deslegitimar y desprestigiar el trabajo de estas defensoras. Se está generando un ambiente hostil y potencialmente peligroso para las defensoras de derechos humanos en El Salvador. 
Kathy Bouger analiza esta situación en un artículo publicado por RH Reality Check;
Las fuerzas salvadoreñas derechistas y ultra-conservadoras de alto perfil de grupos anti-derechos han lanzado un ataque feroz en respuesta a los avances lentos pero significativos alcanzados por la campaña feminista salvadoreña para solicitar indultos legales para Las 17…intentan influir en  la opinión pública en contra de las 17 mujeres encarceladas  publicando detalles escabrosos e inflamatorios tomados fuera de su contexto y distorsionando la verdad. Representan el pequeño grupo de familias ricas, muy conservadoras y poderosas que han controlado El Salvador durante generaciones”.  
La Agrupación Ciudadana en respuesta de esta campaña de difamación, ha exigido al Estado Salvadoreño medidas de protección y seguridad. Resultando de la audiencia ante la CIDH, El Salvador “igualmente se comprometió a crear espacios de diálogo con las defensoras de derechos reproductivos tendientes a concertar las medidas pertinentes frente a los alegatos de hostigamiento que de éstas serían objeto”. También el pasado 15 de agosto, las organizaciones solicitaron al periódico “El Diario de Hoy” un derecho de rectificación y respuesta frente a estos artículos de opinión.
Esta reciente campaña de difamación por parte de grupos fundamentalistas en un contexto de penalización absoluta del aborto ha aumentado la estigmatización en contra de las mujeres defensoras en El Salvador. Estas defensoras de derechos sexuales y reproductivos defienden derechos que no son necesariamente reconocidos como derechos en la sociedad donde viven. El poco reconocimiento  y desprestigio de su labor por parte del Estado y la sociedad, lleva a una situación donde las defensoras están expuestas a más riesgos.
En 2012, se registraron 51 agresiones en contra de las defensoras de derechos humanos en El Salvador, incluyendo 2 intentos de asesinato[1]. No podemos ignorar estas amenazas y el incremento de un clima de hostigamiento en contra de las defensoras de la campaña para la libertad de Las 17.

Imagen de Las 17

Imagen de Las 17

[1] “From Outrage to Courage” Capítulo “ The Maternity Death Road: Reproductive and Sexual Health” Anne Firth Murray, 2013.
[2] Instituto Alan Guttmacher, 2009.
[3] Organización Mundial de la Salud, 1999.