Apoyamos de manera activa y decidida, el proyecto de ley presentado por el doctor Antonio Leva Bulnes en el Congreso Nacional, con el propósito de eliminar la prohibición de la promoción y el uso de la anticoncepción de emergencia. Esta prohibición fue establecida por la Secretaría de Salud en octubre de 2009 durante el gobierno de facto, mediante acuerdo ministerial No.2744.
Con esa arbitraria determinación, a las mujeres hondureñas se nos violaron nuestros derechos humanos, vimos reducida nuestra capacidad de tomar decisiones reproductivas y nuestro derecho a la información y a tener insumos para tomar esas decisiones. Como consecuencia directa, muchas mujeres han quedado embarazadas sin desearlo y los niveles de embarazos en niñas y adolescentes han aumentado, con las consecuencias para su salud, sus sueños y su vida.
A lo anterior debemos agregar que para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual, cuyos niveles son alarmantes en el país, la única alternativa, ante la posibilidad de un embarazo producto de una violación, son las Pastillas Anticonceptivas de Emergencia (PAE). Frente a esta situación vemos como nos violan ese derecho, en este Estado de Derecho… ¿Estado de Derecho para quién, nos preguntamos?... en este caso, parece que no para las mujeres.
Además, existe basta evidencia científica de que las pastillas anticonceptivas de Levonorgestrel sólo actúan antes de la unión de un óvulo maduro con un espermatozoide, lo que significa que su mecanismo de acción no tiene efecto alguno sobre la fecundación. Es decir no promueven, ni inducen al aborto, solo lo previenen.
La anticoncepción de emergencia es solo un insumo más, necesario, eso sí, para que las mujeres ejerzamos plenamente nuestros derechos reproductivos. Necesitamos también, un compromiso real del Estado para que haya acceso a la educación sexual integral a lo largo del ciclo de vida; acceso a la información relacionada con nuestra sexualidad y nuestra reproducción; necesitamos que el Estado no deje permear sus políticas públicas por fundamentalismos religiosos, un Estado que promueva valores como el respeto a las mujeres, la libertad de pensamiento, de expresión, la libertad de decidir de las mujeres.
En suma, necesitamos un Estado que reconozca a las mujeres como humanas y nuestras necesidades, como un deber ineludible de atender.
Hacemos un llamado a los y las diputadas del Congreso Nacional para que en esta oportunidad voten por los derechos humanos de las mujeres, por el derecho de las mujeres a tomar decisiones reproductivas, para que de esa manera sean resarcidos los derechos violados desde 2009.
Tegucigalpa, 1 de abril de 2014
