El año 1999 marca un
hito en nuestra Memoria Histórica como
pueblos de Guatemala. Habían
pasado poco más de dos años
de la Firma de los Acuerdos de Paz, un poco
más de un año de que la iglesia católica
publicara el informe Remhi y el posterior
asesinato de Monseñor Juan Gerardi. 15
años de que un grupo de familiares, en su
mayoría mujeres, se organizaran para exigir
el aparecimiento con vida de los
detenidos-desaparecidos. Pese
a los fantasmas de la muerte y el desamparo,
el miedo aún tras las esquinas y el silencio
en los labios de muchos, un hilo de
esperanza y la posibilidad de reconstruir
juntos y juntas un país con justicia,
recorría las calles, montañas y valles de
Guatemala, con la entrega del informe
elaborado por la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico -CEH- Memorias del
Silencio, el 25 de febrero. Hoy
hace 15 años.
El informe Memorias
del Silencio, es la sistematización
condensada, del grito de dolor y
desesperación de alrededor de 36 años de
historia de los pueblos guatemaltecos, narra
la historia de vergüenza
e infamia, ignominia y terror.
En 12 tomos la CEH (auspiciada por
las Naciones Unidas) expone en sus
conclusiones el carácter excluyente,
racista, desigual, autoritario y violento
del estado de Guatemala hacia la población
indígena, mestiza pobre y todo aquel o
aquella que luchara en favor de la justicia
y la igualdad social, llegando a implementar
mecanismos de terror desde la desaparición
forzada, violencia sexual y tortura
sistemática hasta los hechos de genocidio.
La Comisión se
plantea la reconstrucción y
entendimiento de uno de los momentos de
nuestra historia más dolorosos. Con
el objeto de presentarle a las nuevas
generaciones un espejo de nuestra realidad
se propone recabar, analizar y exponer desde
la imparcialidad nuestra
historia reciente. Y con esto
da continuidad al esfuerzo de años de las
víctimas, sobrevivientes, testigos y
organizaciones sociales de obtener de todos
los implicados en el conflicto, memoria,
verdad y justicia. El Informe
significó entonces una posibilidad de
construir desde el Estado (a través del
reconocimiento y responsabilidad de los
implicados) un proyecto político de Nación
en favor de las mayorías y el bien común.
Bajo estos preceptos la Comisión realiza al
Estado en su conjunto, cinco grandes
recomendaciones orientadas a: La memoria de
las víctimas; la reparación; el respeto a
los derechos humanos y la promoción de la
cultura de paz; la justicia; y
el respeto y reconocimiento de la nación
multiétnica, plurilingüe y multicultural.
En lo relativo a las
Medidas para Preservar la Memoria de las
Víctimas, la Comisión
considera a la Memoria
Histórica individual y colectiva como
fundamento de la identidad, a la vez hace
énfasis en la importancia de la memoria de
las víctimas y como ésta rescata los valores
y lucha por la dignidad. Sin
embargo, el Estado no ha realizado esfuerzos
reales por escuchar lo que las víctimas
tienen que decir, se ha re victimizado y
muchas veces manipulado y utilizado para
fines políticos partidistas. En
la actualidad, ha llego incluso a negarse
esta memoria, desde instituciones del Estado
creadas para reivindicarla, y no digamos
políticas que incluyan la memoria histórica
en por ejemplo el pensum de estudios.
La CEH recomienda
Medidas de Reparación a las Víctimas, que
incluyen restituciones de derechos y
tierras, reparaciones económicas
individuales y colectivas, creación de
políticas y mecanismos para la búsqueda de
los desaparecidos y la situación de niños
también desaparecidos, políticas de
exhumaciones con pertinencia cultural y
respeto a las víctimas y sobrevivientes,
apoyo psicosocial y jurídico, así
como la creación del Programa Nacional de
Resarcimiento cuya responsabilidad era
regular y protagonizar la adecuada
implementación de estas medidas. El
PNR y sus principales esfuerzos han devenido
en reparaciones materiales, con engorrosos
trámites, ensombrecidos por tráfico de
influencias y priorización arbitraria.
No solo no fueron creadas las
políticas para la búsqueda de personas, sino
por el contrario el programa negó la
desaparición forzada al obligar a los
familiares a establecer la muerte presunta
de sus desaparecidos para aplicar al
resarcimiento.
En las Medidas
orientadas a fomentar una Cultura de Respeto
Mutuo y de Observancia de los Derechos
Humanos, los avances en esta materia en el
país, se ven gravemente amenazados con la
criminalización que existe hacia los
defensores y defensoras de derechos humanos
y las luchas sociales, provocando nuevamente
el hostigamiento y ataque a quienes se
atreven a defender sus derechos.
Las Medidas para
fortalecer el proceso democrático, se
enfocan en el fortalecimiento del Sistema de
Justicia para acabar con la impunidad
imperante, así como la reformulación
y delimitación de las funciones del
Ejército, la policía, el respeto al derecho
consuetudinario y las formas de resolución
de conflicto de las comunidades y pueblos de
Guatemala. Pasos importantes
se han dado, como el
enjuiciamiento de militares involucrados en
graves violaciones a los derechos humanos, sin
embargo, instituciones creadas para el
fortalecimiento democrático como la Corte de
Constitucionalidad, han mancillado estos
logros y aciertos. Prueba de ello su última
acción en contra del mandato de la Fiscal
General al frente del Ministerio Público.
Otras recomendaciones
para Favorecer la Paz y la Concordia
Nacional, se explayan sobre la necesidad de
la participación de todos los sectores, de
todos los pueblos. Hablan
sobre la necesidad de fomentar el análisis,
la investigación y el dialogo nacional.
Hace énfasis en superar el racismo y
buscar mecanismos de la equidad. Hemos sido
testigos de como el Estado toma decisiones
contrarias a todas estas disposiciones,
promueve el despojo de los territorios y
solapa el odio que promueven algunos grupos
vinculados a sectores militares involucrados
en graves delitos en el pasado.
Los pocos avances en
estos aspectos son aislados y no son parte
de un proyecto de nación que responda a las
recomendaciones de la CEH, ni los Acuerdos
de Paz. Y en los dos últimos
años parece que lo poco alcanzado se ha
venido abajo. Desde el gobierno central han
tergiversado los planteamientos del informe,
se han renombrado las cosas, las reformas
educativas han negado la nación multiétnica,
plurilingüe y multicultural. Se ha solapado
y dirigido desde las instituciones estatales
el saqueo y expolio de territorios.
Han sido los propios
sobrevivientes, víctimas, testigos,
organizaciones sociales y comunitarias,
quienes han tomado como suyos (pues no hay
dueño más legitimo que nosotros) el Informe
Memorias del Silencio. Uno de los esfuerzos
espejo de nuestra sociedad, cada palabra,
cada historia, sus conclusiones y
recomendaciones han sido tomadas en cuenta,
como continuación de nuestros caminos de
memoria, otras veces como punto de salida,
de encuentro o reivindicación. Por ello
conmemoramos la dignidad y la verdad. Lo
poco que se ha logrado ha demostrado que la
justicia es un derecho de las víctimas y
contribuye a fortalecer el estado de derecho
en nuestro país.
Hoy a 15 años de su
entrega, tomamos nuevamente esa memoria en
nuestras manos y reivindicamos su carácter,
naturaleza y vigencia. Entendemos
que solo haciendo nuestro el Informe, por
muy doloroso que parezca, es nuestro y solo
haciéndolo nuestro, podremos hacer nuestro
el futuro.
COORDINACIÓN
GENOCIDIO NUNCA MÁS
Guatemala,
25 de febrero 2014