RÍO BLANCO: Cuando un pueblo dice NO, es NO
Visita a las comunidades Lencas de Río Blanco
por Claudia Korol
En la primera semana de agosto de este 2013, participé -como parte de una delegación de la
Articulación de Movimiento Sociales del ALBA- de una Misión de Observación y Solidaridad con
la Resistencia Hondureña. Tuve la oportunidad de dialogar con diferentes movimientos sociales,
comunidades indígenas, colectivos de derechos humanos, de educación popular, de artistas y de
feministas, que forman parte del diverso y creativo espacio de la resistencia, que se levantó
rebelde frente al golpe de estado perpetrado el 28 de junio del 2009.
Sentí la alegría del reencuentro con compañeros y con amigas con quienes ya venimos andando
muchos caminos. Pude también conocer a otros luchadores y luchadoras de un pueblo que ha
encontrado las maneras propias de hacer visible su coraje en el enfrentamiento a las muchas
modalidades en que se expresa sobre sus territorios, sus cuerpos y sus vidas, el militarismo, el
neocolonialismo, el patriarcado, y la tiranía del capital transnacional.
Son varias las impresiones con las que regresé, muchas las emociones, las reflexiones, las
intuiciones. La impunidad y la violencia que pretenden adueñarse de Honduras, hacen que la
belleza de su geografía, de sus bosques, de sus ríos, de sus playas, de sus frutos y flores, de su
pueblo, de sus niños y niñas, duela más, resulte más desgarrador.
Quiero en esta oportunidad llamar la atención sobre la situación gravísima y de extrema urgencia
planteada a partir del golpe de Estado, con la decisión de concesionar los ríos y los bienes
comunes, entregándolos al capital transnacional, y afectando a las comunidades que los han
cuidado desde tiempos ancestrales.
El pueblo Lenca que habita el territorio de Río Blanco, ha decidido impedir que se instale el
proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, represando al Río Gualcarque.
Es difícil transmitir el impacto del encuentro con esas comunidades que llevan más de 120 días
en la ruta que va hasta el río, para impedir la instalación del proyecto hidroeléctrico. Las mujeres,
hombres, niños, niñas, ancianos y ancianas están firmes en su puesto. Con las banderas
coloridas del COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras).
Con su cocina comunitaria. Con el orgullo por su identidad. Con la memoria insurgente. Con una
gran fuerza. Con sentido de la historia que están protagonizando. Concientes de su decisión, que
ya les dolió la muerte de una hermana lenca, Paula (en un accidente en la carretera mientras
participaba del corte); y el asesinato de un líder de la comunidad, Tomás García, fusilado por el
Ejército hondureño, que también hirió a su hijo, Allan García.
La comunidad está decidida a no retroceder. Saben que como consecuencia de esta decisión,
están sufriendo la persecución judicial hacia su compañera Berta Cáceres, Coordinadora
General del COPINH, y hacia los comunicadores indígenas Tomás Membreño y Aureliano
Molina. A ellos y a ella les están sumando causas judiciales en diferentes juzgados, en lo que
resulta una operación típica de criminalización de los luchadores y luchadoras sociales.
La criminalización de la protesta indígena, la persecución al COPINH de muchos modos, la
estigmatización de sus líderes en los medios de comunicación, intentando desprestigiarlos, y
presentarlos al mismo tiempo como violentos, corruptos, inflexibles y negociadores de la lucha,
son parte de una operación “de manual” contra una de las organizaciones que han sostenido con
firmeza la defensa de sus territorios, de los bienes comunes, de su identidad y dignidad.
No vacilan en buscar apoyos, e incluso en comprarlos, para hacerlos parte de esta campaña
destructiva, que busca minar el gran prestigio que tiene el COPINH –y en particular la
compañera Berta Cáceres, su coordinadora general-, en el pueblo en Resistencia.
Pero todas esas campañas y su infamia, se olvidan y desvanecen, cuando llegamos al corazón
del conflicto. Las comunidades están en su lugar, y van a seguir estando. Saben que lo hacen –
como lo repitieron una y otra vez- por su presente y por su futuro. Por sus hijos e hijas, por sus
nietos y nietas. Por la continuidad de una lucha que no nació hace cuatro meses, cuando
decidieron defender el río sagrado Gualcarque… Es una lucha que nació hace más de cinco
siglos, y que tiene nombres emblemáticos en la memoria colectiva: los nombres de los caciques
Lencas Lempira, Etempica, Mota… que se enfrentaron a los invasores hasta el final.
Así están paradas las comunidades hoy en Río Blanco, y aseguran que no tienen miedo. Que no
van a retroceder. Que las campañas de difamación, de mentiras, sobre ellos y sobre los suyos,
no los harán retroceder. Que el asesinato de Tomás, lejos de dispersarlos, les hizo crecer el
compromiso.
Lo que está en juego
El golpe de estado en Honduras, abrió el camino para la entrega total del país a las
corporaciones transnacionales, y para que el mismo se inserte plenamente en la lógica de
“integración” del Proyecto Mesoamérica (antes Plan Puebla Panamá) que tiene planteado, entre
otros objetivos, la concesión a empresas privadas de una gran parte de los ríos de la región para
la creación de más de 500 represas.
En agosto del 2009, el Congreso golpista aprobó la Ley General de Aguas, que garantizó la
posibilidad de concesionar los recursos hídricos del país. Según informó el periodista Giorgio
Trucchi1 un mes después, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), anunció la
licitación internacional 100-1293-2009 para la contratación de 250 MW de energía renovable.
En diciembre del mismo año, la empresa concluyó el proceso con la apertura de 50 ofertas.
En septiembre del 2010, el Congreso de la Nación concesionó 47 ríos, y posteriormente, en julio
del 2012 aprobó 24 proyectos hidroeléctricos más de generación de energía renovable, con una
1 Honduras: comunidades lencas en rebelión... Giorgio Trucchi. Abril del 2013
inversión aproximada de casi mil millones de dólares. Entre ellos está el proyecto Agua Zarca,
que represaría al río sagrado Gualcarque. La concesión fue obtenida por la empresa Desarrollo
Energético Sociedad Anónima (DESA), que obtuvo en el 2012 un préstamo de 24.4 millones de
dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) destinado a este proyecto.
DESA contrató a la transnacional china SINOHYDRO para desarrollarlo. (Es público que
SINOHYDRO ha sido expulsada de Ecuador por violación a los derechos de los trabajadores,
retrasos en la obra, y peculado; y que enfrenta juicios en Venezuela por violaciones a los
derechos de los trabajadores, contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Constitución
de Venezuela).
El proyecto hidroeléctrico Agua Zarca estaría siendo financiado también por el Banco FICOHSA
(Financiera Comercial Hondureña S.A.), por la empresa de construcción Concreto Preesforzado
de Centroamérica S.A. (COPRECA) y por la transnacional alemana Voith Hydro. En una carta
pública dirigida a Voith GMBH / Voith Hydro Holding GMBH& Co. KG -realizada por activistas de
derechos humanos de ese país- se señala que esta empresa conjunta de Voith y Siemens,
construye y entrega “tres turbinas, cada una de 7,52 mw para dicho proyecto”, y se denuncia que
Agua Zarca se construye “a pesar de que la mayoría de la población local indígena está en
contra”. Se dice en la carta: “A pesar del rechazo de la población local, el alcalde del
departamento de Intibucá, Martiniano Domínguez Meza, otorgó el permiso para la construcción
del proyecto. Debido a los títulos de tierra de las comunidades indígenas, y la violación de los
derechos indígenas, este permiso es ilegítimo. Hay varias denuncias en contra del proyecto
Agua Zarca, entre otras ante la Fiscalía Especial de Etnias, y ante el Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas”.
EL PLANTEL DE DESA-SINOHYDRO: BASE MILITAR DE LA “OPERACIÓN LIBERTAD”
La delegación -en la que participaron Yessica Trinidad y Karla Lara, de la Red de Defensoras de
los Derechos Humanos, Betty Vazquez, del Movimiento Ambientalista Santa Barbarense, junto a
Annie Bird, de Derechos en Acción (Rights Action), Greg McCain (Human Rights Observer), y
activistas de organizaciones de derechos humanos de EEUU y Canadá, luego de hablar con la
comunidad, se dirigió al plantel de DESA y SINOHYDRO, donde fue recibida por el mayor
Ballesteros del Ejército Hondureño, quien confirmó que el personal de SINOHYDRO se había
retirado de la planta desde el 15 de julio, y que ésta se encuentra custodiada por un contingente
de Fuerzas de Tareas integrado por militares de diferentes batallones, y policías que lleva el
nombre de “Operación Libertad”. El militar indicó que si la delegación quería ingresar a la planta,
debía pedir permiso a los representantes legales de DESA o SINOHYDRO, quienes darían la
orden para habilitar el ingreso.
(Ver declaraciones del Mayor Ballesteros en http://www.ivoox.com/mayor-ballesteros-ejercitohonduras-
cuidando-transnacionales-audios-mp3_rf_2277050_1.html).
En la puerta de entrada del plantel, efectivos policiales afirmaron que la Fuerza de Tareas está
integrada por 40 integrantes de distintos batallones del Ejército Hondureño, y 10 policías, que
responden a las órdenes del Ejército, que a su vez depende en la cadena de mandos del
Comandante en Jefe de las F.F.A.A. Hondureñas, el presidente Porfirio Lobo Sosa.
ASESINATO DE TOMÁS GARCÍA
Tomás García era un líder de la comunidad lenca de Río Blanco. Fue asesinado el 15 de julio
por las balas del Ejército, cuando participaban de una manifestación frente al plantel de DESA.
Padre de siete hijos, uno de ellos, Allan García, de 17 años, fue también herido de bala en la
misma represión. Él mismo le explicó al periodista Giorgio Trucchi: “Un militar salió del portón y
vino hacia nosotros. Primero le disparó a los pies a mi papá, como para asustarlo, y después se
acercó más y le hizo varios disparos a quemarropa, no sabría decir cuántos, y lo mató”2. Y
agrega en la misma entrevista: “Miré a mi papá caer al suelo, y al militar apuntarme con su arma.
Agarré mi machete, pero no me sirvió de nada, y sólo sentí el balazo en el cuerpo... Me tiré al
suelo y el militar me hizo otros dos disparos que impactaron en mi espalda, pero logré
levantarme y escapar. Es mentira que nosotros llegamos disparando, porque sólo andábamos
nuestros machetes. Fueron los militares los asesinos””.
2 http://nicaraguaymasespanol.blogspot.com.ar/2013/08/honduras-el-militar-nos-disparo.html
Todos los hombres y mujeres con quienes hablamos en la comunidad, expresaron el intenso
dolor por su asesinato. Relataron de su decisión de enfrentar al proyecto Agua Zarca. Dijeron
que Tomás había recibido varias ofertas de dinero y que todas las rechazó, lo que ahora se
convierte en una fuerza mayor en su lucha..
(Se pueden escuchar algunas de las entrevistas realizadas a la comunidad en estos links:
http://www.ivoox.com/dialogos-comunidad-rio-blanco-audios-mp3_rf_2278607_1.html
http://www.ivoox.com/dialogos-comunidad-rio-blanco-audios-mp3_rf_2278571_1.html
http://www.ivoox.com/dialogos-comunidad-rio-blanco-audios-mp3_rf_2278622_1.html).
PERSECUCIÓN JUDICIAL CONTRA
BERTA CÁCERES, TOMÁS GÓMEZ Y AURELIANO MOLINA
Se señala en la investigación “Criminalización de la pobreza y de la protesta social”, realizada
por el Centro de Investigación y Formación de los Movimientos Sociales Latinoamericanos
(CIFMSL), que: “La criminalización de los movimientos populares, es un aspecto orgánico de la
política de control social del capital. Articula distintos planos de las estrategias de dominación,
que van desde la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta social, hasta la
represión política abierta y la militarización. Son distintos mecanismos tendientes a subordinar a
los pueblos a las lógicas políticas del gran capital, para asegurar el control de los territorios, de
los bienes de la naturaleza, de las poblaciones que los habitan, y para reducir, aislar, o
domesticar las disidencias”.
Se dice más adelante: “En el núcleo del proceso de criminalización de los movimientos
populares, se encuentra la acción cultural dirigida a presentar las batallas por los derechos
sociales como delitos, y a los sujetos sociales que las promueven como delincuentes.” … “La
acción represiva del Estado tiende a transformar la cuestión social en cuestión penal. Se vuelven
mecanismos principales de criminalización de la protesta social, la legislación –que va
incrementando las modalidades de penalización del “delito”, y la interpretación que de la misma
se hace en los ámbitos judiciales”.
Todos estos mecanismos fueron y están siendo empleados contra el COPINH. Como parte de
esa política represiva, la comunidad denunció la persecución judicial contra Berta Cáceres,
coordinadora general de la organización, y contra los comunicacores indígenas Tomás Gómez
Membreño. Numerosas causas se les están “plantando” en diferentes juzgados.
Señala Berta Cáceres, que esta judicialización “es lo que se podía esperar, como parte de las
reacciones que tienen las transnacionales, las empresas y el gobierno, ante una lucha tan tenaz,
tan digna, y tan fuerte como ha sido la del pueblo lenca del sector de Río Blanco, organizado al
COPINH. La respuesta de esos sectores del poder es dirigir todos sus tentáculos, sus
influencias, sus estrategias, que incluyen un paquete de leyes que les avalan, les justifican ese
marco jurídico para criminalizar a los movimiento sociales, como se está haciendo con el
COPINH, como una manera de escarmentar a los demás movimientos sociales para que no
continúen construyendo sus luchas territoriales en defensa de los bienes de la naturaleza, ya que
estas luchas están creciendo en Honduras, y ellos saben que el territorio es un lugar que no
pueden controlar fácilmente como lo hacen con el Congreso, con el Gobierno, con la Corte
Suprema, alcaldes, diputados, y por supuesto el Ejército y los medios de comunicación. Esto es
parte de una estrategia planificada al más alto nivel que incluye desde el gobierno central, hasta
los cuerpos de inteligencia del Ejército. Y por supuesto es una reacción, yo me atrevería a decir,
de miedo. Las transnacionales aparentan un poder absoluto, pero también demuestran temor,
porque sí les está preocupando el levantamiento que desarrollan las comunidades y esta acción
concreta que han hecho las comunidades, de sacar de su territorio ancestral a SINOHYDRO, ya
que desde el 15 de julio, por la tarde, salieron los ejecutivos y empleados de SINOHYDRO, con
autorización de la comunidad, que también les garntizó respeto a su integridad física y
emocional, dejándoles claro que les permitían salir, pero que no regresaran ahí”3.
EN DEFENSA DE LA VIDA
Ante esta situación, el COPINH ha hecho un llamamiento a las comunidades a articular los
levantamientos territoriales. Frente a la posibilidad concreta de ir presos por esta estrategia de
judicialización y criminalización, expresaba en nuestro diálogo Berta Cáceres:
“Podemos ir presos, porque a pesar de que no somos responsables de lo que se nos acusa, hay
mucha presión de las transnacionales y de la empresa DESA, junto con toda la institucionalidad
del gobierno de Honduras, que está totalmente al lado de estos sectores del poder económico,
político y militar, ya que incluso hasta el Ejército aquí está jugando un papel de presión política,
de ataques políticos al COPINH y nosotros, los tres compañeros y compañera, y el pueblo
indígena de Río Blanco, hemos hablado sobre esa posibilidad, y hemos determinado que en
cualquier caso, incluso no solo el de ir a la cárcel, hay que mantenerse firmes en la lucha, firmes
en la decisión de defender los bienes de la naturaleza, ya que si nosotros claudicamos, no será
solo un golpe contra el pueblo Lenca, contra el COPINH, sino contra todo el movimiento social.
Y bueno, por supuesto, los principios de lucha del COPINH, y la dignidad histórica del pueblo
Lenca, nos alimentan para mantenernos firmes en esa decisión de no echarnos para atrás ante
tanta prisión, criminalización, ante esa estrategia de querernos humillar públicamente como
pretende la empresa. Estamos claros y claras, convencidos y convencidas, que lo que estamos
haciendo es una acción que ya tiene logros, es una acción que trasciende incluso la vida del
pueblo Lenca y su lucha”.
3 Entrevista realizada como parte de la Misión de Observación y Solidaridad
(Para escuchar la entrevista completa a Berta Cáceres, o para descargarla, ir a
http://www.ivoox.com/entrevista-a-berta-caceres-audios-mp3_rf_2278317_1.html?autoplay=1)
LOS ROSTROS DE LA DIGNIDAD
Hay miradas que dicen más que muchas palabras. Miradas que se quedan grabadas en nuestras
vidas. Miradas que nos duelen, que nos esperanzan, que nos comprometen. Miradas que dicen
NI UN PASO ATRÁS.
Hay miradas que desmienten las palabras del Secretario de Recursos Naturales, Rigoberto
Cuellar, que aseguró que en Río Blanco no hay población Lenca.
Hay miradas que sostienen la DIGNIDAD, el CORAJE, la MEMORIA de resistencias ancestrales.
Miradas que se hicieron en diálogo con el río, con el bosque, con la tierra. Miradas que dicen que
la lucha seguirá, cueste lo que cueste.
Hay miradas que multiplican a Tomás, que lo agigantan. Hay miradas que tienen la fuerza de
Lempira, de Etempica, de los caciques Lencas que enseñaron que el territorio no se vende. Que
los ríos y las tierras se defienden.
Hay miradas que tienen toda la historia encima.
Hay miradas que nos miran como preguntando, si la solidaridad será proclamada o será vivida.
Si es cierto que el racismo ya no salpica nuestros gestos cotidianos.
Hay miradas que tienen fuego y que encienden rebeliones. Antes y después de nosotras y de
nosotros mismos.
Son los rostros de la dignidad los que sostienen estas miradas. Y no hay leyes golpistas, ni hay
criminalización judicial que pueda con ellas.
Claudia Korol – Agosto 2013
