Corte Interamericana de Derechos Humanos
Mesoamérica, 2 de diciembre de 2017 – La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras)
condena enérgicamente la suspensión de las garantías constitucionales
decretada el 1 de diciembre en el marco del proceso electoral por el
Presidente Juan Orlando Hernández, la cual establece el toque de queda,
prohíbe la libre circulación de las personas, establece el control sobre
los medios de comunicación y legitima a las fuerzas de seguridad para
ejercer la violencia contra la población.
La
suspensión de garantías restringe y vulnera de forma arbitraria
derechos democráticos fundamentales de los y las hondureñas,
particularmente el derecho a la protesta, con el objetivo de acallar,
inhibir y reprimir las masivas manifestaciones desarrolladas en todo el
país ante las patentes irregularidades del proceso electoral para
imponer la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández.
Repudiamos
los actos de represión policial con un uso extremo de la violencia,
incluyendo la detención arbitraria de decenas de personas y el uso de
armas de fuego, que ya se han cobrado diversas víctimas, incluyendo
mujeres y menores de edad.
El
carácter antidemocrático, militarista y autoritario del gobierno
hondureño es una constante desde el Golpe de Estado de 2009. En octubre
de 2017 la IM-Defensoras emitióun comunicado conjunto con más de 180 organizaciones internacionales para denunciar el contexto de violencia y represión que enfrentan las defensoras hondureñas de derechos humanos. Múltiples evidencias en la investigación del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres ubican al Estado hondureño como responsable directo del mismo.
La
resistencia de los movimientos sociales frente al Golpe de Estado de
2009 da cuenta del papel fundamental de las feministas y mujeres
defensoras, sus organizaciones y movimientos en la lucha por la
justicia, el respeto a los derechos humanos y la paz.
Resaltamos
que la vigente suspensión de las garantías democráticas expone a un
riesgo extremo a las mujeres y a las defensoras; tal y como ha sido
ampliamente comprobado, en contextos de violencia institucionalizada las
mujeres se hallan más expuestas a enfrentar todo tipo de agresiones
perpetradas o toleradas por parte de fuerzas represivas del Estado.
Los
rápidos y significativos retrocesos democráticos en la región son una
tendencia sumamente grave también en Nicaragua, Guatemala y México. Es
indispensable que la solidaridad y la exigencia de ejercicio pleno de
derechos se exprese a nivel regional e internacional en todas sus
posibilidades para contribuir a revertirla.
Ante
esta grave situación, desde la IM-Defensoras y las redes y
articulaciones nacionales de defensoras de derechos humanos en El
Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua:
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Exigimos al Estado hondureño el inmediato restablecimiento de las garantías constitucionales en Honduras y el cese de la violencia del Estado contra quienes ejercen legítimo derecho a la protesta.
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Exigimos que se garantice la transparencia en el proceso electoral y se respete la voluntad política expresada por el pueblo hondureño en las urnas a través del legítimo derecho al voto.
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Solicitamos a los organismos internacionales, como la OEA y la ONU, a pronunciarse contundentemente exigiendo el restablecimiento de las garantías constitucionales, el cese de la represión y el respeto a la voluntad popular, así como a asegurar una intervención efectiva de los mecanismos de protección para el pueblo de Honduras.
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Hacemos un llamado organizaciones, redes, movimientos sociales y a la sociedad civil nacionales, regionales e internacionales, para que se solidarice con el pueblo hondureño y realice actos de presión al Gobierno de Honduras para restituir a su población sus derechos fundamentales. ¡La presión internacional en estos momentos es vital!