Honduras: Los asesinatos de las defensoras de los ríos y La distorsión de Consulta PreviaSambo Creek, julio de 2016.
El asesinato el pasado 6 de julio
de Lesbia Yaneth Urquía Urquía acontecido en Marcala, se dio a los
cuatro meses y cuatro días del homicidio de Berta Cáceres, teniendo como
denominador común la resistencia a la instalación de represas
hidroeléctricas; en este caso la Aurora I, impulsada por la Sra. Gladis Aurora Lopéz, presidente del Partido Nacional de Honduras.
Yaneth
Urquía se integró al COPINH después del golpe de estado del año 2009 y
asumió la defensa del río Chinacla, el que fue concensionado en el 2010,
en una piñata realizada por el Congreso Nacional, en la cual entregó
más de medio centenar de ríos a personajes ligados a la élite de poder.
La
mayoría de los ríos concesionados se encuentran dentro del territorio
de los pueblos indígenas, y en ningún momento se efectuó las consultas
previas, libres e informadas, tal como lo indica el Convenio 169 de la
OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
El estado de Honduras fue condenado en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 18 de diciembre de 2015, al haber
omitido la consulta previa en comunidades Garífunas afectadas por
proyectos turísticos y mineros. El estado de Honduras se caracteriza por
una denegación sistemática la derecho a la consulta previa, situación
que se agravó después del golpe de estado, con la creación de una serie
de leyes de corte neoliberal y decretos que afectan la sobrevivencia de
los pueblos como culturas diferenciadas.
La Policía Nacional en el
caso del asesinato Janeth Urquía indicó que fue motivado por el hurto
de una bicicleta, tratando de desvanecer las implicaciones políticas. De
la misma forma actuaron las autoridades con el homicidio de Berta
Cáceres, el que trataron de convertirlo en una telenovela pasional,
versión desvirtuada al ser proseguidos por asesinato un ejecutivo de
DESA -empresa constructora de la hidroeléctrica de propiedad del clan
Atala- ademas de un mayor activo del ejercito, e instructor de la Policía Militar, un militar en retiro y un sicario.
La
necropolítica impuesta por el actual y desprestigiado partido de
gobierno está destinada neutralizar la oposición existente al reparto
del país entre un grupúsculo de narco empresarios y la subasta de
Honduras a supuestos inversionistas extranjeros identificados como
libertarios de derecha (neonazis).
Para el próximo domingo está
programado efectuar una consulta en el municipio de Santa Helena en
relación a la hidroeléctrica Aurora I. Aparentemente el asesinato de
Urquía está relacionado con la consulta y es un mensaje ominoso dirigido
a los participantes.
Para complicar más el violento panorama, el
PNUD y la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños (DINAFROH)
vienen promoviendo una Ley de Consulta
elaborada a la medidas de los intereses de ONUREDD, empresas
extractivas y energéticas que se inclinan por desvirtuar la consulta y
convertirla en una simple socialización de los proyectos destinada a la
obtención de “reparaciones económicas”.
Es interesante como los
“nacionalistas” actualmente en el poder se han enseñado en contra de
mujeres, indígenas, defensoras de los bienes comunes y opositoras a la
construcción de represas hidroeléctricas. La violencia estatal viene
acompañada de una estrategia mediática para desvirtuar la defensa de la
madre tierra y convertirla en una simple oposición al desarrollo.
Esperamos
que exista una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Yaneth
Urquía al mismo tiempo que exigimos se revelen los nombres de los
autores intelectuales del asesinato de Berta, que son del conocimiento
de las autoridades, las cuales se llaman al silencio de forma cómplice.
