EXIGIMOS DE LA MACCIH INDEPENDENCIA Y COMPROMISO EN SUS ACTUACIONESLa Coalición contra la Impunidad; como espacio de articulación que aglutina organizaciones sociales, populares ydefensoras de derechos humanos históricas que han aportado a la construcción de la democracia y la justiciadesde la realidad de las y los más excluidos; en relación con la puesta en marcha de la Misión de Apoyo contra laCorrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), ante la comunidad nacional e internacional expresa lo
PRIMERO: Señalamos que la instalación de la MACCIH es un reconocimiento implícito de la incapacidad del Estadohondureño para acabar con la impunidad y la corrupción debido a las profundas debilidades de las instituciones delsector justicia y seguridad, como resultado de su extrema politización, de su débil independencia e imparcialidad, yde su falta de compromiso para cumplir con sus obligaciones de estar al servicio de los intereses generales de lasociedad y no de los poderes fácticos del país.
SEGUNDO: Reiteramos que junto a la ciudadanía indignada nuestra apuesta sigue siendo una Comisión Internacionalcontra la Impunidad de carácter autónoma, independiente y con facultades para seleccionar, recibir denuncias,investigar y judicializar todos los delitos de alto impacto en relación con la corrupción y las graves violaciones aderechos humanos; acompañar y asesorar a las fiscalías del Ministerio Público y a las agencias civiles deinvestigación; y proponer reformas normativas e institucionales encaminadas a fortalecer el sistema de justicia.
TERCERO: Lamentamos que la MACCIH sea un ente con facultades restringidas, limitadas a apoyar, fortalecer,contribuir, proponer reformas y colaborar activamente con las desacreditadas instituciones del Estado hondureñoencargadas de prevenir, investigar y sancionar actos de corrupción. Pese a esta limitante, saludamos que dichastareas estén a cargo de un grupo de jueces, fiscales, policías y otros especialistas internacionales quienessupervisarán las labores y brindarán apoyo técnico a las instituciones de justicia. Por ello, exigimos que la selecciónde tales funcionarios y funcionarias se realice de forma transparente, garantizando su absoluta independencia ysobre la base de sus capacidades técnicas, profesionales y de idoneidad.
CUARTO: Consideramos fundamental la facultad de la MACCIH de seleccionar, certificar, asesorar, supervisar yevaluar a jueces que conozcan de las causas de corrupción y fiscales del Ministerio Público que recaben informacióny ejerzan la acción penal en la materia. No obstante, nos preocupa que dicha selección se hará de una listapropuesta por el Fiscal General del Estado o por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, por lo que tememosque quienes la integren sean fiscales o jueces leales a los intereses particulares que tienen esas instituciones en lapostración y se margine nuevamente a fiscales y jueces y honestos, capaces e independientes.
QUINTO: Valoramos que la MACCIH se plantee como resultado concreto la persecución penal de casos de corrupcióny el desmantelamiento de redes de corrupción mediante la acción penal pública ejercida por el grupo de fiscalescertificados. No obstante, tales fiscales se encontrarán con el gran obstáculo de la dependencia jerárquicaestablecido en el reformado artículo 5 de la Ley del Ministerio Público que elimina su libertad de criterio, les restaautonomía para firmar los requerimientos y les obliga a contar con el visto bueno del Fiscal General para realizarcualquier acción. Esperamos que este obstáculo pueda ser sorteado por la Misión.
SEXTO: Resaltamos que con la firma del convenio el Estado de Honduras se obliga a garantizar que la MACCIH tengapleno acceso a la información y material documental. Sin embargo, el primer gran obstáculo para cumplirefectivamente con esta obligación es la Ley de Secretos Oficiales, mediante la cual se faculta a clasificar lainformación, y se limita gravemente las funciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, en franca violaciónal marco jurídico constitucional e internacional en materia de transparencia, lucha contra la corrupción y derechoshumanos, en particular a las disposiciones de la Convención Interamericana Contra la Corrupción ratificada porHonduras el 25 de mayo de 1998.En el marco de las circunstancias planteadas consideramos de suma importancia que la MACCIH tenga en cuenta lo
I. La MACCIH debe tener presente que llega a Honduras con un alto porcentaje de desconfianza por parte de
la población, por lo que la única manera de generar algún nivel de credibilidad y sentar las bases de sulegitimidad, es brindando resultados inmediatos en relación con los casos de corrupción que más impactohan tenido en la ciudadanía, como el del desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social en el que seencuentra involucrado el partido del gobierno.
II. En estos momentos la débil institucionalidad en que se sostiene el Estado de Honduras, ha sidoestremecida con el escándalo de la Policía Nacional, por los señalamientos de participación de altosoficiales y de la cúpula policial en el asesinato del general Arístides González, ex jefe de la DirecciónNacional de Lucha contra el Narcotráfico, y del analista en temas de seguridad Alfredo Landaverde; anuestro criterio estos casos constituyen un escenario propicio para que la MACCIH investigue las redes decorrupción policial y sus vínculos con los estamentos de los partidos políticos.
III. En relación a la búsqueda de justicia en el caso de la dirigente indígena y popular Berta Cáceres, somos delcriterio que la MACCIH no tiene competencias para intervenir en las investigaciones relacionadas con lapersecución de los responsables de este asesinato, en consecuencia, se debe atender la oposición de losfamiliares y del COPIN para que la MACCIH no intervenga en estas diligencias, pues con ello se obstaculizala petición de que sea una comisión internacional bajo el auspicio de la CIDH que contribuya con elesclarecimiento de este caso.
IV. En este momento, la MACCIH debe tener en cuenta que otro de los casos emblemáticos que debe serobjeto de su atención es la corrupción en el Poder Judicial, en particular, se deben investigar en el cortoplazo las actuaciones de los ex consejeros del Consejo de la Judicatura, sobre los cuales hay suficientesindicios de su responsabilidad en actos contrarios a la ley, especialmente en asuntos de malversación decaudales públicos, nombramientos ilegales, destituciones de jueces sin respetar el debido proceso, abusode autoridad, etc. Estas actuaciones deben conducir a un exhaustivo trabajo de diagnóstico y propuestapara una verdadera carrera judicial en este poder del Estado
En consideración con lo expuesto manifestamos:
1. Como Coalición contra la Impunidad nos declaramos vigilantes y reiteramos nuestro compromiso con lasociedad en general para convertirnos en un espacio de veeduría, interpelación y requerimiento, señalandopúblicamente las acciones u omisiones de la MACCIH que pongan en duda su teórica independencia,imparcialidad y efectividad, así como reconocer sus aciertos cuando los haya, y hacer propuestasconcretas y viables que se puedan implementar.
2. Exigimos de la MACCIH que sus actuaciones en el caso de Arístides Gonzales y de Alfredo Landaverde,vayan hasta las últimas consecuencias, de tal forma que la ciudadanía pueda conocer la podredumbre deesta institución, su colusión y participación en actos criminales y las redes de corrupción mediante lascuales operaban los altos oficiales vinculados a esas acciones; los resultados que se puedan alcanzarvalidaran o evidenciaran la voluntad política y el compromiso de la MACCIH.
3. Que la MACCIH reafirme sus competencias en la certificación de los jueces y fiscales que trabajaran juntoa los expertos internacionales, en este plano es fundamental que estos procesos se realicen al margen delos nombramientos discrecionales de las altas autoridades del MP y de la CSJ. En concreto, la MACCIHdebe certificar aquellos profesionales que reúnan condiciones de independencia, capacidad e idoneidad.En particular, se deben tener en cuenta estos requisitos en la designación de los titulares de los juzgados
4. En cuanto a los fiscales del MP consideramos que no basta con la certificación de los fiscales quetrabajaran junto a la MACCIH, sino que es de suma importancia que la Misión solicite al Fiscal General lareforma legal de la Ley del Ministerio Publico que, posibilite que estos fiscales puedan presentar la acciónpenal publica sin interferencias de la subordinación jerárquica que hoy existe, lo cual posibilitaría laautonomía y la independencia de estos funcionarios en la persecución penal junto a la MACCIH de lasredes de corrupción.
5. Estimamos de urgencia, que la MACCIH solicite la derogatoria de la Ley de Secretos Oficiales y así, nosolo ellos puedan cumplir con su trabajo, sino que también la ciudadanía pueda tener un adecuado accesoa la información, como es procedente en una sociedad democrática.
6. Exigimos que la MACCIH establezca un preciso mecanismo de rendición de cuentas que permita a lasociedad hondureña conocer los resultados del trabajo desarrollado, de las evaluaciones llevadas a cabo alas distintas instituciones estatales y de las acciones realizadas y a realizar para prevenir y erradicar lacorrupción y la impunidad, haciendo público un informe periódico en el que se puedan conocer losalcances, desafíos y logros alcanzados en cada etapa. Esto implica el fortalecimiento de los espacios deinterlocución con la ciudadanía de una manera incluyente y sin discriminación de ninguna naturaleza.
Tegucigalpa y San Pedro Sula. 28 de abril de 2016.
Coalición contra la Impunidad Integrada por las siguientes organizaciones: Asociación LGTB Arcoiris de Honduras; Asociación FIAN Honduras; Asociación deJóvenes en Movimiento (AJEM); Asociación de Jueces por la Democracia (AJD); Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas(AMIR); Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia Social de Honduras (AIDEVISH); Asociación Nacional de Personasviviendo con SIDA (ASONAPVSIDA); Asociación Feminista Trans (AFeT); CARITAS – Diócesis de San Pedro Sula; Centro deDerechos de Mujeres (CDM); Centro de Desarrollo Humano (CDH); Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y Sida(CEPRES); Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H); Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos(CIPRODEH); Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT);Colectivo Diamantes Limeños LGTB; Colectivo Gemas; Colectivo Unidad Color Rosa; Comité de Familiares de DetenidosDesaparecidos de Honduras (COFADEH); Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO);Comité por la Libre Expresión C-Libre; Convergencia por los Derechos Humanos de la Zona Nor Occidental; Crisálidas deVillanueva; Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); Feministas Universitarias; Familia Fransciscana de Honduras (JPIC); Frente Amplio del COPEMH; Foro de Mujeres por la Vida;Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH); Indignados Unidos por Honduras; JASS en Honduras;Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ); Movimiento Diversidad en Resistencia (MDR); Movimiento de Mujeres porla Paz “Visitación Padilla”; Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH); Red de Mujeres Jóvenes de Cortés;Red de Mujeres Unidas de Colonia “Ramón Amaya Amador”; Red de Participación de Organizaciones de Sociedad CivilSiguatepeque (RPOSC); Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras; Tribuna de Mujeres contra losFemicidios; Unión de Empresas y Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC – La Paz).
