Sambo Creek, abril de 2016.-
Con el inminente cierre de las compuertas de la represa
Barro Blanco, localizada en la comarca indígena Ngäbe Bugle, la
hidroeléctrica coloca en peligro de ser desalojados al menos a 270
personas.
La obra fue construida por Generadora del Istmo S.A
(GENISA) propiedad de Luis Kafie, controvertido ciudadano “hondureño”
implicado en el saqueo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS);
contando con el apoyo económico del Banco Interamericano de Integración
Económica (BCIE), el banco holandés FMO y el banco alemán DEG. Las dos
primeras instituciones bancarias se encuentran involucradas en el
financiamiento de la represa de Agua Zarca, represa en el territorio del
pueblo Lenca de Honduras.
Según un informe elaborado por un panel
independiente reveló que los bancos FMO y DEG desestimaron el Derecho a
la Consulta, Previa, Libre e Informada (CPLI), que poseemos los pueblos
indígenas, consignado en la Declaración de Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumento jurídico ratificado por
el estado de Panamá.
La actitud en relación a Barro Blanco
asumida por la actual administración de Juan Carlos Varela, no coincide
con su discurso de campaña, en cual prometió dar lugar a un diálogo, el
que después de su triunfo electoral se convirtió en un monólogo, en el
cual el estado de Panamá persistió en la finalización de la obra, a
pesar de la oposición del pueblo Ngäbe Bugle.
Mientras Panamá se
encuentra en medio del remolino mediático causado por la filtraciones
los denominados Papeles de Panamá, en la ya concluida represa de Barro
Blanco están a punto de cerrar las compuertas, situación que conllevará
al desplazamiento poblacional y la desaparición de los petroglifos
sagrados en el río Tabasará.
Las represas hidroeléctricas en
Centroamérica han causado un enorme perjuicio a los desdeñados pueblos
indígenas. Los casos de las represas del Chixoy (Guatemala) y el Bayano
(Panamá) forman parte de la letanía de infamias cometidas en contra de
los pueblos indígenas de istmo centroamericano, donde ha existido desde
hace siglos una campaña de exterminación dirigida al sometimiento y
erradicación de los pueblos indígenas.
Los más de 400 Mayas Achi
asesinados como consecuencias de las erráticas políticas de desarrollo
promovidas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Mundial (BM) los que no tuvieron reparo alguno para financiar la
hidroeléctrica, a pesar que Guatemala se encontraban en medio de una
guerra de exterminio de los pueblos indígenas.
Esta actitud
demuestra la insensibilidad de los organismos financieros y su
complicidad con la guerra contra los pueblos indígenas, la que persiste
hasta la fecha. Tanto los casos del Chixoy y el Bayano fueron ventilados
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y recibieron sus
respectivas sentencias.
En la actualidad, el tema de las represas
en territorios indígenas en Centroamérica, continúa provocando una
enorme violencia. El asesinato de Berta Cáceres y la posición asumida
por el BCIE, FMO, DEG y FinnFund de desdeñar el CPLI en relación a las
represas de Agua Zarca y Barro Blanco.
Luis Kafie (GENISA) fue
sancionado por el Ministerio del Ambiente con una multa de us $775 mil,
mediante la resolución DM-0323 del 31 de agosto de 2015, por la falta de
“negociación reubicación e indemnización de los afectados por el
proyecto hidroeléctrico”. Tarde que temprano, el estado de Panama
recibirá una condena por denegar el Derecho a la Consulta Previa que
posee el pueblo Ngäbe Bugle; y el Sr Kafie será condenado por el saqueo
al IHSS de Honduras y los cientos de muertos colaterales causados por el
vergonzoso latrocinio.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH.
