Comparecemos ante la opinión pública y la comunidad nacional e
internacional para expresar nuestra preocupación e indignación por el
reciente fallo condenatorio pronunciado por la Sala Cuarta del Tribunal
de Sentencia de Tegucigalpa, en contra de los estudiantes universitarios
Moisés David Cáceres Velásquez, Sergio Luís Ulloa Rivera y Cesario
Alejandro Félix Padilla.
Los hechos por los cuales se emitió este
fallo de culpabilidad demuestran el afán de las autoridades
universitarias, encabezadas por la Rectora Julieta Castellanos, de
criminalizar la protesta social y de impedir o limitar el desarrollo de
la organización estudiantil en la UNAH. Persiguiendo con estas acciones
cercenar la libertad de expresión, de reunión y de movilización de las y
los estudiantes.
Al producirse esta sentencia condenatoria en
contra de los tres estudiantes, es claro que la Rectora incumple el
acuerdo del 20 de julio de 2016, mediante el cual la UNAH asumía el
compromiso de conciliar o desestimar las acciones penales en contra de
las y los estudiantes criminalizados. Evidenciando con este proceder la
actitud confrontativa de las autoridades universitarias y el clima de
restricción de derechos y libertades que se vive en la máxima casa de
estudios superiores.
En este contexto, nos sorprende que las
autoridades de la UNAH hayan divulgado el día de ayer en horas de la
tarde un comunicado en el cual, con argumentos de supuesto cumplimiento
de la legalidad pretenden justificar el marcado interés que han
demostrado en la persecución penal de los tres estudiantes enjuiciados y
condenados; y en el cual expresan graves e infundados señalamientos a
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH) en Honduras.
Reconocemos el meritorio papel
que la OACNUDH desempeñó en la crisis institucional del 2016, y
condenamos que las autoridades universitarias cuestionen la comprensión
de los hechos y la utilización del concepto de protesta social de
conformidad a los estándares internacionales en materia de derechos
humanos, que utiliza la Oficina del Alto Comisionado, llegando al
extremo de expresar que este proceder de la OACNUDH “puede conducir a
hacer apología a la violencia…”; demostrando con este discurso un
tratamiento agresivo e irrespetuoso de las relaciones con los
organismos internacionales, y el sesgo antidemocrático que les
caracteriza cuando se cuestionan sus actuaciones.
Hemos sido
observadores del abuso y autoritarismo y de las violaciones a la
autonomía universitaria y a los derechos humanos ejecutados por las
autoridades de la máxima casa de estudios, ante esto advertimos que sus
acciones pueden derivar en procesos legales en su contra, los cuales
interpondremos oportunamente ante instancias nacionales e
internacionales.
Nos mantenemos vigilantes ante la
criminalización que también están sufriendo los veinte estudiantes
universitarios(as), acusados por el supuesto delito de daños y estamos
convencidos que este y los otros procesos penales y disciplinarios en
contra de estudiantes, lo que evidencian es la incapacidad de las
autoridades de la UNAH para solucionar los conflictos a través de un
diálogo permanente y democrático con todas las y los actores
involucrados.
Denunciamos que la seguridad privada contratada por
las autoridades universitarias y pagada con fondos públicos, es uno de
los instrumentos utilizados para generar vigilancia, intimidación,
tortura psicológica, y en general un clima de hostilidad y violencia en
contra de la comunidad estudiantil.
Reiteramos nuestro
reconocimiento y apoyo a la labor que desempeña la Oficina del Alto
Comisionado en la promoción y protección de los derechos humanos en nuestro país.
